“La expropiación le quitó la vida a mi padre”. Carmen Robayna (Fuerteventura, 1966) es una vecina de Pájara que recuerda con nitidez el período de su infancia en el que se produjo la expropiación de la casa en la que se crio junto a su familia, en Fayagua, en el municipio de Pájara. Carmen no solo recuerda la casa, sino también la vida asociada a la finca en la que tanto esfuerzo puso su padre. La agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los recursos naturales sirvieron como sustento para esta y otras familias de la zona, hasta que el Estado decidió expropiar sus hogares y sus tierras para la construcción del Campo Nacional de Maniobras y Tiro (CMT) de Pájara. Cincuenta años después, el anhelo por recuperar esas tierras sigue dando vida a la histórica lucha por el cierre de la instalación militar.

Las primeras noticias sobre la expropiación llegaron a comienzos de la década de 1970, y especialmente a finales de 1975 y comienzos de 1976, coincidiendo con el desembarco de la Legión en Fuerteventura. A pesar de las protestas de los vecinos y de la batalla judicial iniciada por el Ayuntamiento de Pájara, primero en el Tribunal Supremo y después en el Tribunal Constitucional, la expropiación de los terrenos se fue consumando y las familias tuvieron que abandonar sus casas a finales de los setenta y comienzos de los ochenta.

La Orden 120/1982, que es una disposición oficial del Ministerio de Defensa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 1982, fijó la delimitación del perímetro de seguridad del campo. Se encuentra en un terreno árido, entre el barranco de Garcey, al norte, y el barranco de Ugán, al sur. Al oeste limita con el litoral majorero, de forma que lugares costeros de gran valor paisajístico como Terife o Amanay ya no son accesibles para la población, al quedar dentro de los límites del campo. Por último, al este limita con la carretera que une Pájara con La Pared. Sus 4.205 hectáreas suponen un 10,5 por ciento de todo el suelo municipal de Pájara y un 2,4 por ciento de la superficie insular. Treinta años después, bajo el mandato de Mariano Rajoy, se publicó en el BOE el Real Decreto 600/2012, por el que se declaraba el CMT como Zona de Interés para la Defensa Nacional.

Carmen Robayna: “La expropiación de sus tierras le quitó la vida a mi padre”

Antonio Cabrera Robayna, miembro fundador y portavoz de la Plataforma Vecinal La Costa de Pájara, señala que el Real Decreto de 2012 supuso que, a partir del perímetro original, se añadieran dos kilómetros de una franja que se llama zona de seguridad lejana. “En la práctica, significa que los militares pueden hacer y deshacer a su antojo. Para los vecinos surgió una complicación añadida. Si quisiera hacer una granja en mi parcela, el Ayuntamiento, que antes me otorgaría el permiso, ahora es un actor sin poder de decisión, porque todo lo tiene que aprobar el Ministerio de Defensa. Es decir, estoy viviendo en un sitio donde yo voto al Ayuntamiento, al Cabildo y al Gobierno de Canarias, pero ninguno de los tres tiene competencias sobre lo que a mí me afecta, porque el suelo donde vivo está considerado zona militar”.

La Plataforma Vecinal La Costa de Pájara lleva años denunciando la situación y reclamando el cierre del CMT. Antes de abordar las problemáticas derivadas de la existencia de la instalación militar durante cinco décadas, Antonio habla, en primer lugar, de una falta de legitimidad: “La expropiación se produjo en los estertores de la dictadura franquista, en un contexto en el que no existían garantías democráticas. Además, gran parte de las tierras expropiadas eran tierras comunales. Lo que tenemos hoy en día es una herencia del franquismo”. Desde la Plataforma estudiaron qué opciones había dentro de la Ley de Memoria Histórica, pero esta habla de confiscaciones y no de expropiaciones, por lo que, desde esa perspectiva, no se pudo avanzar para revertir la situación.

El trabajo del citado colectivo vecinal consiste en hacer memoria y subrayar la importancia de las tierras que fueron expropiadas, destacando su valor medioambiental, patrimonial y cultural, y señalando las graves consecuencias de los usos militares del suelo y el impacto social de su pérdida.

Maniobras militares en el Campo de Tiro de Pájara.

Infancia en Fayagua

Los recuerdos de la infancia de Carmen ilustran esa realidad perdida. “En total éramos doce hermanos. Mi padre fue ampliando la casa familiar de Fayagua y trabajó con mucho empeño en la finca”, afirma. “Construyó tres gavias enormes, que amuralló. Plantaba tomates, millo y también coles, rábanos, pimientos, cebolla y todo lo que se podía. También tenía conejos y gallinas, por lo que teníamos carne y huevos en casa. Además, salía a pescar y no nos faltaban mejillones cuando era la época, ni las lapas. Mi padre también iba a buscar sal a la salina. Recuerdo los sacos llenos de sal en una caseta donde guardaba el motor de agua que compró para trabajar en la finca”.

Antonio Cabrera: “Lo que tenemos hoy en día es una herencia del franquismo”

Como hija mayor, Carmen dejó la escuela a los 11 años para ayudar a su padre en el campo y a su madre con el resto de los hermanos. Se convirtió en la mano derecha de su padre. “Ayudábamos en todo lo que se podía”. Carmen también recuerda cómo fueron las primeras interacciones con los militares llegados a la zona. “Como niñas éramos ignorantes y saludábamos a los militares cuando pasaban. La ignorancia es muy bonita”. Sin embargo, los adultos no veían con buenos ojos la presencia de los militares en las inmediaciones de sus casas. “Lo que para nosotras era una distracción, para mi madre era un calvario. Tenía mucho miedo porque éramos muchas niñas. Antes de oscurecer se aseguraba de que estuviéramos todas en casa y nos decía que no saliéramos y que no abriéramos la puerta a nadie”.

