La Audiencia Provincial juzga el próximo martes el denominado caso Atino, cuya investigación confirmó la existencia de 141 expedientes de alteración de propiedades en el Catastro, en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. El modus operandi consistía en que miembros de la trama buscaban fincas “para realizar cambios ilícitos en sus inscripciones de titularidad catastral”.

Así, “lograron emolumentos económicos que todos ellos, de común acuerdo, fueron introduciendo en el mercado, mediante la realización de compras de vehículos, objetos de lujo o bienes inmuebles, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido de forma ilícita”.

En el banquillo de los acusados se sentarán el empresario Santiago Ramón M.M., administrador de la empresa Lancalan; José María C.F., responsable de la gestoría Carbonell & Fernández, especializada en gestión catastral; y Jesús O.M., funcionario del Catastro.

Los cambios ilegales de titularidad de propiedades en el Catastro se efectuaron, según el escrito de acusación de Fiscalía, entre enero de 2011 y febrero de 2016. La operación trascendió en febrero de 2017, cuando se llevaron a cabo registros domiciliarios. Para entonces ya había fallecido una de las personas señaladas por el Ministerio Fiscal: Gustavo Adolfo G.G.R.

También falleció, durante la instrucción del caso, otro de los implicados en la trama, según la Fiscalía: Roque M.R., conocido como ‘Roquito’, que se hizo popular en Fuerteventura por supuestas ventas fraudulentas de propiedades inmobiliarias.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el funcionario que trabajaba en la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas “realizó alteraciones en la titularidad catastral” de inmuebles “mediante la aceptación de documentos”, entre otros de compraventa, “a sabiendas” de la falsedad de su contenido.

El funcionario “no dejaba registro de la fecha de entrada, no daba audiencia a las personas afectadas ni notificaba la resolución de cambio de titularidad y realizaba las tramitaciones en tiempo exprés”, contraviniendo la legalidad.

De esta manera, arrebatan la titularidad de las fincas a sus legítimos titulares registrales, “poniéndolas a nombre de terceras personas, a sabiendas de que de esta forma el Catastro ofrecía una información de titularidad catastral mendaz”.

El acusado que trabajaba en el Catastro intervino, según el escrito de acusación, en 141 expedientes en los que realizó alteración de la titularidad catastral. De ellos, en 137 no dio audiencia a los interesados, en 139 tampoco notificó al titular verdadero, evitando que pudiera recurrir la resolución, y en ninguno notificó a los propietarios de parcelas colindantes.

La celeridad con la que actuaba la trama también era relevante: 85 expedientes se resolvieron en el mismo día y 131 en un plazo inferior a nueve días, sin tiempo posible para unas hipotéticas alegaciones.

El responsable de la gestoría Carbonell & Fernández estaba vinculado, según la investigación, con ‘Roquito’. “Utilizaba la información a la que tenía acceso como consecuencia del trabajo de administración que realizaba de dicha gestoría para que pudiera dar forma a la información mendaz que se proporcionaba en los documentos presentados” por el empresario majorero.

Penas de prisión

El asesor José María C.F. se enfrenta a una petición de nueve años y 11 meses de cárcel, por un delito de falsedad en documento público en concurso con prevaricación, además de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía solicita penas de hasta 17 años de prisión por falsedad en documento público, blanqueo o grupo criminal, aunque se prevé una conformidad

Por su parte, el funcionario del Catastro, está acusado de falsificación en documento público en concurso con un delito de prevaricación, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. La petición de pena, en conjunto, suma 13 años de prisión.

El empresario Santiago Ramón M.M. es el que peor parado resulta: 17 años de prisión solicita el Ministerio Fiscal. A los delitos que se imputan a los otros acusados, se suma un delito de estafa.

En Fuerteventura

El detallado escrito acusación de Fiscalía menciona a lo largo de 20 páginas una gran cantidad de operaciones fraudulentas de cambio de titularidad. El Ministerio Fiscal desgrana las operaciones irregulares del fallecido ‘Roquito’,  en las que se llegó a ver involucrada la Diócesis de Canarias. Uno de los expedientes investigados suponía el cambio de titularidad de una finca en Puerto del Rosario, que pasaba a manos de la empresa Gavias Nuevas Sol, vinculada al empresario. Sin embargo, la operación se frustró “al presentar el legítimo titular oposición cuando tuvo conocimiento de esta acción”.

Algo similar sucedió con otro afectado, que nunca había vendido su finca. Cuando intentaron realizar un cambio en la inscripción en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario a nombre de ‘Roquito’, se personó en el procedimiento para oponerse al mismo. El investigado fallecido “actuaba en nombre de un supuesto comprador” y presentó escrituras con datos falsos.

El caso estalló en 2017 y la investigación confirmó 141 expedientes de alteración de titulares en el Catastro con documentación de compraventas falsas

Un elemento habitual del modo de operar, según destaca la Fiscalía, era la utilización de firmas de “personas del entorno” de los investigados, que son descritas como “personas de paja”, quienes “no estaban al corriente” del fondo de las “acciones” y que eran manejadas “para dar una apariencia de veracidad a contratos de compraventa que nunca se hicieron y en los que aparecen como vendedores personas que no eran propietarias de dichos bienes inmuebles”.

El investigado que sí se sentará en el banquillo de los acusados es Santiago Ramón M.M., vinculado a la mercantil Lancalan. En su caso, utilizaba a quien era su pareja sentimental en los contratos de compraventa. Se valía de su experiencia profesional en el ámbito inmobiliario y le decía “que había encontrado fincas que eran propiedad de su padre”.

A esta acusado se le responsabiliza de numerosas operaciones fraudulentas en los municipios de Puerto del Rosario o La Oliva. En una de ellas vendió una finca por un valor de 19.000 euros a un hombre, a cambio de un coche (primero un BMW, aunque luego se saldó con un Toyota Corolla) y dos pagos de 5.500 euros. Resultó que la finca, en la zona conocida como El Viso, tenía otros dueños.

Coches y joyas

Entre los afectados de la trama se encuentran la empresa de bodegas El Grifo o la Diócesis de Canarias

En la instrucción se acordó, como medida cautelar, la suspensión cautelar de la actividad de las empresas de los investigados y se interceptaron propiedades, coches y joyas. En la petición de Fiscalía “se interesa que se acuerde el decomiso de todos los objetos intervenidos en la instrucción de este procedimiento”.

Destacan un Porsche Cayenne de la empresa de Santiago Ramón M.M., además de dos camiones y otros vehículos. El parque móvil de ‘Roquito’ era numeroso e incluía dos automóviles de la marca Rolls Royce. Además de cinco “relojes de lujo”, anillos de oro y más joyas, “adquiridas con el dinero ilícitamente obtenido”.