El departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo emitió un informe en octubre de 2017 en el que aconsejaba al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la conservación y catalogación de la vivienda del número dos de la calle Eustaquio Gopar, que este pasado lunes fue derribada con licencia municipal.

El concejal de Urbanismo de Puerto del Rosario, Roberto Padilla, solicitó el 26 de septiembre de 2017 a la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo un informe para conocer los valores patrimoniales del inmueble, conocido como pensión Zamora, ante la solicitud de licencia de demolición por parte del propietario de la edificación, entre el número siete de la calle León y Castillo y la calle Eustaquio Gopar.

Técnicos de Patrimonio Histórico enviaron al Consistorio, el 15 de octubre, un informe donde se aclaraba que la vivienda no estaba declarada Bien de Interés Cultural. El inmueble no cuenta con expediente incoado ni aparece incluida en el Inventario de Patrimonio del vigente Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.

En cambio, el informe redactado por Patrimonio sí insistía en que se trataba de “un edificio singular, reflejo de la antigua trama urbana de Puerto del Rosario y testigo de la tipología arquitectónica que presentaba la ciudad”.

Además, los técnicos del Cabildo recordaban que el inmueble fue incluido en el Inventario de Arquitectura Doméstica del Plan Especial de Protección del Casco Urbano de Puerto del Rosario que realizó el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en 1989 para la redacción del Plan de Reforma Interior (PERI).

En el informe, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se subraya que “dicha edificación no ha perdido los valores culturales que la hicieron merecedora de ser incluida en dicho inventario y, por tanto, debería ser incluida en el Catálogo Arquitectónico Municipal”.

A pesar de ello, el Ayuntamiento hizo oídos sordos a este informe no vinculante y dio licencia para el derribo de la vivienda y la anexa a ella, también en la calle Eustaquio Gopar. Su derribo, según fuentes consultadas, está relacionado con la ampliación del Hotel Tamasite anexo a las viviendas.

A pesar de existir este informe redactado por Patrimonio Histórico, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Roberto Padilla, confirmó el lunes a este periódico que no le constan “limitaciones” para su otorgamiento por motivos relacionados con el patrimonio histórico.

Muestra de la arquitectura tradicional

La vivienda derribada se encuentra en la propuesta que el historiador Carmelo Torres realizó para declarar inicialmente 75 inmuebles de Puerto del Rosario como Bienes de Interés Cultural (BIC). En esa vía, Torres propuso que se protegieran cinco viviendas.

El inmueble derribado tenía doble fachada, una hacia la calle León y Castillo identificada con el número 7 de una y dos plantas, y otra hacia la calle Eustaquio Gopar, con número 2, pintada de amarillo y de dos plantas.

Torres subraya la importancia de la vivienda al estar construida con materiales propios de la arquitectura majorera como la piedra, el barro y la madera. Además, destaca los añadidos que se utilizaron, posteriormente, para embellecer la edificación sobre todo la fachada donde había un pequeño balcón con balaustres de hierro forjado.

El lunes, Torres aseguraba a este periódico que la falta de figuras de protección en la capital generará “un efecto llamada” para más derribos. Hay que recordar que el municipio de Puerto del Rosario carece de un catálogo arquitectónico municipal. En 2016 el Consistorio sacó adelante el Plan General, pero en él no aparece un catálogo que vendría a proteger los vestigios del antiguo Puerto Cabras y a marcar el grado de protección de los inmuebles.

A principios de agosto, el Ayuntamiento anunció la constitución del Consejo municipal de Patrimonio Histórico y aseguró que entre sus objetivos estaba la de crear el catálogo municipal y “conservar los edificios y elementos de valor sitos en el término municipal de Puerto del Rosario”

El Cabildo reclama "responsabilidad"

Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura lleva desde 1999 requiriendo a los ayuntamientos que realicen los catálogos municipales, tal y como exige la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.  Además, la Ley del Suelo de 2017 también recoge la obligación de los ayuntamientos a “aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección”.

Precisamente, el pasado mes de julio el consejero de Patrimonio Histórico, Juan Jiménez, mantuvo un encuentro con representantes municipales a los que insistió en la necesidad de realizar los catálogos. En la reunión, se ofreció colaboración económica por parte de la Institución insular así como los inventarios realizados en su día por Patrimonio Histórico.

Jiménez ha pedido este martes al Ayuntamiento de Puerto del Rosario “sensibilidad y responsabilidad” con el patrimonio histórico municipal después de que permitiera el derribo de una vivienda que, según el consejero, forma parte del antiguo Puerto Cabras además de contar con unos elementos que deberían haber sido “protegibles”.

Tras recordar que la Ley de Patrimonio Histórico exige la realización de los catálogos, Jiménez lamenta que el trabajo realizado por parte de los ayuntamientos majoreros hasta ahora “no haya sido el correcto”. Asimismo, insiste en que desde la Consejería de Patrimonio Histórico “nos hemos ofrecido, en reiteradas ocasiones, a prestarle ayuda”.

El responsable insular de Patrimonio Histórico recuerda que desde el Cabildo se llegó a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Fuerteventura para que junto a los ayuntamientos “puedan desarrollar los catálogos arquitectónicos que tanto para consistorios como para Cabildo nos permitirá tener una herramienta legal y evitar episodios como el de ayer”.