La implantación indiscriminada de aerogeneradores y plantas solares amenaza el paisaje de Fuerteventura. Así lo considera el Cabildo majorero, que apuesta por que la instalación de energías alternativas se realice “exclusivamente” tras la declaración de los aerogeneradores y los huertos fotovoltaicos como proyectos de interés insular.

Esta es la opción por la que se inclina a corto plazo la institución presidida por Sergio Lloret para poner coto al actual descontrol, facilitado por una legislación autonómica que el Gobierno de Canarias no ha cambiado, pese a las críticas, en los más de dos años que se han consumido de legislatura.

La ola de rechazo social a la dispersión de los parques eólicos en Fuerteventura es creciente –en junio hubo una manifestación en Puerto del Rosario- y casos como el de los molinos pegados a viviendas en El Time son el ejemplo “de lo que no hay que hacer”, destaca Lloret.

La hoja de ruta del Cabildo tiene tres frentes abiertos. El primero, más ágil, es la aprobación de una Ordenanza insular que establezca criterios de “sostenibilidad ambiental” y “respeto al territorio” para la instalación en el suelo rústico de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y termosolares.

El presidente avanza que no podrán afectar a poblaciones, imponiendo una “distancia mínima” a núcleos de población o asentamientos rurales. Durante todo el mes de septiembre se podrán aportar sugerencias a la consulta que ha abierto el Cabildo.

La concesión de licencias a nuevos parques eólicos se suspende durante un año

Luego, se desarrollará la normativa, saldrá a exposición pública y, si no se modifica de forma sustancial, se aprobará de forma definitiva. La institución insular quiere acelerar al máximo y que se culmine el proceso en unos seis meses.

Desde que se publique en el boletín oficial el inicio de la elaboración de la Ordenanza insular, se impone una suspensión de licencias. Esto no impide que las empresas del sector energético puedan empezar a tramitar proyectos y el Cabildo confía en que se ajusten a las líneas que marque la nueva normativa.

No obstante, el Gobierno autonómico –gobernado por PSOE, NC, Podemos y ASG- sigue teniendo un resquicio en la Ley del sector eléctrico de Canarias para autorizar, por razones “de urgencia o excepcional interés” parques eólicos o fotovoltaicos “sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística” y aunque vayan en contra del Plan Insular o de los planes generales municipales.

Esta es la puerta trasera –el conocido “artículo 6 bis” de la Ley del sector eléctrico del Archipiélago- por la que se están colando buena parte de los proyectos en la Isla. Si un parque eólico incumple el planeamiento, el Gobierno regional, si lo considera, le da el visto bueno y obliga a cambiar la normativa territorial y urbanística. Desde Fuerteventura se ha pedido que se modifique esta ley, por ahora sin éxito.

El otro frente abierto es el del Plan Insular de Ordenación (PIOF). La intención es incorporar una ordenación detallada de la planificación energética de Fuerteventura, tanto para las renovables como para las líneas de transporte y la ubicación alternativa a la central térmica de El Charco.

Por su estado de tramitación, el PIOF iría de forma directa a aprobación inicial. Lloret espera que la definitiva llegue en año y medio. De forma paralela, se tramita un Plan Territorial de infraestructuras energéticas, con el mismo contenido que esa parte del PIOF.

Esa “duplicidad”, señala el presidente, no conllevará más coste y el objetivo es que una hipotética paralización de un procedimiento no afecte al otro y salga la ordenación energética, el problema territorial más acuciante de Fuerteventura en la actualidad, con unos 450 megavatios solicitados, para al menos 27 parques eólicos y 48 plantas fotovoltaicas.

El acuerdo de inicio del Plan Territorial se publicó el primer viernes de septiembre y establece una suspensión de licencias durante un año, para “evitar actuaciones aisladas, ajenas a esta planificación, que puedan desvirtuar” los objetivos. El plazo de aprobación definitiva se estima para diciembre de 2023, si no hay retrasos.

“Preocupación”

En el primer documento de la Ordenanza insular para la implantación de infraestructuras de producción, transformación y distribución energética se destaca la “preocupación de la ciudadanía” por las repercusiones de la implantación descontrolada de aerogeneradores y placas solares.

Habrá distancias mínimas a casas para evitar casos como el de El Time

También existe inquietud en el Cabildo por la cascada de peticiones para huertos solares, cuyo “avance masivo” no había sido “previsto. El objetivo es que las renovables solo se puedan implantar, previa declaración de interés insular -una competencia del Cabildo- o autonómico, en suelo rústico de protección económica y en suelo rústico común, el de menor valor.

La finalidad es regular la ocupación del suelo rústico en la Isla, la “mimetización e integración” en el paisaje y que se instalen, en todo caso, cerca de la red eléctrica y que no se abran nuevos caminos.

También se tendrían en cuenta variables como la población y el crecimiento económico de la Isla, y sus necesidades de abastecimiento, para que la producción sea acorde a estos factores.

No hacer nada, se concluye, “implica que pueda verse en riesgo la protección y defensa del suelo rústico” mediante un “uso indiscriminado” y comprometer las “generaciones futuras”.