La Demarcación de Costas de Canarias acaba de solicitar por quinta vez al Cabildo de Fuerteventura el expediente de autorización a la desaladora que se encuentra en los sótanos del Hotel Oliva Beach, en las dunas de Corralejo, en terrenos de dominio público marítimo terrestre.

La planta desaladora del Oliva Beach aparece en el listado de estaciones desaladoras autorizadas por el Consejo Insular de Aguas, pero no hay más información sobre sus características.

El hotel está solicitando autorización para su reforma y eso requiere el visto bueno de la Demarcación de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, la propiedad del hotel, la cadena RIU, ha presentado el proyecto de reforma sin firmar y el Consejo de Aguas no ha facilitado información sobre esta desaladora. Ambas cuestiones son preceptivas para poder estudiar la reforma.

La Demarcación de Costas solicitó por tres veces este expediente a la gerencia del Consejo Insular de Aguas: en enero, marzo y abril de este año. El 29 de abril, la solicitud se dirigió directamente al presidente del Cabildo, que también es presidente del Consejo. La última petición, también de forma directa a Sergio Lloret, se envió esta misma semana.

La desaladora figura con una producción de 400 metros cúbicos al día y vierte su salmuera en terrenos de dominio público marítimo terrestre, en los alrededores del hotel.

El Consejo, no obstante, no ha facilitado a Costas copia de la resolución de autorización de esa infraestructura ni información sobre su tecnología, las características de las aguas que trata, los puntos de toma de esas aguas, el volumen de producción, el consumo de energía, su capacidad de expansión y su vida útil.

Consejo de Estado

A finales de 2017, la cadena RIU solicitó al Ministerio la licencia para llevar a cabo la reforma del hotel y subir su categoría de tres a cuatro estrellas, además de construir quince nuevos apartamentos. La concesión que permite a la cadena hotelera ocupar casi 60.000 metros de dominio público costero se otorgó en 2003 y se amplió en 2016.

El Ministerio para la Transición Ecológica inició el año pasado un expediente de revisión de oficio de la concesión del Oliva Beach, que está pendiente del informe del Consejo de Estado. El procedimiento para anular la concesión se basa principalmente en que la empresa Geafond Número Uno Lanzarote, propietaria del hotel y controlada por RIU, no es la única titular de los terrenos sino que hay una veintena de propietarios que no están englobados en la concesión.

Trámites pendientes

La cadena hotelera presentó un expediente de regulación de empleo que afecta a 400 empleados y el Cabildo de Fuerteventura mostró “su total disposición” a apoyar de forma unánime a esos trabajadores. El grupo de gobierno se comprometió a enviar un escrito para instar al Ministerio de Transición Ecológica a resolver cuanto antes la situación. Sin embargo, desde hace cinco meses no ha enviado la información que se le requiere para poder estudiar la reforma del hotel.