La empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), propiedad del Ayuntamiento sureño, ha terminado en concurso de acreedores. Las deudas que arrastra con sus principales acreedores, la empresa Dehesa de Jandía, del grupo Lopesan, y Caixabank, al menos triplican el valor de tasación de sus propiedades.

Una sentencia, adelantada por Diario de Fuerteventura, que condenó a la empresa municipal de Pájara a devolver en buen estado 67 viviendas del Edificio Centenario de Morro Jable, que asumió en 2008, y a pagar por la deuda del canon a Lopesan, ha sido la puntilla para una mercantil que nació en 1996 con el objetivo fundamental de promover vivienda pública.

El concurso de acreedores está en manos del Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas, que en un auto ha acordado “la intervención de las facultades de administración y disposición” de la empresa del Ayuntamiento de Pájara “respecto de su patrimonio”. Además, ha designado como administrador concursal a Eugenio Vidal, que ya había venido ejerciendo como liquidador de la sociedad. También abrió un plazo de un mes para que todos los acreedores de la empresa comunicaran de forma oficial al Juzgado lo que Gesturpa les adeudaba.

La empresa municipal de Pájara ha sido un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento desde hace años. En el último ejercicio, sus cuentas arrojaron un resultado negativo de casi dos millones de euros. El desencadenante fue la provisión de fondos que tuvo que asumir tras la condena a la empresa a pagar más de 3,3 millones de euros, con intereses, al grupo Lopesan, por el impago del canon por la gestión del Edificio Centenario en Morro Jable.

El origen de ese agujero económico se remonta a agosto de 2008. En ese momento, la empresa pública firma un convenio con el grupo Lopesan, propietaria del complejo residencial compuesto por 67 viviendas. El objetivo era que se alquilaran a personas con dificultades económicas. Gesturpa se ocupaba de seleccionar a los inquilinos, celebrar los contratos de arrendamiento y cobrar las rentas. En compensación, le tenía que abonar un canon a la empresa de Lopesan.

En principio, aquel convenio se firmó por cinco años, hasta agosto de 2013. En sus cuentas, Gesturpa asegura que “dejó de gestionar los correspondientes arrendamientos a terceros”. Pero el Juzgado ha apreciado pruebas de que, en la práctica, la vinculación contractual se había prolongado en el tiempo. Por ello, según la sentencia, si Gesturpa “siguió ejerciendo su labor de arrendadora” con los inquilinos, “beneficiándose del pago de las rentas, también debería haber seguido cumpliendo con la propietaria, abonando el pago del canon y cumpliendo su obligación de mantener las viviendas en perfecto estado de conservación”.

Al grupo cuya cabeza visible es Eustasio López, considerado el empresario más rico de Canarias, la empresa Gesturpa le entregó, como dación en pago 766.794 euros y el “resto no edificado” de cuatro parcelas en la ampliación de Morro Jable, entre las calles Cervantes, Lope de Vega, Pío Baroja y Pérez Galdós, en el Barranco del Ciervo. No obstante, la sociedad pública tuvo que provisionar en sus cuentas otros 2,6 millones de euros por la deuda con Lopesan.

El liquidador de Gesturpa asegura que se intentó alcanzar un acuerdo con el grupo Lopesan, que quiere “un acuerdo a tres partes, incluyendo al Ayuntamiento”. Sin embargo, las posturas no se han “acercado lo suficiente”, más allá de la citada dación en pago. El actual gestor de la empresa pública reconoce que “esperar a la resolución del conflicto” con Lopesan “por la vía judicial”, sin cerrar un acuerdo antes de que se resuelva en firme el pleito, “podría lastrar el pasivo de Gesturpa”. Si la empresa pública resultara condenada en firme la deuda se podría disparar por el cálculo de los intereses, según las fuentes consultadas.

A la empresa le quedan 113 plazas de garaje, cuatro locales y una vivienda

Por su parte, a Caixabank se le deben unos 702.000 euros. El auditor de la empresa pública avisa de “discrepancias significativas con los registros contables” respecto a esta deuda. “La citada entidad no nos ha facilitado información sobre dichas operaciones, por lo que no hemos podido analizar su naturaleza ni las condiciones inherentes a la misma”, añade.

