El expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, actual candidato de CC al Parlamento, el anterior consejero de Aguas y candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario, Manuel Miranda, el actual presidente insular en funciones, Marcial Morales y el consejero del área en funciones, Andrés Díaz, han declarado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la capital majorera por un presunto delito de prevaricación continuada en la gestión del agua en la Isla.

Cabrera ha declarado ante la titular del Juzgado, Ana María Sanz, tras perder su condición de aforado, y afirmó al salir que se encontraba "más tranquilo" que cuando se enteró de la denuncia por la prensa, en la que se le acusa de un presunto delito de prevaricación continuada en la gestión del agua en Fuerteventura entre los años 2008 a 2017.

Tanto Cabrera como Morales, Miranda, Díaz y el técnico Rafael Melián, al que se investiga por presunta falsedad documental, justificaron su gestión en favor del servicio público insular. "Con esta declaración he tenido la oportunidad de explicar de lo que se nos intenta acusar y dar la versión del trabajo del día a día en el Consorcio de Aguas, que no es muy conocida pero que tiene un servicio clave en Fuerteventura", apuntó Cabrera.

"Ante la jueza he aclarado por qué había necesidad de contratar retroexcavadoras para arreglar averías, que eran imprevisibles en cualquier punto de la Isla y a cualquier hora y día del año, debido al estado del servicio", indicó.

Seguidamente, Mario Cabrera resaltó que había que "tirar automáticamente de cubas de agua que estuvieran autorizadas por Sanidad para transportar agua potable” y que “no había tantas”. “Con todas ellas se llegaba a acuerdos de forma puntual, sin que fueran grandes las cantidades", ha detallado fuera del Juzgado.

En los datos que han trascendido relacionados con la investigación se baraja una facturación en nueve años, por la compra de agua privada, superior al millón de euros y de más de 600.000 euros por el transporte de la misma.

También en relación a las compras puntuales de agua, Cabrera aclaró que se ordenaban "cuando el Consorcio no era capaz de dar abasto como se venía haciendo desde hace mucho tiempo". A las preguntas de por qué se compraba a un empresario de Tequital, dijo que porque era para suministrar a esa zona concretamente y, sobre la demanda de cubas, agregó que los depósitos bajaban de nivel "y se necesitaba repostar".

El expresidente del Cabildo ha reiterado que las averías eran frecuentes por la situación que presentaba el suministro de agua, dado que "las tuberías no aguantaban la presión y reventaban".

Con respecto al combustible, el expresidente insular ha indicado que siempre se acogieron "a los mejores precios", al igual que lo hacía el Cabildo, "facilitando la distribución a lo largo de todo el territorio majorero".

Mario Cabrera argumentó que salía tranquilo del Juzgado, su "primera vez en 28 años en la política" porque toda la gestión realizada, añadió, "ha sido en favor del servicio y de la población de Fuerteventura". Asimismo, vaticinó que ahora les queda mucho trabajo por delante a los que vengan en la próxima legislatura a trabajar en este ente".

Del TSJC al Juzgado de Puerto

A principios de octubre de 2018 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) presentó una querella por la gestión del CAAF. Al perder Mario Cabrera su condición de aforado con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, en noviembre del año pasado, la causa pasó a los juzgados de Puerto del Rosario.

La querella del fiscal Ernesto Vieira tiene su origen en una denuncia inicial del comité del empresa del CAAF y en la misma se apunta a una "serie de presuntas irregularidades por parte de esta empresa pública en la compra de agua procedentes de pozos y catas, contratación de retroexcavadoras, adquisición de combustible y transporte de cubas de agua".

En el alquiler de maquinaria para el mantenimiento e instalación de las redes de distribución de agua en nueve años, de 2008 a 2017 se pagó 1.633.013 euros, y en el transporte de agua se acumularon pagos por parte del CAAF, en este mismo período, por un importe de 648.233 euros. A las que se suman facturas por carburantes.

El nombre de un empresario aparece de forma destacada en la querella. La Fiscalía ve indicios de irregularidades en las contrataciones "a dedo", sin concurso público, en la compra de agua al empresario Fermín Pérez Armas, que abastecía al depósito de Tequital.