La Audiencia Provincial de Las Palmas dejó este viernes visto para sentencia el juicio del conocido como caso Las Clavellinas contra el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y cinco exconcejales, por la venta 12,5 hectáreas a un banco que habían sido donadas para los vecinos de Corralejo.

La Fiscalía, que solicita una condena de seis años de inhabilitación, ha mantenido en sus conclusiones la acusación de que tanto el que era alcalde de La Oliva en 1999, cuando se produjo la segregación de la parcela y el acuerdo de subasta, y sus entonces concejales, cometieron un supuesto delito de prevaricación al pasar por encima de la condición impuesta en la donación de que los terrenos fueran para los vecinos.

El Ministerio Fiscal ha recalcado que la enajenación de los terrenos carecía de los informes técnicos y jurídicos necesarios, tal y como destacó que había reconocido el que era secretario del Ayuntamiento de La Oliva, Miguel Ángel Rodríguez, quien al año siguiente emitió un informe “disconforme” con la operación.

La Fiscalía también ha considerado probado que la venta de los terrenos se destinó a pagar un crédito que el Ayuntamiento tenía con La Caixa, que ascendía a más de 500 millones de pesetas. En ese sentido, destacó que la legislación impide destinar lo que se ingresa por enajenaciones de bienes municipales a pagar deuda.

La acusación particular, que ejerce la empresa Difusión Comercial e Inmobiliaria, también ha solicitado una condena de seis años de inhabilitación por prevaricación para el entonces alcalde y cinco ediles que votaron a favor. De ellos, solo González Arroyo, líder del Partido Progresista Majorero (PPMajo) y Marcelino Umpiérrez, actual portavoz de Nueva Canarias y concejal de Turismo de La Oliva, sigue en política activa.

La asociación de vecinos de Las Clavellinas, que ejerce la acusación popular, ha reiterado la solicitud de condena que planteaba en su calificación provisional, de nueve años de prisión para el exalcalde y de seis años de prisión para los exconcejales. Al delito de prevaricación, añade los de malversación y apropiación indebida.