Con el Gobierno de Canarias en funciones, después de las elecciones autonómicas y locales del pasado 28 de mayo, en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial que dirigía el ahora senador José Antonio Valbuena (PSOE), se pisó a fondo el acelerador para dejar amarrados una serie de proyectos energéticos, imponiendo su declaración de interés general.

El Cabildo de Fuerteventura, gobernado ahora por CC y PSOE, considera que el Ejecutivo autonómico incurrió en un claro “fraude de ley” y ha interpuesto ya tres requerimientos previos, la antesala de acudir a la Justicia, contra un total de cinco plantas fotovoltaicas y la ampliación de tres subestaciones eléctricas.

Sin duda, existe una guerra abierta entre el Cabildo y el Gobierno pero, ¿con cuál Gobierno? Habrá que ver ahora la reacción del actual Ejecutivo, presidido por Fernando Clavijo y en manos de CC y PP. Pese al denominador común de la fuerza nacionalista en ambas instituciones, en el Cabildo tienen dudas de que su posición prevalezca. Estas son las principales claves:

Batería de imposiciones. El 5 de junio, el Cabildo recibe la orden que declaraba el interés general del proyecto de planta fotovoltaica denominada Llanos del Dinero II, de dos megavatios, en el municipio de Antigua. Tres días después llega otra orden del entonces consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para lo mismo: declarar de interés general la planta de energía solar El Charco II, en el municipio de Tuineje, también de dos megavatios. El 15 de junio, entra en el Cabildo majorero otra declaración de interés general, la de la planta fotovoltaica El Charco IV, en Tuineje, de un megavatio. Estos proyectos están vinculados con una sociedad del Grupo Satocan.

También el 15 de junio, el consejero de Transición Ecológica notifica al Cabildo majorero la declaración de interés general de la instalación Blanca Solar, de 3,75 megavatios de potencia, promovida por una empresa de la que forma parte Iberdrola. Se emplazaría más allá de la Circunvalación de Puerto del Rosario, en dirección a Los Estancos. Cinco días después, el entonces consejero Valbuena remite la orden para un gran parque solar fotovoltaico, de 11,5 megavatios, en la capital majorera, bautizado como Las Cabras. Detrás del proyecto se encuentra el grupo empresarial Enhol, procedente de Navarra y especializado en energía renovable. Esta tiene un emplazamiento más llamativo: justo pegado al barrio de Majada Marcial.

Tras el 28-M, el Gobierno impuso plantas en Tuineje, Antigua y la capital

Ya en julio, a pocos días de que tomara posesión el nuevo presidente Fernando Clavijo y su gabinete, el consejero de Transición Ecológica en funciones siguió firmando declaraciones de interés general. El 5 de julio firmó tres relacionadas con la Maxorata: la ampliación de tres subestaciones eléctricas: la de Corralejo, la de Gran Tarajal y la de Jares, que pasa a ser de 132 kilovoltios. Red Eléctrica de España, que es el operador en régimen de monopolio del transporte de energía, ha venido desarrollando el proyecto de duplicación de la capacidad de la línea entre Matas Blancas (Pájara) y Mácher (Tías).

En Lanzarote todavía no ha empezado y se ha confirmado la negociación con Red Eléctrica para el soterramiento del tendido aéreo en la zona de Femés, pero en Fuerteventura, las victorias judiciales del Cabildo, que logró la suspensión de obras en tramos de alto impacto ambiental, quedaron difuminadas por la imposición del Gobierno de Canarias para que saliera adelante el proyecto.

José Antonio Valbuena (dcha.), cuando era consejero de Transición Ecológica.  

Ni excepcional, ni urgente. En los requerimientos del Cabildo majorero al Gobierno de Canarias, a los que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se destaca que en todas las declaraciones de interés general citadas, el Ejecutivo regional utilizó una vía excepcional que contempla la Ley que regula el sector eléctrico canario. Se trata del polémico Artículo 6 bis, que permite al Gobierno autonómico pasar por encima del planeamiento insular o municipal, y del propio criterio del Cabildo.