La expropiación tuvo un impacto devastador para la familia, que se vio obligada a trasladarse a Pájara de manera definitiva en 1981. Otras familias dedicadas a la ganadería o al cultivo de tomates corrieron la misma suerte. “Nuestra casa fue destruida y se cortaron los accesos. Ni siquiera pudimos recuperar el valioso motor de agua. Mi padre había invertido toda su ilusión, su dinero y su tiempo en la finca, para la que tenía planes de expansión. Murió joven, con 55 años, dejando 12 hijos atrás”.

Demanda histórica

La petición del cierre del CMT de Pájara ha sido un tema de conversación recurrente de los movimientos sociales y las agrupaciones políticas majoreras. El pasado mes de junio, la cuestión volvió a ocupar titulares después de que Asamblea Majorera-Coalición Canaria (AM-CC) presentara una Proposición No de Ley (PNL) en la que promueve el cierre definitivo del CMT en un plazo inferior a cinco años. La formación nacionalista insta al Gobierno de Canarias a solicitar al Estado el inicio de los procedimientos necesarios para el desmantelamiento definitivo e irreversible del campo militar, alegando que se trata de una demanda histórica que cuenta con un amplio consenso dentro de la sociedad majorera. En 2023, el Cabildo de Fuerteventura aprobó por unanimidad un acuerdo que también pedía el cierre.

“Recogimos cerca de 500 topónimos para documentar la riqueza del espacio”

Uno de los argumentos que motivan la PNL presentada por AM-CC es el hecho de que en la zona se desarrollen maniobras terrestres con vehículos blindados, además de ejercicios de fuego desde el mar hacia tierra y pruebas con explosivos. Además de suponer una amenaza para el valioso entorno natural en el que se encuentra el recinto militar, supone un peligro para la vida humana. A lo largo de las cinco décadas se han registrado personas heridas y fallecidas a causa de accidentes ocurridos en el CMT y sus alrededores. Preguntada por el incidente de 1987 recogido en la prensa de la época, Carmen recuerda cómo, por error, los militares dispararon proyectiles que impactaron fuera de las instalaciones militares, a escasos metros de viviendas habitadas por unas vecinas de la zona de Fayagua.

Desde la Plataforma Vecinal La Costa de Pájara, Antonio señala que en estos cincuenta años no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental y socioeconómico sobre cómo ha afectado esa realidad al territorio. Preguntado por la noticia de la PNL, cree que “el rechazo al CMT no es nada nuevo, pero no basta con decir que se trata de una demanda histórica. En mi opinión, hay que hacer cosas concretas, como un estudio que analice los efectos del uso militar del suelo durante cinco décadas”. Además, añade que “los políticos que están en Madrid deberían ser más valientes y poner esta cuestión sobre la mesa como requisito indispensable en los acuerdos y votaciones del Congreso”.

Uno de los anhelos de la Plataforma es que las tierras vuelvan a ser comunales y que se recuperen los usos previos a la expropiación. Sin embargo, son muchas las preocupaciones medioambientales derivadas de la presencia militar. Antonio señala que la zona es rica en acuíferos, pero el Ejército impide que la población local use ese recurso en una isla caracterizada por la escasez de lluvias. También se preocupa por el impacto en el suelo de cinco décadas de explosiones de artefactos que usan productos químicos y cuyo alcance real se desconoce.

Página de ‘El Eco de Canarias’.

“Hay que analizar los efectos del uso militar del suelo durante cinco décadas”

El portavoz de la Plataforma también pone el foco en la memoria histórica y en la destrucción del patrimonio cultural por parte del Ejército, en una zona donde existen numerosos yacimientos. Uno de los hechos más graves ocurrió en 2010, año en el que Defensa destrozó unas chozas que eran de época aborigen, sin que tuviera consecuencias. “Desde entonces, apenas quedan elementos que generen apego, porque ya no existen”, denuncia. Antonio cree que esta destrucción fue deliberada y añade que “hay una generación que no conoce el paraíso de Amanay”. Asimismo, critica la ironía de que el propio Ministerio de Defensa editara en 2013 un libro titulado Amanay. Naturaleza y conservación.

La sensibilización es otra de las tareas que ha llevado a cabo la Plataforma Vecinal La Costa de Pájara. Con recursos muy escasos y contando con la colaboración ciudadana, en el pasado organizaron asambleas multitudinarias en Pájara en las que el rechazo al CMT era unánime entre los vecinos.

Recientemente, el trabajo se ha centrado más en la recuperación de la memoria. “Como no nos dieron permiso para entrar en el complejo militar, fui reuniendo a personas mayores en torno a un proyector para poder visualizar el mapa conjuntamente. Entrevistamos a las personas más mayores, la última generación que vivió en esas tierras cuando todavía eran comunales, antes de la expropiación. Recogimos cerca de 500 topónimos de caminos, barrancos, fuentes, etc., para documentar la riqueza de un espacio que hoy se conoce simplemente como el campo de tiro”, explica Antonio. “En definitiva, lo que hemos querido señalar durante todo este tiempo es que antes de que allí se tiraran bombas, ese lugar tenía vida”, concluye Antonio.

“Hay toda una generación de vecinos que no conoce el paraíso de Amanay”

Solo con pensar en la posibilidad de volver a bañarse en los lugares de su infancia, como Amanay, Carmen siente un gran regocijo. “Ahora que ya tenemos nietos, me encantaría volver a bañarme allí y explicarles dónde se bañaba su abuelita de niña. También recordaría las zonas que mi padre nos prohibía pisar porque resultaban peligrosas. Supondría también una tranquilidad saber que esta zona pueda volver a ser disfrutada por los vecinos de Pájara, que somos los afectados. Ojalá se cumpla algún día”.