Diecisiete años después de la aprobación ilegal de la urbanización de Majanicho, la Comisión Europea ha puesto la lupa en uno de los casos de urbanismo salvaje más relevantes del Archipiélago canario. La Comisión investiga el proyecto urbanístico, que se ejecutó a pesar de la anulación firme del Tribunal Supremo, por vulnerar la normativa europea sobre protección ambiental y ha abierto un procedimiento de infracción contra España.

9 de diciembre de 2001. Seis y media de la mañana. El entonces alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, Domingo González Arroyo, conocido como ‘El Marqués de las Dunas’, celebra con muchas prisas un pleno para aprobar lo que hoy se conoce como ‘Origo Mare’, explotado por la cadena francesa Pierre & Vances. Su denominación oficial: Plan Parcial SAU 12 ‘Casas de Majanicho’. La iniciativa despertó en aquel momento una profunda polémica y al pleno acudieron ecologistas en pijama para protestar por la aprobación de una urbanización que cambiaría por completo un entorno natural.

Precisamente, la Comisión Europea acaba de destacar que el plan urbanístico de Majanicho incumple dos directivas comunitarias: la de evaluación de impacto ambiental, que exige la elaboración de un informe previo a su desarrollo, y la de hábitat, que requiere una evaluación de impactos sobre las “áreas de protección especial”. En cambio, la urbanización, de casi dos millones de metros cuadrados, se llevó a cabo sin informes sectoriales y sin que ni siquiera se hubiera publicado el planeamiento municipal, las Normas Subsidiarias.

Con la aprobación en el pleno controlado por González Arroyo, entonces líder del Partido Popular en Fuerteventura, se daba vía libre a la construcción sobre la arenas vírgenes de Majanicho. El grupo ecologista Agonane denunció de forma inmediata la aprobación del plan parcial ante los tribunales. Así comienza la historia de una trama jurídica, en la que las decisiones de los tribunales van por un lado (anulando el plan parcial) y los hechos van en otra dirección (consumándose la construcción).

Europa tramita una infracción contra España por vulnerar la normativa sobre protección ambiental en la urbanización Origo Mare que se levantó a pesar de las sentencias judiciales

Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que en octubre de 2006 da la razón a los ecologistas y declara anulado el plan parcial de Majanicho. La promotora de la urbanización, Nombredo, del empresario ovetense César Zarceño Prieto, recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo. Pierde el procedimiento y el Supremo confirma la anulación del plan parcial en febrero de 2011, fallando a favor del grupo ecologista Agonane. En el ‘vía crucis’ judicial quedó claro que no se informó acerca de las alegaciones al plan parcial, que el proyecto urbanístico carecía de estudio de impacto ambiental y que la zona tenía un evidente valor paisajístico y ornitológico.

La victoria judicial no se tradujo en un freno para la construcción de la urbanización. La confluencia de maniobras en el plano jurídico, político y empresarial tuvo como consecuencia que, en la práctica, la sentencia firme del Supremo no impidiera la ejecución de las obras. En la denuncia ante la Comisión Europea se destaca la “indefensión” y el daño ocasionado al interés general y al medio ambiente, y se resalta que la urbanización de Majanicho es un ejemplo evidente de un problema “sistémico” en la aplicación de las leyes de uso del suelo en Canarias, que se concreta principalmente en la aprobación municipal de proyectos fuera de ordenación sin la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto visual de la urbanización en la costa de Majanicho.

“Cicatrices”

“Las cicatrices de más de quince años de litigio son difíciles de superar”, señala Juan Antonio Cabrera, presidente de Agonane, de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción. “Por ello, cualquier atisbo de esperanza, como la apertura de expediente al resort por parte de la Unión Europea, es muy positiva”, subraya. Los más de diez años de pleito judicial posibilitaron la construcción ilegal del actual complejo ‘Origo Mare’.

En esa década se produjeron más huellas que las que dejaron en el terreno las obras: en el plano humano, falleció de cáncer una de las abogadas que colaboraba con el grupo ecologista, y en el ámbito político, la negativa a avalar vías para facilitar el desarrollo de la urbanización ilegal provocó la expulsión del grupo de gobierno municipal del que era teniente alcalde y concejal de Medio Ambiente de La Oliva, José Luis López.

