El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aumentado la pena para un hombre que fue condenado por secuestrar, violar, agredir y drogar durante dos días a su expareja en Fuerteventura, vulnerando una orden judicial de alejamiento.

La Audiencia le condenó en enero a 18 años y cinco meses de cárcel, por un delito de maltrato habitual (un año y medio), un delito continuado de agresión sexual con penetración (10 años y medio), un delito de detención ilegal (cinco años), otro de quebrantamiento de medida cautelar (nueve meses) y uno más de resistencia a la autoridad (ocho meses).

En una sentencia de este pasado 7 de junio, el TSJC acepta el recurso de apelación de la víctima y añade un delito de maltrato en el ámbito familiar, que castiga con un año de cárcel, el máximo previsto, por la gravedad del caso y por haberse cometido vulnerando una orden de alejamiento.

Además, el Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia de la que es ponente la magistrada Carla Bellini, eleva la pena por el delito continuado de agresión sexual a 14 años, “en atención a la patente gravedad de los hechos padecidos por la víctima, la cual fue vejada, humillada, violada, agredida física y psíquicamente, retenida durante casi tres días y drogada”.

El TSJC añade para justificar el endurecimiento de la pena que la mujer fue “utilizada” por su agresor, “en el pleno sentido de la palabra, sin posibilidad alguna de defenderse de las agresiones físicas y psíquicas, en una situación de encierro, sin libertad de movimiento, como si de un animal se tratara”.

Con el resto de los delitos y penas que se mantienen de la sentencia inicial de la Audiencia, la resolución del Tribunal Superior de Justicia incrementa hasta los 22 años y cinco meses de prisión la privación de libertad del condenado.

El Tribunal destaca que la víctima fue “utilizada” por su agresor, “sin posibilidad alguna de defenderse”, en una “situación de encierro”, como “si de un animal se tratara”

Los terroríficos hechos descritos en la sentencia ocurrieron entre el 26 y el 28 de mayo de 2022 en Puerto del Rosario. El agresor y la víctima habían sido pareja durante unos ocho meses. Ese mismo mes de mayo, el día 21, el Juzgado número uno de Puerto del Rosario había impuesto al agresor la prohibición de comunicarse y aproximarse a su expareja a menos de 500 metros.

Pese a esa orden judicial de alejamiento, dos días después el hombre vio a la mujer por la calle, “se acercó a ella y la abrazó”. En la sentencia se relatan episodios previos de violencia de género, con agresiones físicas e insultos, tal y como confirmaron diversos testigos, incluido un hijo de la víctima. La mujer sufrió “humillación, dominación y temor” durante el tiempo en que fueron pareja. Un conocido de la pareja detalló cómo presenció una de esas agresiones en su propia casa, en la que “él le pegó y ella se orinó encima”.

Secuestrada y agredida

La mujer fue retenida en la casa de su agresor desde el 26 de mayo. Allí estuvo encerrada contra su voluntad hasta que el día 28 de mayo se presentaron siete agentes de la Policía Nacional, tras recibir una llamada. El hombre “se negó reiteradamente” durante “casi una hora” a abrir la puerta de la vivienda y golpeó a la mujer en presencia de los agentes, a los que sacó “cuchillos” y amenazó de muerte.

El hombre también fue acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, pero la Justicia ha considerado que no quedó acreditado que “pretendiera acabar en ningún momento con la vida” de la mujer, “sino más bien amedrentarla y dejar patente en todo momento su dominación y poder de disposición” sobre ella”.

Cuando fue rescatada por la Policía Nacional, la víctima presentaba numerosos hematomas y dolores en las costillas. Un agente relató que cuando el hombre finalmente abrió la puerta, en estado de agresividad, “vio a la mujer con la cara desfigurada”. En presencia de los policías, “arrojó a la mujer al suelo haciendo que la misma se golpeara la cabeza”. Precisó de 15 días para curarse de las heridas y tuvo que seguir tratamiento psicológico por ansiedad.

Violada en un “ambiente de terror”

En la sentencia inicial del caso se resalta el “ambiente de terror” que sufrió la mujer y se destaca que las pruebas confirman las “numerosas agresiones sexuales” a las que fue sometida los días que estuvo secuestrada. Además del testimonio de la víctima, el informe pericial apunta a que “la cantidad de semen que la mujer alojaba en su vagina tras esas horas era consecuencia de un número elevado de eyaculaciones en su interior”, sin haberse incorporado durante un importante periodo de tiempo.

El condenado le obligó a “consumir pastillas” como Tranquimazin”. Las relaciones sexuales, señala la Justicia, fueron “contrarias a la voluntad” de la mujer, en contra de lo que alegaba el agresor. Así, fueron “toleradas únicamente por una incapacidad de reaccionar ante la situación de temor generada por el comportamiento agresivo” del condenado, en una “situación de amedrentamiento y cuasi inconsciencia”.