Alejandro Sanz, de 44 años, fue diagnosticado con esclerosis múltiple en 2018. Poco después, le reconocieron un 35 por ciento de discapacidad. En todos estos años, la enfermedad no ha parado de avanzar. En marzo de 2023 presentó en el registro de entrada del Cabildo una solicitud de cita para la revisión de su discapacidad. No ha tenido respuesta desde entonces. Es una de las personas que aguardan en la Isla por una cita con listas de espera que, en algunos casos, supera el año. Él necesita la nueva valoración, entre otras cosas, para poder tener la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Alejandro no sabe si cuando obtenga la tarjeta, la enfermedad le habrá permitido seguir conduciendo.

El 28 de mayo de 2021 el pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó el convenio por el que el Gobierno de Canarias encomendaba a la Corporación insular las tareas de evaluación psicológica y social del grado de discapacidad de las personas residentes en la Isla. La iniciativa pretendía poner freno a los retrasos que el servicio arrastraba en aquellos momentos.

El presidente de la Institución insular en ese entonces, Sergio Lloret, manifestaba que la firma del acuerdo suponía “un paso importante en la agilización de los trámites necesarios para obtener unas ayudas que, para estas personas y sus familiares, son vitales”.

Gracias a este convenio, el Cabildo incorporaba una trabajadora social y una psicóloga para la redacción de estos informes que sirven de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas, formulado por el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) de la Consejería de Derechos Sociales. La comunidad autónoma aportaba una médica, además de una administrativa al servicio. En el último pleno de 2022 se anunciaba un nuevo convenio que, desde la Institución insular, aseguraban que contribuye a “recortar las listas”.

Sin embargo, las listas de espera no han desaparecido. Las bajas en el equipo de valoración y que no sean sustituidas por parte del Gobierno de Canarias parecen estar detrás de los retrasos de un servicio que los trabajadores sociales de la Isla consideran “esencial”.

Los trabajadores sociales de los centros de salud de Fuerteventura han redactado un documento que han registrado en el Diputado del Común, Gobierno canario y Cabildo en el que alertan de que con estos retrasos se están ”vulnerando los derechos fundamentales” y en el que enumeran cómo estas personas se están viendo privadas de prestaciones y beneficios por no tener la valoración o la revisión de la discapacidad.

Entre ellos, la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, la inserción laboral para personas con discapacidad, prestaciones económicas y del Instituto Nacional de la Seguridad Social o beneficios sociales y fiscales como la declaración del IRPF, tarjeta de transporte, bonos sociales para consumo eléctrico, descuentos para la inclusión en instalaciones deportivas y culturales, etc.

Inestabilidad

Alejandro trabajaba como informático de la Policía Nacional hasta que en 2018 le diagnosticaron la esclerosis múltiple, aunque las sintomatologías habían aparecido tiempo antes de que los médicos le pusieran nombre a su enfermedad. “Ahora mismo, me afecta en la inestabilidad y el temblor, que es lo más acusado”, explica. Sufre un temblor en todo el lado derecho, tanto en los miembros superiores como inferiores. Incluso, tiene temblor en la cabeza, temblor cefálico.

Desde Adivia piden que no se tome el tema de los retrasos “a la ligera”

La enfermedad le arrastró a la incapacidad laboral. En agosto de 2018 se jubiló y al mes siguiente inició los trámites para obtener la discapacidad. En aquella ocasión, no tuvo que esperar más de unos meses. Le reconocieron un 35 por ciento de discapacidad. La sintomatología se ha ido agravando. “El temblor se ha empezado a hacer más acusado”, explica.

Lleva desde los 18 años conduciendo. Su pareja no conduce por lo que él es el único chófer que hay en la casa, aunque cada vez se encuentra más impedido para hacerlo. Sobre todo, cuando tiene que bajarse del vehículo. Cuando llega a un lugar se tropieza con la imposibilidad de aparcar en la zona reservada para personas con discapacidad. “Cuando llego a cualquier edificio administrativo, me doy cuenta de que no puedo hacer uso de las plazas de aparcamiento reservado para personas discapacitadas porque, en su momento, no consideraron que tuviera un problema de movilidad reducida. Eso conlleva que tampoco me otorgaran la placa para aparcamiento para discapacitados en zonas habilitadas para ellos”, comenta.

