La Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y otras Demencias (AFFA), la Asociación de Cuidados Paliativos y Dependencia de Canarias (ACUFADE) y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) han anunciado este jueves actuaciones judiciales ante las posibles irregularidades detectadas en el procedimiento del concierto social de servicios de atención a personas en situación de dependencia impulsado por el Cabildo de Fuerteventura.

Las entidades han comparecido en rueda de prensa para advertir de las consecuencias que, a su juicio, podría tener este procedimiento tanto para las personas usuarias como para el conjunto del sistema público de servicios sociales de Canarias.

Según han explicado, la controversia se centra en la continuidad de un procedimiento administrativo en el que existirían “dudas sustanciales” sobre el cumplimiento de la acreditación específica exigida para prestar el servicio objeto del concierto social.

Las comparecientes han señalado que la acreditación constituye una garantía para comprobar que las entidades prestadoras cuentan con los medios técnicos, organizativos y profesionales necesarios para desarrollar servicios sociales especializados.

En este sentido, han advertido de que permitir la prestación de servicios sin las acreditaciones legalmente exigibles puede afectar a la seguridad y calidad de la atención.

Durante la comparecencia intervinieron la gerente de AFFA, Teresa Cabrera Morales; la directora de ACUFADE, Elena Felipe Pérez; y la directora de ODESOCAN, Emma Colao.

Teresa Cabrera Morales afirmó que AFFA ha acudido a la vía judicial después de haber agotado “todas las vías de advertencia, comunicación y solicitud ante las administraciones competentes”.

“AFFA no ha llegado a este punto por voluntad de confrontación, sino por responsabilidad con las personas y familias de Fuerteventura. Con fecha de martes 12 de mayo hemos interpuesto recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas, como último recurso ante un procedimiento que el propio Cabildo Insular ha dado por finalizado pese a las advertencias realizadas”, señaló Cabrera.

Por su parte, Elena Felipe Pérez sostuvo que el caso podría sentar un precedente para el resto de entidades acreditadas del archipiélago.

“Ignorar la obligación legal de las acreditaciones no solo afecta a un procedimiento concreto. Afecta a todas las entidades que durante años han cumplido requisitos técnicos, profesionales, materiales y organizativos para poder prestar servicios especializados con garantías”, afirmó la directora de ACUFADE.

Emma Colao explicó que el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha revisado la documentación remitida por AFFA y las actuaciones administrativas desarrolladas hasta el momento.

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias comunica que presentará una denuncia ante la Fiscalía al apreciar “indicios sustanciales de prevaricación administrativa”

“Una vez el Observatorio ha tenido traslado de toda la documentación y ha revisado minuciosamente el procedimiento, hemos decidido interponer denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos contra la Administración Pública, al apreciar indicios sustanciales de prevaricación administrativa”, declaró Colao.

Las entidades insistieron en que la defensa de las acreditaciones responde, según señalaron, a la necesidad de proteger “la calidad, la dignidad y la seguridad” de los servicios sociales.

Asimismo, reclamaron a las administraciones públicas “transparencia, diligencia y responsabilidad” y alertaron de que la prestación de servicios especializados sin las garantías exigidas trasladaría el riesgo a las personas usuarias y sus familias.

Las organizaciones concluyeron que “los servicios sociales no pueden sostenerse sobre atajos administrativos ni sobre interpretaciones que rebajen los requisitos legales”.

“Cuando se debilitan las acreditaciones, se debilita el derecho de la ciudadanía a recibir servicios seguros, dignos y garantizados”, añadieron las entidades.