La Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha dado la razón al Cabildo de Fuerteventura y ratificado la expulsión como consejero de Domingo González Arroyo, fundador del PPMajo, tras una condena por prevaricación que conllevaba inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia a favor de la continuidad de González Arroyo pero ahora el Tribunal Supremo, ha considerado que la expulsión fue ajustada a Derecho y, por lo tanto, rechaza que el veterano político pueda volver a su cargo en el Cabildo, como había vuelto a solicitar hace unas semanas.

La discusión legal se ha basado en si la sentencia por la que se inhabilitó a González Arroyo y le obligó a dejar la alcaldía de La Oliva en el año 2015 también abarcaba su cargo en el Cabildo o solo hacía referencia al ámbito municipal.

González Arroyo fue apartado de la Corporación insular después de haber sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, en junio de 2015, a una pena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

La sentencia hablaba de inhabilitación “para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal durante nueve años”.

González Arroyo tuvo que dejar la alcaldía, mientras que el Cabildo, donde también era consejero, pidió un informe a la Junta Electoral Central, que concluyó que también debía dejar de ser consejero.

Entonces, González Arroyo acudió a los tribunales y perdió en primera instancia pero el TSJC le dio la razón y declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo del pleno de la Corporación insular por la que fue apartado del cargo de consejero al interpretar de “forma extensiva” la condena penal de inhabilitación.

Según el TSJC, la sentencia penal se limitaba a la inhabilitación a cargos que impliquen “una participación en el gobierno municipal durante nueve años”. En cambio, el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Cabildo de Fuerteventura de apartar a González Arroyo de la Corporación insular.

La doctrina del Supremo

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se fija la doctrina de que la declaración de incompatibilidad para cargo público de González Arroyoa “no lesiona” el derecho constitucional a participar en los asuntos públicos.

Además, el Supremo añade que “la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida” en la Ley orgánica de régimen electoral general debe ser entendida “en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público”.

El Supremo aclara que esa inhabilitación o suspensión se produce “cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena”. En el caso de González Arroyo, al cometer prevaricación incurrió en los denominados delitos contra la Administración Pública a los que se refiere el Supremo en su doctrina.

Candidatura frustrada

González Arroyo había anunciado recientemente su intención de concurrir como candidato de la coalición Gana Fuerteventura al Senado, con Águeda Montelongo como suplente, y como cabeza de lista también al Cabildo majorero en las próximas elecciones de mayo.