Ese fue uno de los motivos que le empujó a solicitar una revisión de la discapacidad. En marzo del año que acaba de terminar dio registro de entrada en el Cabildo para la solicitud de cita. No ha tenido respuesta. Esperaba que lo llamaran en un par de meses, tres a lo sumo, pero lleva casi diez meses esperando. “Me dicen que el tiempo mínimo es un año. Entonces, cuánto será el tiempo de tramitación después para aumentar el grado y que me den la chapa para el coche. El tiempo de respuesta, entonces, será de dos años”, apunta.

“Me parece tercermundista y no está acorde al país en el que vivimos ni la comunidad autónoma en la que estamos residiendo. Estos tiempos de espera no se pueden tolerar porque una persona discapacitada se muere por el camino”, lamenta.

Quejas y preguntas

La Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica de Fuerteventura (Adivia) ha recibido en el último año bastantes quejas y preguntas sobre el tema. Se han llevado a cabo diez asesoramientos a usuarios para denuncias y reclamaciones. Una de ellas se ha presentado en el Diputado del Común. La trabajadora social de Adivia, Cristina Cabrera, explica cómo las personas llegan hasta el local de la asociación preguntando sobre el tema después de ver retrasos en la valoración de “más de seis meses y hasta de un año”.

En los últimos meses, Cristina se ha topado con casos en los que el paciente espera por la revisión de discapacidad y debido a la tardanza no puede encontrar un trabajo protegido porque se le requiere el certificado de discapacidad o, incluso, un caso en el que debido al retraso en la revisión se suspendió la pensión no contributiva a la persona hasta que le volvieron a renovar la discapacidad. Mientras tanto, estuvo unos meses sin recibir la prestación económica. 

Los trabajadores sociales acuden al Diputado del Común, Cabildo y Gobierno

“A nivel social y personal esto afecta mucho a una persona que no puede trabajar y se encuentra dependiendo de una pensión”, expresa. “No es algo que se deba tomar a la ligera. Son personas y se debe tener en cuenta para que no estén pasando este tipo de cosas”, añade.

A principios de noviembre de 2022, Teresa Santana pidió cita para el reconocimiento de discapacidad. Un año y dos meses después, sigue sin ser citada. En 2022, escuchó la palabra fibromialgia, una patología con la que los médicos le ponían nombre a los dolores que llevaba padeciendo desde hacía 23 años.

“Tener que esperar 13 meses para la valoración me parece una falta de respeto”, dice con indignación. “Cuando entregué los papeles, me dijeron que se tardaba como dos años, pero eso me parece una injusticia tanto para mí como para cualquier persona que se vea en esta situación. Yo, más o menos, me puedo mover, pero hay personas que están mucho peor y no se pueden mover de sus casas. Es muy triste que tengan que esperar dos años”, lamenta.

Teresa está empleada en un Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero en unos meses se terminará. No sabe qué hará después. “No puedo pedir trabajo, por ejemplo, de cajera en un supermercado o de dependienta porque mi cuerpo no me lo permite”, asegura. Cree que ese reconocimiento del grado de discapacidad le puede abrir la puerta a acceder a trabajos que puedan convivir con su enfermedad. “No quiero un reconocimiento para estar en mi casa”, deja claro.

Ricardo Miranda tampoco quiere seguir en su casa con los brazos cruzados. Tiene 28 años, con 15 le diagnosticaron esquizofrenia. Poco después, le reconocieron un 65 por ciento de discapacidad. Hace siete meses solicitó una revisión, pero no ha sido hasta hace unos días cuando ha recibido la cita. “La persona que arregla los papeles, la trabajadora social, ha estado de baja y no ha habido sustituta”, explica.

“Sin los papeles de discapacidad no puedo trabajar, ni tampoco tener un remedio económico. Gracias a la familia he salido adelante, pero qué pasa cuando esa persona está sola y no tiene ayudas económicas. Cómo puede hacer para mantenerse”, se pregunta.

Tras la cita con la psicóloga y la trabajadora social, espera que le lleguen los papeles. En todo este tiempo, “no he podido trabajar ni tener ninguna ayuda”, asegura. “Me parecen muy mal esas esperas. Sin esos papeles no puedo hacer nada. Ni trabajar ni tener ayuda. Eso es frustrante. Al final, solo está la opción de estar en casa. No me siento útil”, explica.