El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha declarado desierto el concurso para adjudicar el servicio marítimo de interés público entre la Península y Canarias, que contemplaba escalas en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, después de que ninguna empresa naviera haya presentado una oferta dentro del plazo establecido.

Así lo han confirmado este lunes por la noche fuentes del Ministerio, que han precisado que el presupuesto base de licitación ascendía a unos tres millones de euros para un periodo anual de prestación del servicio.

En concreto, el pliego de prescripciones técnicas fija una dotación de 3.042.000 euros para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027, con una duración inicial de un año desde la fecha prevista o desde la formalización del contrato, si esta fuera posterior.

La licitación incluía una conexión marítima con Fuerteventura, además de escalas en Lanzarote y La Palma y en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio ha señalado que está valorando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar el mantenimiento de la conectividad marítima entre el territorio peninsular y el Archipiélago, especialmente en las rutas que considera estratégicas para la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos.

El contrato declarado desierto regulaba un servicio marítimo regular de pasajeros y vehículos, con la obligación de realizar al menos una rotación semanal, es decir, un trayecto completo de ida y vuelta.

El pliego ofrecía a las navieras dos alternativas: establecer la conexión desde Cádiz o hacerlo desde Huelva, según la propuesta presentada por la empresa adjudicataria.

En ambos casos, el itinerario debía incluir los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, además de un puerto de cada una de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

La documentación no determinaba qué puertos concretos de estas tres últimas islas debían utilizarse.

Cada recorrido debía ser realizado íntegramente por un mismo buque, sin dividir las distintas escalas entre varias embarcaciones.

La empresa adjudicataria también habría tenido que prestar servicios adicionales de refuerzo cuando así lo determinara la Dirección General de la Marina Mercante, especialmente durante las vacaciones de Navidad, verano y Semana Santa, así como en otros periodos de elevada demanda.

Obligaciones de servicio público

Las obligaciones de servicio público (OSP) establecen las condiciones que deben cumplir las navieras para prestar determinadas conexiones marítimas de interés general.

En esta licitación, el Estado pretendía contratar una línea regular con una frecuencia mínima, escalas obligatorias, capacidad de transporte y tarifas máximas para los pasajeros y sus vehículos.

El servicio contratado debía mantener la continuidad durante todo el año y garantizar la disponibilidad de plazas, con independencia de las condiciones de demanda que se produjeran en cada periodo.

Los buques exigidos debían tener capacidad para al menos 400 pasajeros, alojados en camarotes, y 170 vehículos, además de cumplir los requisitos de seguridad, accesibilidad y servicios a bordo establecidos en el pliego.

Entre las prestaciones obligatorias figuraban la atención a los pasajeros durante toda la travesía, un servicio médico a bordo, conexión wifi gratuita y espacios habilitados para viajar con mascotas.

Tarifas máximas

La documentación del concurso también fijaba precios máximos para los billetes de los pasajeros y sus vehículos.

El contrato contemplaba una conexión semanal de ida y vuelta desde Cádiz o Huelva, con transporte de pasajeros y vehículos, durante un año y un presupuesto de 3.042.000 euros

Para las personas de entre 31 y 59 años, el límite era de 440 euros en camarote y 282 euros en otras acomodaciones.

En el caso de los viajeros de entre 12 y 30 años y de las personas de 60 años o más, las tarifas máximas se situaban en 352 euros en camarote y 225,60 euros en las restantes acomodaciones.

Para los menores de 12 años se establecían precios máximos de 220 y 141 euros, respectivamente.

El transporte de vehículos en régimen de pasaje tenía un límite de 235 euros por unidad.

El pliego permitía a las compañías presentar ofertas con precios inferiores a estos máximos y establecía que los importes debían incluir los conceptos y tasas aplicables antes de los descuentos.

Déficit del servicio

El presupuesto base de 3.042.000 euros estaba destinado a compensar el déficit estimado de explotación de la línea marítima durante los doce meses de vigencia del contrato.

Según el estudio económico incorporado al pliego, la Administración calculó unos ingresos anuales de 30,03 millones de euros, procedentes del transporte de pasajeros, vehículos, carga y servicios a bordo.

El documento estimaba unos costes totales de 31,20 millones de euros, a los que añadía un beneficio industrial del 6 por ciento, equivalente a 1,87 millones.

De este cálculo resultaba una necesidad de compensación pública de 3,04 millones de euros, importe por el que se convocó el concurso que finalmente ha quedado desierto.

Conexiones actuales

Pese a la falta de ofertas para el nuevo contrato, el Ministerio de Transportes ha asegurado que las conexiones marítimas de interés público entre la Península y Canarias continúan prestándose con normalidad bajo el régimen de obligaciones de servicio público vigente.

En concreto, ha señalado que se mantienen operativas las rutas Huelva-Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife y Cádiz-Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife.

Transportes ha ratificado su compromiso de reforzar la conectividad marítima y ha indicado que estudia las medidas administrativas que resulten necesarias tras quedar desierta la licitación.

El Ministerio no ha concretado qué procedimiento adoptará a continuación ni si convocará un nuevo concurso con modificaciones respecto de las condiciones iniciales.