“Era alquilar y aguantar hambre o venir a estas casas y tener el plato de comida para mis hijos”, cuenta Elena, madre soltera y con dos hijos, uno de seis años y el otro de casi dos, a su cargo. Las circunstancias de la vida la empujaron a okupar una de las viviendas de la urbanización conocida como Marlape, las llamadas Casas Verdes de Playa Blanca. Cada noche se va a la cama con el temor de que algún día llamen a la puerta y se vea durmiendo con los pequeños en la calle. “El mayor cree que hemos comprado la casa. Intento mantenerlos al margen de esta realidad”, asegura.

Elena, de 34 años, vivía de alquiler con su pareja y sus dos hijos. Es víctima de violencia de género. Sufrió episodios de maltrato psicológico y físico. “No quería que mis hijos crecieran en ese ambiente. Aguanté mucho tiempo intentando buscar una casa de alquiler que se ajustara a mi sueldo, pero no la pude conseguir”, dice entre lágrimas. Con un salario de 700 euros al mes y una expareja que no ayuda ni con un euro, la mujer no pudo hacer frente a una renta de alquiler. Al final, no le quedó otra que llamar a la puerta de la okupación.

Elena es una de las alrededor de 200 personas, entre ellas 66 menores, que se encuentran viviendo en esta zona de Playa Blanca, un complejo de 96 inmuebles que se quedó a mitad de construir en 2006. Las estructuras de las edificaciones, algunas de ellas propiedad de la Sareb, el conocido como banco malo, han ido esquivando el paso del tiempo hasta que, en octubre pasado, empezaron a habitarse por familias que buscan refugio huyendo de la precariedad salarial, la falta de casas de alquiler, el desalojo paulatino de los barrios por el empuje de los apartamentos turísticos y la ausencia de vivienda social en una isla en la que desde hace décadas no se construye vivienda de protección oficial.

Chus Vila es la portavoz del Sindicato de Inquilinas. Conocida en Fuerteventura por su incansable lucha por el acceso a una vivienda digna, explica que el perfil de las personas que habitan en esta zona de Playa Blanca es el de familias trabajadoras, con más o menos ingresos económicos, “a los que la inaccesibilidad de la vivienda para la clase trabajadora les ha obligado a meterse en ellas. No les quedaba otro remedio”.

También viven víctimas de violencia de género. “Se dan casos de mujeres que han tenido que meterse aquí para escapar de su exmarido, de una situación de violencia de género.Son personas que necesitaban un sitio donde ir con sus hijos”, apunta la activista. Junto a ellas conviven mayores, tal vez el menor grupo, que “tampoco tienen alternativa habitacional por lo carísimo que es acceder a una vivienda en Puerto del Rosario y en el resto de la Isla”, explica.

Poco a poco, se ha ido creando una comunidad de vecinos donde conviven personas migrantes, algunas en situación irregular que sin papeles no pueden acceder a un alquiler ni a un contrato laboral, con familias de Península y de la propia Fuerteventura.

Grupo de viviendas de la urbanización. 

Hay mujeres que han tenido que mudarse a las casas huyendo de sus maltratadores

Son las once de la mañana de mitad de un miércoles de principios de junio. Una de las Casas Verdes se encuentra con la puerta abierta. Dentro esperan cinco vecinas y algunos integrantes del Sindicato de Inquilinas. Es la primera vez que abren sus puertas a un medio de comunicación. Se muestran felices de que alguien se detenga a escucharlas.

Llevan tiempo oyendo mensajes desde las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de la capital, y residentes de Playa Blanca que las acusan de estar convirtiendo el lugar en “un gueto” y de dar una mala imagen para los miles de turistas que aterrizan cada día en el cercano aeropuerto.

“Se están empezando a verter acusaciones sobre ellas sin ningún tipo de pruebas. Han dicho que se sospecha que se está ejerciendo el tráfico de drogas y la prostitución. Esto está alejado de la realidad, pero es muy fácil decirlo y victimizar aún más a las víctimas”, denuncia Chus. “No se puede decir que sea un gueto. Son gente normal que entra y sale de sus casas; llevan a sus hijos al colegio; compran en el supermercado...”, explica mientras se pregunta “¿qué gueto, qué tráfico de droga y prostitución hay aquí? Y, de ser cierto, no es el único barrio de Puerto del Rosario donde lo hay”.

En los últimos tiempos también han escuchado que las viviendas no tienen saneamiento y están filtrándose aguas sucias que “están llegando hasta la misma playa”. “Había una perdida mínima en una tubería. Ni siquiera era de aguas sucias. Estamos intentando localizarla para corregirla. En el resto de las canalizaciones se han hecho comprobaciones y están bien por lo que no hay vertidos de aguas fecales en ningún punto. No hay derrames a las zonas comunes y menos que lleguen al mar”, sostiene la portavoz del Sindicato de Inquilinas y recuerda que han sido los propios vecinos quienes se han agrupado para hacer peonadas y limpiar la zona.