La Corporación insular acordó este pasado mes de agosto, en Consejo de Gobierno, exigir a la comunidad autónoma la “suspensión” de esta fórmula para aprobar proyectos en la Isla, hasta que “se culmine con la planificación energética en tramitación”. La institución insular ha licitado por 270.000 euros la elaboración del Plan Territorial de Infraestructuras Energéticas y hasta finales de octubre se pueden presentar equipos técnicos para pugnar por su redacción.

En los requerimientos se insiste en que el Gobierno tendría que llevar a cabo “una motivación individualizada, caso a caso” y “proyecto a proyecto” cuando aplica esa vía excepcional para imponer parques eólicos, plantas fotovoltaicas o ampliaciones de la red eléctrica. “Deben acreditarse de forma indubitada los requisitos legales de la urgencia o la excepcionalidad de su interés”, subraya el Cabildo, que censura que el Ejecutivo regional haya utilizado, de forma notoria en la pasada legislatura, una herramienta extraordinaria recogida en la Ley como si fuese la habitual.

En ese sentido, desde la Corporación presidida por Lola García se subraya que, para proyectos como los apuntados parques fotovoltaicos, que no están previstos en el planeamiento, la Ley del Suelo de Canarias apunta a una tramitación específica. Así, con previsiones “absolutamente posibilistas” pero también “garantistas”, acorde con el suelo rústico que se pretende ocupar, poniendo en una balanza “los intereses económicos y el sacrificio territorial y medioambiental”.

Una de las autorizadas, de 11 megavatios, está pegada a Majada Marcial

En cambio, desde el Cabildo se carga contra el Gobierno, por llevar a cabo una “aplicación genérica y estereotipada” en la utilización de la declaración de interés general, no solo en los últimos expedientes, “sino en la totalidad de los resueltos en los últimos años, que se han implantado o pretenden implantarse en la isla de Fuerteventura”. “Se ha pretendido la aplicación de un procedimiento excepcional transformándolo, mediante un clamoroso fraude de ley, en único, habitual y genérico”, desplazando la vía ordinaria y, “con ello, usurpando las competencias” del Cabildo y de los ayuntamientos de la Isla, añade la institución majorera.

De forma nada sutil, en los requerimientos se critica al Gobierno -formado en la pasada legislatura por PSOE, NC, Podemos y ASG- que frente al planeamiento territorial y urbanístico de Fuerteventura, en caso de “discrepancia”, haya decidido que tienen más importancia las “previsiones” de cada proyecto energético privado.

En el caso de las ampliaciones de las subestaciones de Corralejo, Gran Tarajal y Jares, además, se da la circunstancia de que ni siquiera Red Eléctrica solicitó la aplicación del procedimiento excepcional para sacar adelante los proyectos. A eso se suma que forman parte del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica entre 2021 y 2026, pero no fue hasta los meses de marzo a mayo de 2023 cuando el promotor presentó sus solicitudes de autorización. Es decir, ni Red Eléctrica actuó con urgencia desde que podía hacerlo ni le solicitó al Gobierno de Canarias el procedimiento excepcional. Por ello, para el Cabildo, la “iniciativa” del entonces consejero Valbuena fue “errónea y arbitraria, por infundada”.

Las órdenes de Valbuena de las plantas fotovoltaicas (“que consideramos dictadas en fraude de ley”, insiste el Cabildo) se otorgaron en todos los casos más de dos años después de la solicitud, en algunos proyectos casi tres años desde que se pidiese la autorización administrativa y declaración de utilidad pública. “Ha empleado más de dos años en su tramitación, luego mal puede justificar la Consejería urgencia alguna”, se destaca en los requerimientos.

