El Juzgado de Instrucción numero 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado abrir diligencias por un posible delito de revelación de secretos ante las "múltiples y continuas publicaciones" relativas a la presunta trama de corrupción conocida como "caso Mediador".

En este procedimiento, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres investiga si un grupo presuntamente encabezado por dos cargos públicos (el exdiputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el exdirector general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes) y un general de la Guardia Civil (Francisco Espinosa) cobraba sobornos de empresarios para lograr contratos púbicos y subvenciones o para impedir inspecciones o sanciones.

La causa se desarrolló bajo secreto de sumario hasta el 14 de febrero, día en el que fueron detenidos once de los doce investigados (en ese momento, Fuentes Curbelo todavía era diputado en el Congreso y la juez se abstuvo de tomar ninguna medida contra él, más allá de consignar en autos los indicios que lo señalaban).

El 13 de febrero, Lorenzo-Cáceres dictó un auto por el que ordenó que, una vez practicadas las detenciones, se levantara el secreto de sumario y las diligencias fueran entregadas a todas las partes, ya que hasta ese momento solo las conocían el Ministerio Fiscal y los equipos de la Policía y la Guardia Civil al cargo del caso.

Sin embargo, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la magistrada cree ahora que "las múltiples y continuas publicaciones" relativas al "caso Mediador" podrían ser constitutivas de un delito de revelación de secretos y ha abierto unas nuevas diligencias para determinar si es así.

Por el momento, aún no se ha hecho público el auto en el que explica las razones de esa decisión, que se toma tras la solicitud del abogado de Juan Bernardo Fuentes.