Un informe firmado por las responsables de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Tuineje denuncia la existencia de “prácticas irregulares” en la gestión económica municipal y sitúa el periodo medio de pago a proveedores en 87,49 días, muy por encima del límite legal de 30 días.

El citado informe señala expresamente la persistencia de “prácticas irregulares” como la “omisión sistemática de la fiscalización previa”, el “fraccionamiento indebido de contratos” o la “ejecución de gastos sin expediente, sin crédito y sin retención presupuestaria”, además de la “utilización ordinaria de reconocimientos extrajudiciales de crédito como mecanismo habitual de gestión”.

Las funcionarias destacan que el periodo medio de pago trimestral “no se cumple” en el último análisis efectuado, relativo al último trimestre de 2025, al situarse en 87,49 días, pese a que se trata de una reducción respecto a los 117,77 días del trimestre anterior. No obstante, advierte de que esta mejora “no permite considerar corregida la situación de incumplimiento”.

Alertan de la “omisión sistemática de la fiscalización previa” o la “utilización ordinaria de reconocimientos extrajudiciales de crédito como mecanismo habitual de gestión”

Así, subrayan que la reducción del periodo de pago “no responde a la adopción de medidas estructurales, organizativas o procedimentales”, sino a “circunstancias puntuales de ejecución y regularización de determinados expedientes”, y concluyen que el incumplimiento “continúa siendo estructural y sostenido”.

El informe subraya que “no consta la adopción de ninguna medida organizativa, procedimental o de planificación de la contratación orientada a reducir las causas estructurales del retraso en los pagos”, lo que mantiene, según el texto, las disfunciones detectadas a lo largo de 2025.

“Empeoramiento” del “contexto institucional”

En este contexto, Intervención y Tesorería advierten además de un “empeoramiento cualitativo del contexto institucional”, caracterizado por la “intensificación de ataques públicos y mediáticos” dirigidos contra el órgano de control del Ayuntamiento de Tuineje y por la “reiteración de conductas de hostigamiento e increpación”.

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 87,49 días, muy por encima del límite legal de 30 días

El informe describe el ambiente dentro del Consistorio, con “descalificaciones” que sufre el personal del Ayuntamiento, al trasladarse a los trabajadores públicos “la responsabilidad de los incumplimientos derivados de decisiones políticas adoptadas al margen del procedimiento legal”.

También se denuncia “la reiteración de conductas de hostigamiento e increpación”, en contra “del protocolo de acoso laboral activado y vigente, sin que conste actuación correctora alguna por parte de los órganos competentes”.

“Amplificación” por parte del Cabildo

El documento añade que estas actuaciones han contado con la “participación y amplificación de la Consejería de Hacienda del Cabildo Insular de Fuerteventura”, en un contexto que considera “incompatible con el deber de asistencia técnica a los municipios”.

Asimismo, señala que este “clima de presión institucional y descrédito público” agrava “las disfunciones organizativas” y “dificulta gravemente la tramitación regular de los expedientes”, afectando al cumplimiento de los plazos legales de pago.

En riesgo las finanzas del Ayuntamiento

La “inacción deliberada frente a las causas estructurales del incumplimiento” compromete “gravemente la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento”

La Intervención advierte de que el mantenimiento de un periodo medio de pago de 87,49 días, junto a la “inacción deliberada frente a las causas estructurales del incumplimiento”, “compromete gravemente la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, su imagen institucional y la correcta ejecución del presupuesto”.

Por ello, el informe reitera “por cuarta vez consecutiva en el ejercicio 2025” la necesidad de adoptar medidas correctoras, entre ellas la planificación de la contratación, la tramitación regular de los expedientes con fiscalización previa y la eliminación progresiva de los reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Morosidad del Ayuntamiento

En el balance del periodo medio de pago global a proveedores, que la ley establece que debe efectuarse en un plazo de 30 días, se destaca un importe de operaciones pagadas de 1,9 millones de euros y un volumen de operaciones pendientes de pago de más de 3,7 millones de euros.

En la parte del documento relativa a la morosidad, se detalla que durante el cuarto trimestre de 2025 se abonaron 99 facturas por un importe total de 1,75 millones de euros, mientras que al cierre del periodo permanecían pendientes 68 facturas por valor de 269.031euros.

El informe, remitido al Ministerio de Hacienda y al pleno municipal, concluye que se emite “a los solos efectos de advertencia formal y delimitación de responsabilidades”, señalando que las consecuencias derivadas del incumplimiento no pueden imputarse a la Intervención, que afirma haber actuado “en todo momento conforme a la legalidad vigente y en el ejercicio independiente de sus funciones”.