A su juicio, el problema que sobrevuela sobre los vecinos de las Casas Verdes es que “administraciones, como el Ayuntamiento, y algunos vecinos de la zona, por sus creencias ideológicas y por su propia situación económica personal, no toleran que esta gente viva aquí”. “La mala fama que se les está dando como comunidad la están viviendo con mucha tristeza”, lamenta.

Tras escuchar a Chus, Sandra Milena toma la palabra. Es colombiana. Un día decidió hacer las maletas y dejar atrás un país donde la inseguridad y la pobreza abocan cada año a miles de personas a emigrar. “En Colombia hay mucha violencia y nadie quiere sufrir eso. Allí no hay alternativas y llega un momento en el que tienes que luchar por la familia y buscar opciones fuera”, cuenta. Ella y su marido están en situación irregular.

Hace un tiempo, decidieron okupar una de las casas de Playa Blanca. “Con 1.200 euros de sueldo, no puedo acceder a un alquiler y ayudar a mis dos hijas, de 17 y 18 años, y a mi mamá que están en Colombia”, explica. Y añade: “Nos juzgan y señalan, pero sólo queremos luchar por las familias que tenemos fuera. Al final, todos queremos batallar por un futuro”.

Los vecinos se muestran partidarios de un alquiler social. “Hemos hecho vivibles estas casas. Hemos puesto puertas, baños y cocinas. Quisiera que el día de mañana fueran nuestras y nos dijeran cuánto tenemos que pagar”, asegura Sandra Milena.

Chus retoma la palabra para explicar el complicado estado al que se enfrenta la población que reside en la Isla para conseguir una vivienda. “La situación es tal que ya ni siquiera demandamos un alquiler social sino un alquiler razonable. Ahora mismo, la clase trabajadora está desesperada. Hace cuatro o cinco años una pareja podía costearse una vivienda, pero ahora no puede pagar ni un apartamento. La clase trabajadora sigue manteniendo los mismos sueldos por lo que necesitamos pisos a la altura de nuestras circunstancias salariales”.

Una de las residentes de Marlape. 

Paula okupó porque su anterior arrendador destinó la casa al vacacional

La vecina de Sandra Milena se llama Nancy y también es colombiana. Llegó hace dos años a Fuerteventura. Su esposo lo había hecho cuatro años antes. Empieza su relato aclarando el motivo por el que decidió subirse a un avión que la acercara a España. “Tengo una niña con autismo. Me vine con ella. Allá la discriminaban, incluso los mismos vecinos. Los niños no entendían por qué mi hija no hablaba y era agresiva”, explica.

Nancy quería una respuesta médica al comportamiento de su hija, de seis años. Fue en Fuerteventura donde la obtuvo. “Siempre escuché que la salud en este país era muy buena y así es porque fue aquí donde le descubrieron el autismo. En este país, mi hija ha recibido mucho amor”.

En un principio, vivió de alquiler hasta que empezó a tener problemas con un vecino. “Él consumía droga”, y detiene la conversación para apostillar “y casualmente no vivía en las Casas Verdes” y continúa explicando que cuando este no consumía era “todo un caballero, pero cuando lo hacía o se alcoholizaba se volvía muy violento. Yo vendo arepas de maíz. Él me compraba y cuando no tenía dinero le decía que me pagara en otro momento. Un día me preguntó cuánto me debía. No le gustó el precio. Discutimos y me agredió delante de mi hija. Hice la denuncia, pero transcurrió mucho tiempo”. Las agresiones continuaron cada vez que volvía a casa alcoholizado. “Al final, tuve que buscar un piso. No era justo estar allí. Me sentía acosada”, asegura mientras recuerda cómo los nervios le atacaban cada vez que metía la llave en la cerradura para entrar al piso.

Las casas de Playa Blanca le abrieron las puertas. Vive en una de ellas desde diciembre junto al resto de su familia, entre ellos un nieto de dos años. “Estamos en situación irregular. Cuando me fui de la anterior vivienda, busqué piso. No conseguimos nada. Al no tener contrato de trabajo, no era posible”, explica.

Cuando llegó a Playa Blanca se encontró con una estructura de bloques con forma de casa. “Estaba llena de palomas muertas y excrementos de humanos y animales. Era horrible, pero tenía tantas ganas de salir de donde estaba que me hubiera ido a vivir bajo unas lonas”, asegura.

