La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la absolución del Grupo Ganaderos de Fuerteventura de la acusación de un delito medioambiental, por la que se sentó en el banquillo de los acusados el administrador de la empresa, Esteban David Alberto Pérez, para el que la Fiscalía pedía tres años y medio de prisión.

La Sección Primera de la Audiencia ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario, que en febrero del año pasado ya había absuelto al empresario de la acusación de vertidos que habrían dañado el barranco y el litoral de Gran Tarajal.

El origen del caso se remonta a un supuesto vertido de suero y aguas residuales en el cauce del barranco de Gran Tarajal, que afectó a un tramo de cuatro kilómetros y que fue detectado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el 10 de julio de 2013. Dos años antes se había registrado un episodio similar, con un vertido de dos kilómetros de longitud.

En enero de 2014 se inició el procedimiento penal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Puerto del Rosario, que derivó en la acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente, que no ha sido tenido en cuenta, ni por el Juzgado de lo Penal ni por la Audiencia Provincial.

Según indica la empresa en un comunicado, la Audiencia Provincial ha rechazado “un recurso de apelación presentado por la fiscal Clara Serrano, quien solicitaba la nulidad del juicio” y ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario. La decisión de la decisión “no admite recurso de casación”.

La empresa destaca que, “en contra de la pretensiones” del Ministerio Fiscal, “no ha quedado acreditado” la existencia de vertidos al mar “procedentes de la fábrica de quesos”, ubicada en el polígono industrial de Llanos de la Higuera, en el municipio de Tuineje.

La compañía también también resalta que “no ha quedado acreditada la existencia de vertidos de aguas y lactosuero al barranco, ni que el líquido que se extraía de la fábrica generara peligro alguno para la salud de las personas ni el medio ambiente”.

Grupo Ganaderos de Fuerteventura destaca también que la Audiencia cuestione las conclusiones del perito del Consejo Insular de Aguas respecto a la situación legal de la tubería de la fábrica o que llegase a la “libre conclusión o suposición” de que las aguas residuales de la empresa se vertían “directamente al mar”.

El citado perito “habla de análisis de composición química de muestras previas a 2014, pese a reconocer en su propio informe que no había analizado la composición química”, añade la resolución judicial.