“A modo de contraste”, el Gobierno “ha pretendido el otorgamiento de solo 15 días para la consulta al Cabildo y ayuntamientos” sobre la adecuación de los proyectos al planeamiento, lo que ya de por sí sería ilegal, puesto que la normativa establece un periodo de un mes para este trámite.

Plantas fotovoltaicas en Puerto del Rosario, alguna de ellas autorizada con el Gobierno en funciones, como la aledaña al barrio de Majada Marcial.

“Interés económico del particular”. Como telón de fondo de las apresuradas declaraciones de interés general ordenadas por el Gobierno de Canarias, especialmente para parques fotovoltaicos, se encuentra que las empresas “puedan participar con éxito” en los concursos que convoca el Estado para adjudicar una “retribución específica” por la energía que se vaya a generar o para conceder ayudas a la inversión.

“Dicho de otro modo”, denuncia el Cabildo de Fuerteventura, “se trata de un interés económico del particular, que en modo alguno puede imponerse al interés general” que representan las competencias de la institución insular. Ese “atajo” en “beneficio” del promotor no se justifica “por la pérdida de una supuesta subvención” o la asignación de una tarifa por la venta de energía, insiste la Corporación insular.

El Cabildo denuncia que se prima beneficiar el “interés” de las empresas

En sus expedientes, tal y como incide el Cabildo majorero, el Gobierno autonómico incurre en el “corta y pega” y en afirmaciones categóricas que luego no justifica. Una de ellas es que el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN) establece un objetivo de 77,9 megavatios de potencia fotovoltaica en el año 2030. “Sin embargo, debido a una serie de barreras de diversa índole, actualmente hay instalados en la isla de Fuerteventura 19,3 megavatios, por lo que se encuentra en estos momentos muy rezagada del objetivo trazado”, argumenta el Ejecutivo regional en sus declaraciones de interés general.

El Cabildo desmenuza esta excusa: es decir, la propia Consejería de Transición Ecológica justifica “el incumplimiento de los objetivos” en una “serie de barreras”, pero “no es capaz de concretar cuáles” son, “ni qué Administración ha sido responsable” y “mucho menos” qué acciones ha llevado a cabo “dentro de la legalidad” el Gobierno autonómico en consecuencia. Así, el Ejecutivo “parece dar a entender” que la responsabilidad recae en otras instituciones o en sus “normas de planeamiento”.

“Sin embargo”, advierte el Cabildo, el Ejecutivo regional “omite que el gestor del sistema de transporte eléctrico, esto es, Red Eléctrica de España, mantiene desde hace unos dos años indisponible el acceso a la red de transporte en Fuerteventura a cualquier promotor de generación eléctrica renovable o no, al tiempo que mantiene la reserva ad eternum de 173 megavatios para la evacuación de la contaminante y obsoleta” central térmica ubicada en Puerto del Rosario, alimentada a base de fuel y diésel.

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Foto: Carlos de Saá. 

Por otro lado, desde el Cabildo también se alerta del “ejercicio de fe ciega” que hay que hacer con los datos de los proyectos, porque no hay “indicios” en los que se apoyen a lo largo de los expedientes. Por ejemplo, la planta Llanos del Dinero II supondría “sólo un modesto porcentaje de ahorro del 0,025 por ciento” de los gases de efecto invernadero de las centrales térmicas de Canarias.

Sobre la planta El Charco II se dice que supondrá un ahorro de 10,8 millones de euros en el coste extra que supone la generación eléctrica en Canarias, pero “no concreta en qué intervalo temporal” ni qué parte de la inversión “corresponde a la ayuda pública solicitada”. Pese a que la Corporación insular reitera lo “positivo” de aportaciones de renovables al sistema energético, “la modestia de su cuantía relativa no puede justificar” la imposición de los proyectos por el Gobierno.

Por ello, concluye, en todos los casos se debería haber seguido “el procedimiento ordinario, legalmente previsto, respetando las competencias” del Cabildo y los ayuntamientos majoreros.