Gastó muchos botes de productos de limpieza y pasó muchas veces el cepillo y la fregona por el suelo hasta que pudo empezar a dar forma a un hogar. No había cocina ni baño. Los conocidos le fueron dando piezas para montarlos. A veces, iba a las zonas de vertidos en busca de una ventana o de un lavabo.

Ninguno de los miembros de la familia trabaja. Nancy recibe una ayuda de Cruz Roja. “La vida de un okupa es bastante difícil. Sufres discriminación”, sostiene. A la pregunta de qué les diría a todos aquellos que se han convertido en un garrote vil contra los okupas, Nancy responde invitándolos a su casa. “Les contaría mi historia desde el principio. Esta vida no es fácil. Es más fácil pagar un recibo del agua y la luz a no tener luz ni agua y no poderme quejar. El resto puede exigir, por ejemplo, unos contenedores en su calle. Nosotros nos tenemos que acomodar con lo que hay. No queremos vivir así. Es lo que nos ha tocado”, insiste.

Panorámica de la urbanización Marlape, en Playa Blanca. 

Las casas se quedaron a medias en 2006 y han estado abandonadas

Nancy termina su relato y da la palabra a María. Es majorera y desde octubre arrastra la etiqueta de okupa. “Tengo un perrito, pero donde estaba antes viviendo no me dejaban seguir por tener el animal”. Durante dos años, buscó un alquiler hasta que decidió tirar la toalla y okupar.

“Creen que ser okupa es una vida fácil y no lo es. Piensan que va todo bien y no se paga nada, pero cuando entré a la vivienda tuve que poner el piso. Estaban solo las paredes. Estoy aún terminando la reforma”, explica.

María asegura que a los okupas los tienen como “los malos, pero hace falta valor para okupar. Da mucho miedo lo que la gente dirá. También te arriesgas a que venga la Policía toque a la puerta y te diga que te vayas”, insiste.

Control policial

“Todo el día están los coches policiales pasando. Nos sentimos perseguidos sin hacer nada. Estas casas son del banco. Estaban abandonadas desde hace 18 años”, dice Paula, otra de las vecinas. Ella es de Colombia y como el resto de las moradoras con las que comparte bandera viajó a España en busca de un futuro para sus hijos. “Me vine con mi esposo y mis hijos. Tengo uno de ocho años y otro de 11. Cuando llegamos, estuvimos alquilando una habitación hasta que encontráramos algo. Pagábamos 350 euros al mes”, cuenta.

Luego consiguió una vivienda en renta hasta que el alquiler vacacional los empujó a la okupación. “El dueño nos pidió la casa para convertirla en alquiler vacacional. Fue entonces cuando nos tuvimos que mudar”, dice.

Paula se mudó a Playa Blanca en enero. “Llegamos con miedo. La casa era de las más inhabitables de la zona. Estaba solo el esqueleto. Desde octubre hasta enero, estuvimos trabajando para poder vivir en ella. Fue la única opción. Con niños nadie nos quería arrendar nada”, explica.

Chus Vila, del Sindicato de Inquilinas, conversa con las vecinas.

El miedo atraviesa al grupo de mujeres. Viven con el temor de que un día llegue una orden judicial y tengan que abandonar las viviendas. Se verían en la calle. También arrastran los estigmas. Paula asegura que, cuando ve a un propietario de la zona, baja la cabeza. “Me siento inferior a ellos”, asegura. Cuando va al supermercado intenta no coger un taxi porque “cuando les dices que te lleven a las Casas Verdes de Playa Blanca notas con la mirada el rechazo y cuando un conocido me acerca pido que me deje abajo. Trato de no traerlo acá. Los vecinos nos miran feo”.

“Cuando iba con mi hija a la parada de guagua y me preguntaban otros vecinos de Playa Blanca dónde vivía y les decía, con la mirada y los gestos notaba que no era aceptada”, cuenta Nancy.

En todos estos meses han echado en falta la visita de los que han puesto el foco sobre ellos para acusarles de ser casi un peligro público. “Nadie ha venido. Lo único que han hecho es discriminarnos e inventarse algunas cosas. No se han tomado la tarea de venir, tocar a la puerta y preguntarnos por nuestra situación. No queremos hacer daño a nadie, ni a la comunidad ni a los propietarios de arriba. Ellos nos ven como si quisiéramos okupar sus viviendas y no es así”, sostiene Paula.

A las cinco mujeres les gustaría que el alcalde de la capital, David de Vera, y el resto del grupo de gobierno se acercaran un día a sus casas, hablaran con ellas y escucharan las historias que las han arrastrado a la okupación. “Les invitaríamos a un café”, dicen a una sola voz.

La cafetera está al fuego. Esperan la llamada a la puerta.