Lo que comenzó en julio de 2024 como un anuncio solemne de compromiso con la protección del patrimonio arquitectónico de La Oliva se ha transformado, más de un año después, en un ejemplo evidente de dejadez política y falta de diligencia administrativa, porque el Ayuntamiento aprobó inicialmente el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales pero no ha culminado su aprobación definitiva dentro del plazo máximo de doce meses que establece la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias salvo suspensiones tasadas y justificadas, lo que convierte una obligación legal en una promesa incumplida

Desde el momento de la aprobación inicial se activó la suspensión cautelar de licencias que pudieran afectar a los inmuebles incluidos en el catálogo, lo que significa que propietarios y operadores llevan más de un año soportando limitaciones provisionales mientras la administración no ha sido capaz de cerrar el procedimiento, esta prolongación indefinida de la fase transitoria genera inseguridad jurídica, erosiona la confianza institucional y abre la puerta a posibles reclamaciones por responsabilidad patrimonial si se acreditan perjuicios derivados de la demora

A estas alturas del procedimiento lo que resta para la aprobación definitiva no es rehacer el documento desde cero sino culminar los trámites previstos por la ley, resolver formalmente las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, incorporar o contestar los informes sectoriales preceptivos —especialmente el del Cabildo—, introducir en su caso las modificaciones técnicas necesarias y elevar el texto refundido al pleno municipal para su aprobación definitiva y posterior publicación oficial, pasos administrativos perfectamente delimitados y ordinarios en cualquier expediente de esta naturaleza, por eso precisamente resulta difícil entender la inacción, porque no se trata de un obstáculo jurídico insalvable sino de impulso político y gestión eficaz

La experiencia en Canarias demuestra que la mala gestión o la paralización de instrumentos urbanísticos no sale gratis, en Arona la anulación de su planeamiento general desencadenó reclamaciones millonarias y años de litigios, y en otros municipios del archipiélago la falta de protección firme ha permitido la desaparición de inmuebles de valor histórico antes de que la administración reaccionara, la lección es clara, cuando la administración no actúa dentro de los plazos legales el coste puede ser económico o patrimonial, y a veces ambos

En este contexto el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de La Oliva, David Hernández, no puede limitarse a gestionar la inercia de un expediente que acumula retraso, su responsabilidad es impulsar la resolución definitiva, cerrar el proceso dentro del marco legal y garantizar que la protección anunciada se convierta en realidad efectiva, el plazo de doce meses no es simbólico ni orientativo sino una garantía jurídica que obliga a actuar y cuya superación sin justificación suficiente transmite una preocupante falta de prioridad política

La Oliva no puede permitirse que su catálogo arquitectónico quede atrapado en un limbo administrativo cuando lo único que falta es voluntad para concluir el procedimiento, gobernar implica finalizar lo que se inicia y cumplir los plazos que marca la ley, lo contrario consolida una imagen de dejadez que termina afectando tanto a la credibilidad institucional como a la protección real del patrimonio histórico del municipio.

* Secretario de SOS Fuerteventura