El empresario José Antonio Newport, miembro de la directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), se ha acogido a su derecho a no declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro, en el marco de la causa penal abierta por sus socios en el proyecto de parque temático Dreamland en Fuerteventura.

Newport compareció poco antes de las nueve de la mañana en el edificio judicial de la calle Secundino Alonso, acompañado de su abogada, Maria Rosa Díaz Bertrana. Según ha trascendido, no declaró ante el juez instructor. Permaneció alrededor de una hora en el edificio judicial.

Además de Newport también estaba citado a la misma hora el representante de la empresa Newport Media & Films SL, sociedad contra la que también se han querellado los otros socios del proyecto Dreamland.

En la mañana de este martes también se citó a los querellantes, representantes de las empresas Alquimia Venture Capital y Volcano Films, además del empresario Sebastián Enrique Álvarez, vinculado a esta última productora audiovisual.

La causa penal se abrió después de la querella por supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios, tanto contra Newport como contra una de sus empresas, Newport Media & Films. El empresario tenía que haber declarado a comienzos de abril, pero la citación se pospuso tras la petición de su defensa hasta este martes.

La querella parte de las empresas Alquimia Venture Capital y Volcano International Productions. Esta última, conocida en el sector audiovisual como Volcano Films, es una productora con sede en Tenerife, creada en 1994 y especializada en el desarrollo de rodajes en el Archipiélago, como la película ‘Exodus: Dioses y Reyes’, que se rodó en Fuerteventura.

Según sostienen los socios que han entablado acciones penales contra Newport, en realidad el proyecto ya se había madurado cuando conocieron al empresario majorero, dedicado especialmente a las academias de formación y el sector inmobiliario. En septiembre de 2020 se constituyó Dremland Studios con un desembolso de 600.000 euros de capital: la mitad en manos de Newport, una cuarta parte Alquimia Venture Capital y lo mismo Volcano Films.

Como se recordará, el inicio de la declaración de interés insular del proyecto en Fuerteventura se quedó sobre la mesa en el pleno del Cabildo a comienzos de 2021, cuando el entonces presidente Blas Acosta perdió la mayoría. Finalmente saldría adelante en octubre de 2022, con Sergio Lloret en la presidencia, el respaldo del PSOE y el consejero Andrés Briansó, que se había presentado por Podemos. Los votos en contra de CC y PP no fueron suficientes.

Sin embargo, pocos meses después, en marzo de 2023, se constituyó una empresa de nombre casi idéntico (Dreamland Studios Canarias), compuesta por la empresa original, que tendría apenas un 24 por ciento, una sociedad de Newport y otra compañía del grupo Lopesan. Los querellantes sostienen, según las fuentes consultadas por este periódico, que desconocían la constitución de la nueva empresa y aseguran que no dieron su autorización.

Origen del conflicto

El origen del conflicto estaría además en que la nueva mercantil habría asumido unos compromisos de desembolsos económicos que, en última instancia, los socios minoritarios consideran que les perjudican. Entre ellos la compra del antiguo campo de golf de Lopesan en Telde a la propia empresa de Eustasio López por unos cinco millones de euros.

Por ello, el Juzgado número cuatro de Puerto del Rosario también ha ordenado que este martes compareciese como testigo el representante legal de la empresa del grupo Lopesan, denominada Key Travel SAU.

El magistrado Ignacio Valledor también ha reclamado a esta empresa que aporte el contrato con opción de compra del terreno y que informe “de cualquier operación o contrato que haya suscrito” con Newport, como administrador de Dreamland Studios Canarias.

Según ha podido saber Diario de Fuerteventura, los dos socios originales de Newport en Dreamland también entienden que, al margen de haber quedado diluidos en el accionariado de la empresa que ha capitaneado el proyecto en Gran Canaria, del que poseerían apenas un seis por ciento cada uno de forma indirecta, se ha utilizado sin su consentimiento la marca del proyecto.

Otro compromiso económico que es objeto de investigación por parte del Juzgado es el patrocinio del club baloncesto Gran Canaria, propiedad del Cabildo de la citada Isla. Los querellantes estiman que el desembolso puede suponer unos cuatro millones de euros por este concepto, así como que se estaría utilizando una marca para la que la empresa original solicitó el registro en diciembre de 2020.