Procedente de la asociación vecinal Las Clavellinas, López estaba integrado en el equipo de gobierno encabezado por Coalición Canaria (CC), que consiguió apartar del poder a González Arroyo en mayo de 2003, tras 24 años consecutivos de poder absoluto en el norte de Fuerteventura.

Cuando Claudina Morales (CC) ganó aquellas elecciones parecía que todo iba a cambiar en La Oliva y que se pondría punto final a la especulación instaurada en la época del ‘Marqués’. Sin embargo, la nueva alcaldesa concedió nuevas licencias a la urbanización, a sabiendas de que se trataba de un plan parcial con irregularidades. López votó en contra de esa decisión, lo que le costó su expulsión del grupo de gobierno.

En una denuncia a la Fiscalía presentada por los ecologistas, se decía que “se pergeñó la forma de no implicarse y a la vez que la promotora obtuviese las licencias de primera ocupación, la cédula de habitabilidad y la recepción de las obras de urbanización”. La fórmula era “dejar transcurrir los plazos para la concesión de licencia y no oponerse en el procedimiento judicial iniciado para declarar la procedencia por silencio administrativo”.

La construcción de la urbanización de Majanicho contó con apoyos incondicionales en las instituciones de la Isla. No solo en el Ayuntamiento de La Oliva sino también en el Cabildo de Fuerteventura. En el ámbito político y también en el técnico. Incluso la empresa tuvo una subvención pública del Gobierno de Canarias para abrir el establecimiento. Y los informes del que fue secretario del Consistorio y luego de la Corporación insular, Miguel Ángel Rodríguez, fueron decisivos para consumar una urbanización que invade suelo rústico especialmente protegido y cuya carretera de acceso está dentro de la Red Natura de la Unión Europea.

Tras la anulación por el Supremo de la aprobación del plan parcial, también fueron declarados nulos el convenio urbanístico firmado por el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva con los promotores con posterioridad, el proyecto de urbanización e incluso, en primera instancia, se anularon también las licencias de obra. Sin embargo, cuando Majanicho parecía que volvería a ser un sitio silencioso, hábitat de especies en peligro de extinción, la ejecución de las resoluciones judiciales no impidió la construcción. Para el presidente de Agonane, el proceso fue “un mazazo” y apenas se obligó realmente más que a la publicación de la anulación del plan parcial. Para los ecologistas, “la lentitud de las actuaciones judiciales y la incongruencia en la fase de ejecución de las sentencias han contribuido a consolidar la desprotección de una zona virgen”.

Protesta en el pleno, con ecologistas en pijama.

“Licencia provisional”

En 2014, el Ayuntamiento de La Oliva dio una “licencia provisional de construcción” para adaptar a un uso hotelero las villas residenciales de la urbanización Origo Mare, que llevaban años abandonadas, reconvirtiéndolas en un hotel de cinco estrellas gran lujo, a pesar de que el plan parcial de Majanicho estaba anulado por sentencia firme. Todos los juristas y urbanistas consultados por Diario de Fuerteventura consideran que es “inviable” dar licencias provisionales para este tipo de construcción.

El absurdo llegó a su límite cuando el propio arquitecto de la urbanización, Rafael Beca de la Fuente, denunció en los tribunales y ante el Ayuntamiento de La Oliva que la promotora Nombredo le había falsificado la firma ante el Colegio de Arquitectos de Fuerteventura para conseguir el visado del proyecto. En aquel momento, el arquitecto, uno de los dos de la urbanización, advierte a la alcaldesa Claudina Morales en un burofax de la estafa que se ha perpetrado al erario público por parte de la constructora: se presentó un proyecto modificado, sin tener en cuenta a uno de sus autores, “para legalizar las obras que se han construido sin ajustarse a la licencia concedida en su día” y se declaró “un presupuesto muy inferior al realmente ejecutado” y que sobrepasaba los seis millones de euros.

El arquitecto señalaba que su denuncia era “fácil de comprobar”, solicitando al banco “las copias de las certificaciones de obra” que eran necesarias para que la entidad abonara las facturas de la construcción, ya que fiscalizaba todos los gastos. “Este hecho”, advertía, “puede suponer una merma en los ingresos del Ayuntamiento”, ya que “tanto las tasas como los impuestos a percibir están relacionados con el coste real de las obras y no con el presupuesto que arbitrariamente se indique en el proyecto”.