El empresario Gregorio Pérez, propietario de la cadena turística SBH, al que el Ayuntamiento de Pájara ha notificado ya la orden de cierre de dos hoteles en Costa Calma, el Mónica y el Taro, confirmó que ha interpuesto sendos recursos judiciales, en la vía contencioso administrativa, contra las resoluciones del Consistorio presidido por Rafael Perdomo (PSOE).

Pérez señaló “respecto al decretazo de cierre” de los citados hoteles que su empresa ha recurrido a los Juzgados y también ha pedido medidas cautelares” que dejen en suspenso la clausura de los establecimientos “ante el grave daño que podría ocasionar”.

El empresario indicó que este miércoles también ha presentado un nuevo escrito en el Ayuntamiento de Pájara “reiterando el deber de paralización de la orden de precinto” de los hoteles “hasta tanto no se resuelvan los contenciosos” judiciales.

Gregorio Pérez señaló que hasta este miércoles tampoco había recibido la “notificación de apertura de un nuevo plazo extraordinario de un mes para aportar documentación complementaria” en los expedientes de los hoteles Mónica y Taro, que el Ayuntamiento ha tramitado por las licencias de apertura y actividad.

Pérez se refirió a las declaraciones del alcalde de Pájara sobre los expedientes abiertos a su cadena hotelera y destacó que “cuando hay diferencias de criterios entre un gobernante y un empresario”, se debe resolver en “los tribunales” y “no crear un clima de incertidumbre sobre la parte más débil del sistema”, que son “los empleados y los puestos de trabajo”.

En ese sentido, el empresario ha destacado que el cierre de los citados establecimientos turísticos pondría en riesgo unos 200 puestos de trabajo directos. En los últimos días, Pérez ha mantenido contactos con el comité de empresa y con organizaciones sindicales para analizar la situación.

Por otra parte, Pérez explicó con respecto a otro de sus hoteles expedientados, el Costa Calma Beach, que desconoce la orden de precinto pues no ha recibido “ninguna notificación al respecto”. La exconcejal Margarita Martín denunció la situación de este hotel y el Ayuntamiento dictó en Junta de gobierno una multa de 15.000 euros y el cierre.