Otro agujero de cinco millones de euros se suma a la deuda del Ayuntamiento de La Oliva por la ocupación de los terrenos del centro de salud y la estación de guaguas de Corralejo (10,4 millones) o la indemnización a Canaragua por la anulación del contrato de saneamiento (otros 10 millones). El Consistorio también arrastra una abultada deuda por la empresa Urbanizadora Corralejo Playa, que fundó como socio mayoritario.

En abril de 2016 el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas conminó al Ayuntamiento, entonces presidido por Pedro Amador, a que justificara la ejecución de la sentencia “en el plazo improrrogable de diez días”.

Años antes de convertirse en alcalde, Amador, abogado de profesión, fue designado consejero de la citada empresa, y luego gerente y secretario. En bases de datos mercantiles sigue apareciendo como presidente de la empresa el exalcalde Domingo González Arroyo.

El Ayuntamiento ha encargado una auditoría externa que arroje luz sobre una compañía que gestionó la urbanización Corralejo Playa, que ocupa buena parte del frente marítimo y del interior de la localidad, al sur del conocido como casco viejo.

La intención del Consistorio es que también sea evaluada por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que a pesar de tratarse de una empresa con capital público, constituida en 1994, nunca recibió ningún informe de contabilidad de la misma. El Ayuntamiento de La Oliva se enfrenta a una sentencia que le obliga a abonar 4,2 millones, más los intereses, de las obras de la urbanización, a Dragados y Cororasa.

El Ayuntamiento deberá pagar por una sentencia relacionada con las obras de urbanización

Las constructoras y el Consistorio se culpaban de que parte de los trabajos de urbanización, no estaban finalizados, pero la Justicia concluyó que la empresa de la que forma parte el Ayuntamiento debía hacer frente a su pago. Al ser el socio mayoritario, el Juzgado ha entendido que la deuda la debe asumir la Corporación municipal.

Uno de los aspectos más controvertidos es la recaudación de las cuotas a los propietarios de parcelas para costear los gastos de la urbanización. Se produjeron más de 300 resoluciones judiciales que anularon el acuerdo del Ayuntamiento de encomendar la recaudación a la empresa en 1996.

Ahora, el Ayuntamiento pretende aprobar una “reparcelación económica” de la urbanización Corralejo Playa para cobrar las cuotas y tratar de hacer frente a la deuda.