La actual directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales (CC), se enfrenta a una nueva investigación judicial por su etapa en la alcaldía de La Oliva. La Fiscalía le imputa presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por falsear los datos del Ayuntamiento para aparentar una situación de déficit económico y justificar el despido de 46 trabajadores municipales a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La investigación de la Fiscalía, que a finales de julio pidió al Juzgado Decano de Puerto del Rosario la apertura de las correspondientes diligencias previas, se inició por la denuncia de uno de los trabajadores despedidos en el año 2012. El Ayuntamiento de La Oliva justificó entonces la medida asegurando que tenía un remanente negativo de 2,1 millones de euros en el balance del primer semestre de aquel ejercicio.

En una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha tenido en cuenta la Fiscalía para elaborar su denuncia, se especifica que el Ayuntamiento de La Oliva debería haber valorado también sus cuentas del año 2011, cuando ingresó 22,4 millones, sus gastos fueron de 21,1 millones y el remanente de tesorería total ascendió a más de 8,9 millones de euros.

Así, el TSJC dejó claro que “la situación del Ayuntamiento” en el año 2011 “no era de insuficiencia presupuestaria, sino de superávit y por tanto de estabilidad”, además de que el Consistorio introdujo en un informe sobre evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria “un artificioso ajuste” de más de 3,7 millones de euros en negativo, incorporando “datos parciales, ajenos al expediente y específicamente preconstituidos” tanto de la Corporación municipal como de la empresa pública Suministro de Aguas de La Oliva.

Además, en la sentencia del TSJC se subraya que en el citado informe económico se “obvia mencionar el remanente de tesorería” del año 2011, “que la propia Corporación reconoció ser de más de ocho millones de euros” en la memoria que acompañó a la comunicación inicial del despido colectivo. El tribunal también concluyó que en el primer trimestre de 2012 la situación del Ayuntamiento majorero “seguía siendo de superávit y estabilidad presupuestaria” y que en tesorería todavía quedaban más de tres millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo hincapié en que frente al superávit en las cuentas municipales, que superaba los nueve millones de euros en el año 2011, para poner en marcha el ERE y lograr “el éxito del despido colectivo”, el Ayuntamiento aportó otras cifras radicalmente distintas, con unas pérdidas superiores a los 1,6 millones de euros, datos que carecen de “justificación”.

La fiscal Azucena Oti atribuye a la entonces alcaldesa de La Oliva un delito de falsedad documental cometido en documento oficial “al faltar a la verdad en la narración de los hechos” en “la comunicación inicial del Expediente de Regulación de Empleo”, efectuada el 11 de junio de 2012 a los representantes de los trabajadores públicos.

"Datos falsos, a sabiendas"

La fiscal sostiene que Morales “introdujo datos falsos, a sabiendas de su falsedad”, en concreto en la memoria económica que acompañó a la comunicación del Expediente de Regulación de Empleo, puesto que reflejó un déficit, “carente de justificación”, de 1,6 millones de euros, “pretendiendo así aparentar” una mala situación económica del Consistorio “que realmente no existía”. Con ello, añade la fiscal, pretendió justificar “una resolución administrativa de despido colectivo de 46 trabajadores del Ayuntamiento de La Oliva”.

El mismo delito de falsedad documental en documento oficial se le atribuye, por parte de la Fiscalía, a la entonces interventora accidental, Rita Darias, a quien se le acusa de “faltar a la verdad” en un informe, fechado en marzo de 2012, en el que concluyó que se incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria, “cuando en modo alguno” era cierto.

Al contrario, destaca la fiscal, el informe de la interventora accidental “introduce un artificioso ajuste en las cantidades contenidas en el mismo al efecto de aparentar un déficit económico inexistente y así lograr el objetivo final de la Corporación, el despido colectivo de 46 trabajadores”.

Además, la Fiscalía ha denunciado a Morales y Darias por prevaricación, “pues se habrían confeccionado los documentos falsos ad hoc, para así poder dictar una resolución administrativa injusta, a sabiendas” de que lo era. De este modo, en julio de 2012 la entonces alcaldesa dictó el despido de los 46 empleados municipales, con efectos desde el 16 de agosto de aquel año.

En su denuncia ante el Juzgado, la Fiscalía pide que se tome declaración como investigadas a Claudina Morales y a Rita Darias, además de al trabajador despedido que puso en conocimiento de la Justicia los hechos por la vía penal. También ha pedido que se incorpore a la causa la sentencia del TSJC y el expediente del despido colectivo.

Cuentas pendientes con la Justicia

La exalcaldesa de La Oliva se enfrenta a una petición de condena de nueve años de inhabilitación por parte de la Fiscalía en el caso Dedocracia, sobre el nombramiento de puestos clave del Ayuntamiento sin seguir el procedimiento. Se da la circunstancia de que entre los nombramientos considerados ilegales por el Ministerio Fiscal se encuentra el de Rita Darias, técnico administrativa y con bachillerato, como interventora accidental mediante un decreto y sin que se conformara un expediente administrativo.

Claudina Morales también se sentará en el banquillo de los acusados en el caso Baku, junto a otros 16 cargos públicos, antiguos alcaldes o concejales de La Oliva, por un perjuicio económico al Ayuntamiento, cifrado en al menos 550.000 euros, por tributos no ingresados en la ejecución de un centro acuático y de ocio en Corralejo, adjudicado en terrenos municipales a la empresa Joca durante 47 años y 10 meses.

La exalcaldesa de La Oliva también está investigada en otra causa, iniciada tras la denuncia de Votemos, por la concesión de una licencia junto al muelle de El Cotillo, con supuestas irregularidades urbanísticas, en una finca que era del también exconcejal de CC Miguel Van Daele.