El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura llevará a cabo una moción para abordar la “creciente problemática” de la ocupación ilegal de viviendas en Canarias, un fenómeno que ha crecido de forma alarmante durante los últimos años, “especialmente desde que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno”, señalan desde el PP. En palabras de Claudio Gutiérrez, portavoz del Grupo Popular, "la ocupación de viviendas es un problema que no deja de crecer en todo el país, afectando también de manera directa e indirecta a miles de canarios".

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, entre 2018 y 2024, más de 4.000 viviendas han sido ocupadas en Canarias, un incremento del 76 por ciento en comparación con los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy, señalan desde el PP. En lo que va de 2024, el número de ocupaciones se ha elevado a 663 casos, lo que implica que, en promedio, cada mes se ocupan 55 viviendas en las Islas.

El Grupo Popular, ante esta “alarmante situación”, ha presentado varias propuestas para enfrentar este problema. En primer lugar, han instado al Gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda, que según el PP, fomenta la ocupación ilegal y pone en peligro la convivencia vecinal. Además, el Grupo Popular solicita al Congreso de los Diputados que desbloquee la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, conocida como la "Ley Antiocupación", que permitiría un desalojo en un plazo de 24 horas.

"Es urgente que el Gobierno de Sánchez y sus aliados en el Congreso tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger la propiedad privada", afirmó Gutiérrez. "El marco legal actual deja a los propietarios en una situación de indefensión absoluta, ya que los desalojos tardan una media de 23,5 meses en Canarias", añadió.

Además, el Grupo Popular ha solicitado la creación de juzgados especializados en ocupación e inquiocupación para acelerar los procesos de desalojo y garantizar una respuesta más rápida a este creciente problema.

La moción también hace un llamado a las administraciones públicas para que no se confunda la necesidad de vivienda con la lucha contra las actividades delictivas, promoviendo soluciones que protejan tanto a las personas vulnerables como a los propietarios.