El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario ha declarado abierto el juicio oral contra los acusados de “una trama delictiva orquestada” en torno a las casas del casco antiguo de Corralejo.

Como consecuencia del escrito de acusación presentado recientemente por el Ministerio Fiscal sobre el caso del casco viejo de Corralejo, la jueza, Margarita Rodríguez Rodríguez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, ha declarado oficialmente abierto el juicio oral, dirigida la acusación contra José Luis J.E., Cristina M.L., Fernando R.R., Eloy S.B., Patrick N., María de los Ángeles R.R., Feliciano A.C., Juan L.O., José Manuel J.V., José Blas A.V., y Ezequiel H.L.

El auto señala que los hechos denunciados, en su día, por los vecinos afectados del casco antiguo de Corralejo revisten las características de delito de estafa, y que, las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a los acusados de conformidad con lo establecido en el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía de Las Palmas pide una pena de seis años de cárcel para los tres principales implicados en la trama de venta de solares del casco viejo de Corralejo y cuatro años para el resto. Les acusa de ser culpables de un delito de estafa impropia y pide también la nulidad de los contratos de compraventa fraudulentos y que los acusados paguen, como responsabilidad civil, los costes de los procedimientos judiciales que tuvieron que iniciar 21 vecinos para mantener la posesión de sus viviendas.

Origen de la trama

En el escrito de acusación se hace, en primer lugar, un minucioso recorrido histórico por el origen de la finca matriz, desde que en 1959 Marcial Viñoly vendiera a Plalafusa la finca denominada Heredad de Guriame de 62.000 metros cuadrados y que tras varias segregaciones se queda en 50.000 y se pasa a llamar Parcela del Casco de Corralejo y sus aledaños, hasta que en mayo de 2001 el acusado José Manuel Jiménez del Valle compra la finca principal a Plalafusa y comienza a solicitar licencias de segregación de parcelas, que obtiene por silencio administrativo.

Llega a obtener hasta 65 licencias con la sociedad DelVal Internacional de parcelas que inscribe a su nombre en el Registro de la Propiedad y vende a terceros, a pesar de que conocía que no se trataba de solares sino de viviendas ya construidas que no habían sido registradas.

Algunas de las ventas se realizan a particulares pero la mayoría son a sociedades sin actividad mercantil creadas para la ocasión "con el único propósito de dar la apariencia lícita a unas operaciones manifiestamente fraudulentas, cual era la de poner a nombre de un tercero un inmueble y crear así de manera artificiosa la figura del tercero de buena fe registral y así evitar que su legítimo dueño pudiese recuperar su vivienda", señala Fiscalía. La mayoría de las casas acaban en manos de otra sociedad, Sincronía 99, de la que también es administrador único Del Valle.

La jueza ha emplazado a todos los acusados a fin de que, presenten escrito de defensa frente a la acusación formulada.