El nuevo administrador concursal ya intentó en 2021, como liquidador de Gesturpa, “llegar a un acuerdo” con el banco “sobre una dación en pago de los inmuebles que garantizaban la deuda hipotecaria, pero la entidad de crédito propuso establecer un acuerdo temporal de comercialización a través de una inmobiliaria. Sin embargo, la fórmula no funcionó, porque el gestor inmobiliario no hizo “gestión comercial alguna”.

En el último balance de Gesturpa aparecen otros 73.500 euros que se adeudan a varios acreedores. En cualquier caso, con el concurso abierto en el Juzgado pueden aflorar más deudas.

¿Qué le queda?

A la empresa pública le quedan, como productos terminados, 98 plazas de garaje en los edificios Gomera, La Palma, Lanzarote y Gran Canaria, en el sector dos de la ampliación de Morro Jable, entre las calles Cervantes, Lope de Vega, Pío Baroja y Pérez Galdós, en el Barranco del Ciervo, que son de protección oficial. Estos garajes, que están hipotecados a favor de Caixabank, están valorados en 697.784 euros, según una tasación de marzo de 2021. El otro inmueble con hipoteca es un local de 87 metros cuadrados en la planta baja del edificio Gomera, que a su vez tiene dos plazas de garaje vinculadas, valorado todo en 102.607 euros.

El valor teórico de sus propiedades es de 1,3 millones, pero adeuda el triple

Sin hipotecas, a Gesturpa le queda un local de 562 metros cuadrados en el edificio Gomera, un salón de actos de 265 metros cuadrados en el edificio Lanzarote y otro local de 35 metros cuadrados en el edificio Gran Canaria. Tienen una valoración de 338.510 euros. Además, cuenta con una vivienda en Morro Jable –con régimen de protección oficial hasta 2022- de 70 metros cuadrados y plaza de garaje, valorada en 91.750 euros. Y, por último, 12 plazas de garaje en la Plaza de Nuestra Señora de la Regla de Pájara, valoradas en 72.894 euros.

En total, el valor teórico de las propiedades que le quedan a Gesturpa asciende a 1,3 millones de euros. Es decir, su dación en pago o su venta en ningún caso daría para saldar unas deudas, que solo con Lopesan y Caixabank triplican esa cantidad. De ahí el interés del grupo turístico de hacer partícipe al Ayuntamiento de Pájara en la operación.

Cabe destacar, sobre la valoración de las propiedades de la empresa pública, que no siempre la tasación concuerda con el precio real de una hipotética venta. Así, una de las últimas transacciones de Gesturpa fue la venta de un almacén en La Lajita por 37.100 euros que estaba contabilizado en 66.491 euros, prácticamente el doble.

Edificio Centenario de Morro Jable. 

Liquidación inevitable

Será ahora el Juzgado de lo Mercantil el que, de forma previsible, ordene una liquidación de la empresa pública que se ha venido resistiendo. La junta general de la sociedad tomó el acuerdo en julio de 2016. El gestor de la empresa reconoce que, pese a haber discutido “diversas propuestas” durante un par de años, específicamente con Lopesan, la liquidación de la sociedad se encontraba “en punto muerto”.

El liquidador de Gesturpa intentó sin éxito acuerdos con Lopesan y Caixabank

De hecho, la decisión de irse a un concurso de acreedores ya se pretendía materializar en 2022, pero se demoró por las negociaciones con el grupo Lopesan y por el intento de cerrar una dación en pago con Caixabank, que no tuvo éxito porque el banco “no tenía definidos claramente interlocutores válidos que mostrasen un interés real en alcanzar cualquier acuerdo”.

Por último, concluye el liquidador, en septiembre de 2022 se produjo “una importante reforma de la legislación concursal que hacía conveniente esperar a presentar la solicitud, además de que estrictamente Gesturpa no se encontraba en situación de insolvencia, especialmente si se cerraban los posibles acuerdos con Dehesa de Jandía y con el banco”. No ha sido así y ahora el ‘desguace’ de la empresa lo decidirá el Juzgado.