Sin el sostén extraordinario de las instituciones públicas de la Isla, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) sería totalmente inviable. De los 27,5 millones de presupuesto planificado para el año 2025, menos del 53 por ciento procede de las tasas y precios públicos que pagan los abonados. Y de esos 14,5 millones de euros, en realidad por el consumo de agua la facturación prevista es de 13,4 millones. En el millón de euros de diferencia hay desde pagos por enganche a recargos e intereses de demora, entre otros conceptos. Con todo, en las cuentas para el próximo ejercicio se refleja un millón de euros más por desembolso de los abonados.

En el presupuesto presentado por el consejero delegado, Adargoma Hernández, se estima “una mayor producción” de agua, así como una demanda superior y la mejora en el registro del agua suministrada. Aunque no especifica cifras, sí que se apunta a que se han puesto en marcha “medidas de localización” de agua no controlada, es decir, que se desala pero que no se factura a los abonados. El pasado abril, el consejero reconocía a Diario de Fuerteventura que “la mitad del agua” que se produce en la Isla “no se factura”. En la hoja de ruta para el próximo año también se asegura que se llevará a cabo la renovación del “parque de contadores” del CAAF.

Cabildo y ayuntamientos tendrán que inyectar 11,5 millones de euros para compensar el déficit en el organismo público

Aunque la declaración de emergencia hídrica de la Isla aprobada en 2023 se ha prorrogado, en principio, hasta septiembre de 2025, porque no se ha concluido “la totalidad de las inversiones iniciadas para garantizar el abastecimiento a la población”, dentro del Consorcio ha disminuido “notablemente” la previsión de compra de agua a otras entidades.

Según el avance de la liquidación del presente año, la previsión de compra de líquido a otras empresas que desalan agua, especialmente en la comarca sur, ascendía a 1,5 millones de euros, pero al final se han comprometido más de 2,1 millones. Para el próximo ejercicio, se reserva una partida significativamente inferior, de 500.000 euros.

Este año se ha tenido que comprar agua a otras entidades por 2,1 millones, más de lo contemplado inicialmente

También han vuelto a optar en el Consorcio por una tarifa eléctrica más ventajosa, como compensación por la posibilidad de interrumpir el suministro. Esa opción se descartó este año, “debido a la acuciante necesidad de producción de agua”.

Es precisamente en los gastos corrientes donde más adelgaza el presupuesto del CAAF para 2025, con una disminución de 6,8 millones de euros. No obstante, el gasto eléctrico supone 12,7 millones de euros (algo más de 10 para las plantas y el resto para el bombeo de agua). Es decir, con lo que se factura por venta de agua a los abonados a duras penas se llega a cubrir el gasto eléctrico.

11 millones públicos

Las cuentas para 2025 establecen las aportaciones de los integrantes del Consorcio, que si el ciclo integral del agua en Fuerteventura fuera económicamente sostenible no tendrían que desembolsar. Al Cabildo, que controla el 60 por ciento del CAAF, le tocan 6,7 millones de euros. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario paga casi 1,5 millones, el Consistorio de La Oliva 1,1 millones, Tuineje 785.000 euros, Pájara 560.000, Antigua 448.000 y Betancuria 112.000 euros.

El ente público renovará el próximo año contadores por el agua no registrada y reducirá las compras a empresas

La ordenanza que fija el precio del servicio de abastecimiento de agua potable no se toca desde hace más de 14 años. En concreto, las actuales tarifas entraron en vigor en julio de 2010. Desde entonces, el índice de precios al consumo ha aumentado un 32,2 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística. Dicho de otro modo: el equivalente de los 100 euros de entonces son ahora 132 euros. Pese a ello, no está previsto que se actualice por ahora el precio por el abastecimiento de agua en Fuerteventura.

Por otro lado, este próximo año el CAAF contempla endeudarse mediante un crédito de 1,4 millones de euros, a formalizar con una entidad bancaria. En 2020 se liberó de deudas, pero en 2025 pedirá prestado a largo plazo para inversiones: 450.000 euros para la reforma integral de sus instalaciones, 300.000 para un nuevo sistema de facturación y atención al abonado o 200.000 para una intervención en el emisario de la planta depuradora de Puerto del Rosario.