Llamadas de teléfono amenazantes, palizas que terminan en lesiones y un constante sentimiento de desarraigo resumen los últimos años de Ana (nombre ficticio, prefiere ocultar el suyo verdadero). Ahora solo espera que España le dé la seguridad y tranquilidad que le negaron en su país.

Ana es una más de las miles de personas que han huido de Venezuela tras la llegada de Nicolás Maduro al poder. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el pasado año 31.120 personas solicitaron asilo en España. De ellas, 10.350 eran venezolanas, una cifra muy superior a la de otros países en conflicto como Siria (4.225) o Palestina (1.665).

La carrera profesional de Ana comenzó a torcerse con el desembarco de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela en el año 2000. Hasta ese entonces, había trabajado en el departamento de prensa de las comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional desde que era estudiante de Periodismo. “Cuando llegó Chávez, me jubilaron con 42 años cuando en Venezuela la edad de jubilación es de 56”, recuerda.

Con ganas aún de trabajar decidió empezar a escribir en medios de comunicación venezolanos. Se incorporó a la plantilla del diario La Calle, un periódico del estado de Carabobo. Ana enviaba desde Caracas crónicas y reportajes denunciando los problemas que sufrían las comunidades en la capital.

Un día intentó destapar un supuesto caso de corrupción. El Gobierno había presupuestado un dinero para cañerías para solucionar el problema de las aguas fecales en un barrio de Caracas. El Gobierno de Chávez impidió que el reportaje se publicara en el periódico. Tampoco se supo nada más del dinero ni las cañerías.

“Un día me dijeron en el periódico: gracias por los servicios prestados y que te vaya bien”, recuerda mientras comenta cómo en Venezuela “no hay medios libres. Se publica lo que el Gobierno quiere que se publique. El que no escribe lo que quiere el Gobierno lo ahoga económicamente, quitándole los dólares para el papel, o lo compra y se tiene que convertir en vocero del poder”.

Más tarde empezó a escribir en el Diario 2001 de la cadena de Capriles, pero también ahí comenzaron las presiones y límites. Ana protestó. No estaba dispuesta de nuevo a cargar con el peso de la censura. “Yo siempre he estado en el periodismo en la acera de enfrente. No estamos para aplaudir a un gobierno y al presidente de turno sino para cuestionar y vigilar con razones y pruebas”, insiste.

Amenazas y censura

A Ana querer ejercer la libertad de expresión en Venezuela empezó a salirle caro. Lo primero que hicieron fue cambiarla del Diario 2001 a una revista donde escribía temas sobre cómo decorar baños o cómo hacer un jardín dentro de casa.

En diciembre de 2015, la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió hacerse con la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas. La oposición triunfaba por primera vez después de 16 años de chavismo en el poder. Los opositores tomaron el mando de la Asamblea Nacional, la única cámara del Parlamento venezolano.

Los nuevos inquilinos de la Asamblea Nacional llamaron a Ana para ofrecerle trabajo en el equipo de prensa de la Comisión de la Contraloría, encargada de controlar la gestión del Gobierno en términos económicos. A la periodista le pareció “una buena oportunidad” y junto a otros compañeros inició una investigación contra PDVSA, la estatal petrolera. “Ahí comenzó mi tragedia”, sentencia.

Pronto empezaron los mensajes de teléfono en los que le alertaban que sabían dónde vivía y dónde estudiaba su hijo. “Antes había sido víctima de Chávez sacándome del trabajo, pero ahora los colectivos chavistas me tocaban en lo físico”, comenta. También comenzaron las amenazas y llamadas a su hijo para que le aconsejara a su madre que se estuviera quieta. Mientras tanto, en la investigación de la Comisión de Contraloría aparecían nombres de cargos políticos vinculados al presidente Nicolás Maduro.

Un día apuntaron en la calle a su hijo con una pistola. La periodista no lo dudó y empezó a mover hilos para sacarlo del país. La oportunidad estaba en Fuerteventura, donde reside una hermana de Ana. Al final el joven viajó en 2016 a la Isla sin poder terminar sus estudios universitarios en Economía. A pesar de que su familia en Fuerteventura le pedía que se viniera, ella decidió seguir allí, confiada en que no le pasaría nada.

Un día de 2016 Ana acudió a una manifestación convocada por el Colegio de Periodistas para denunciar el cierre de medios de comunicación y las coacciones que sufrían los periodistas a la hora de ejercer la profesión. “Íbamos caminando cinco personas. Un grupo de motoristas chavistas nos arrinconó y nos dieron golpes hasta que se cansaron”, recuerda.

La paliza le produjo una lesión en las cervicales que le terminó llevando al quirófano. “Son especialistas en agarrar por el cabello y pegar golpes con la cabeza contra la pared”, comenta. Poco después, el 4 de enero de 2017, fue sorprendida mientras salía junto a otros compañeros de una reunión en la Asamblea Nacional. “Intenté correr, pero un hombre me agarró por el brazo. Me caí al suelo y me fracturé el húmero”, explica.

A raíz de la caída decidió empezar a valorar la propuesta de su familia. Ya pocas cosas le ataban a Venezuela, Su madre había muerto y las llamadas amenazantes continuaban. En una de ellas, una mujer le aconsejaba que se fuera despidiendo de las cosas porque “había tantas casas que se incendiaban y la mía podía ser una de ellas”. En la Asamblea también le recomendaron abandonar el país.

El 4 de octubre de 2017 llegó a Fuerteventura y solicitó asilo. La propuesta ha sido admitida a trámite y le han entregado una tarjeta roja, que se traduce en un documento identificativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. En ella se incluye un número de identificación de extranjero (NIE) que le permite recibir tarjeta sanitaria y asignarle un médico de cabecera.

Los primeros meses como solicitante de asilo no han sido fáciles. Se ha topado con trabas burocráticas e impedimentos para poder conseguir una tarjeta sanitaria. Hasta en tres ocasiones ha tenido que ir al Centro de Salud de Puerto del Rosario. Idas y venidas y respuestas que se contradecían han hecho que Ana no haya tenido tarjeta sanitaria hasta finales de marzo. Ahora ya le han asignado un médico de cabecera que la ha desviado a un traumatólogo para que le trate la lesión del brazo.

Agradece a España que le haya abierto las puertas aunque reconoce que su nueva vida no es fácil. Ha tenido que cerrar su vivienda en Venezuela y vender sus enseres; pedir techo en casa de su hermana y acostumbrarse a vivir sin poder trabajar. “Ya no soy periodista ni profesora de universidad. Aquí he tenido que empezar de cero”, concluye.