“Doce años durmiendo en la calle, comiendo en Cáritas y buscando dónde ducharme”. Así resume Luis Alfredo García el calvario que ha vivido en España después de que un día no le permitieran renovar el permiso de residencia y pasara a formar parte de las miles de personas que viven invisibles para las estadísticas en nuestro país.

Luis Alfredo es colombiano, pero todos le conocen en Fuerteventura como el chileno. Explica el apodo recordando que cuando llegó a la isla jugaba el chileno Jorge Contreras, Coke, en la Unión Deportiva Las Palmas. “Yo empecé en la Unión Deportiva Fuerteventura y por mi parecido con él me empezaron a llamar el chileno”.

Llegó a Málaga en 1985 en busca de paz después de haber visto cómo un Día del Padre mataron al suyo, un sargento mayor de la Policía, delante de sus ojos. Aquí consiguió la paz y un trabajo como psicoterapeuta en Málaga, en uno de los primeros centros de Proyecto Hombre creados en España. También encontró esposa, una profesora con la que tuvo dos hijos, uno nacido en Cádiz y otro en Fuerteventura, isla a la que llegó en 1987.

Luis Alfredo García hizo el mismo camino, pero a la inversa, de América a Fuerteventura, que hizo su abuelo paterno, un majorero que un día también decidió huir de la Isla por la zona de Las Playitas a bordo de un vapor francés rumbo a Cuba.

En 1986, Luis Alfredo obtuvo el permiso de residencia y cuatro años más tarde la tarjeta de residente comunitario por estar casado con una española. La tarjeta la fue renovando cada cinco años hasta que en 2004 no se la volvieron a renovar y se convirtió en un extranjero en situación administrativa irregular.

La técnico en migraciones de la Asociación Entre Mares, María Greco, asegura que Luis Alfredo debería haber accedido a la residencia permanente comunitaria “con todas las de la ley porque llevaba cinco años con permiso de residencia”. Recuerda que “el Real Decreto 240/2007, que gestiona la situación de los extranjeros comunitarios en España, dice que la primera residencia será por un periodo de cinco años y la siguiente será permanente”.

Sin embargo, “muy pocos comunitarios acceden a la residencia permanente de diez años a pesar de que tanto el Real Decreto como la Directiva Comunitaria recogen que el acceso a la residencia permanente no tiene ningún requisito más que llevar viviendo cinco años en España”. A pesar de ello, “las subdelegaciones del Gobierno tramitan los permisos sin tener esto en cuenta y exigen, entre otras cuestiones, acreditar medios económicos”, denuncia la experta en migraciones.

Luis Alfredo tiene ahora 57 años, 14 los ha vivido en situación irregular en Fuerteventura, la misma isla en la que trabajó varios años, los últimos como autónomo, donde dio patadas al balón junto a algunos de los que hoy tienen cargos de responsabilidad en las instituciones y donde un buen amigo un día le dejó un furgón viejo para dormir.

Ahora vive de alquiler, pero adeuda a su casera tres meses y varios recibos de luz. También le han cortado el agua. Asegura que, tras quedarse sin trabajo, perdió todos sus ahorros intentando regularizar su situación. “Me tuve que ir a comer a Cáritas”, comenta mientras resume estos últimos años en “miseria, hambre y violencia”, ya que tampoco se ha librado de algún golpe mientras dormía en la calle.

En ella, han sido muchas las veces que lo han parado para solicitarle la documentación. “Siento vergüenza ajena porque me han tratado como un delincuente callejero. Y yo he trabajado toda mi vida”, insiste este hombre que llegó a trabajar en una empresa de venta de productos químicos en la isla.

Arrastra las secuelas de vivir en la calle y una diabetes “por pasar hambre”. A pesar de todo ello, asegura que no pierde la esperanza. Si se le pregunta si se arrepiente de haber venido a España, la respuesta es clara: “No. Prefiero ser indigente aquí, pero con paz que un colombiano con dinero allá”.

La muerte del mantero senegalés Mame Mbaye, que murió a mediados de marzo en Lavapiés después de 12 años residiendo en España en situación irregular, ha abierto el debate de cómo es posible que una persona lleve tantos años sin conseguir regularizar su situación.

Para María Greco, uno de los motivos es “la irregularidad sobrevenida”. La experta en migraciones explica cómo, para muchas personas, renovar el permiso de residencia supone “una carrera de obstáculos”. Para solicitar la renovación necesitan un contrato de trabajo de un año y haber cotizado un mínimo de seis meses en la Seguridad Social, pero “quién hace un contrato de trabajo, hoy en día, por un año”, comenta.

“Solo pido un trabajo. No quiero ayudas porque no quiero deber favores a nadie”, insiste Miguel Moliner, un músico cubano que llegó de gira con un espectáculo en 1996 a España y aquí decidió quedarse. Más tarde, en 2007, cambió Madrid por Fuerteventura, donde ha grabado dos discos con músicos locales y ha tocado con artistas como el timplista Domingo Rodríguez `El Colorao´.

Estuvo en situación regular en España hasta que en 2011 no pudo renovarlos, según le dijeron porque “tenía deudas con la Seguridad Social”. Desde entonces, no ha podido obtener los papeles.

Durante estos siete años, su vida laboral ha consistido en altas y bajas en la Seguridad Social. “Han sido duros”, reconoce, y más complicado ha sido seguir adelante cuando ha oído cómo algún jefe ha renunciado a hacerle el contrato laboral aludiendo a que por su condición de irregular “podría tener un problema”.

“Me he sentido mal porque yo he venido a este país a trabajar. No a otra cosa. Y me he encontrado con problemas para poder hacerlo”, lamenta. Antes de terminar la conversación, lanza un mensaje: “Con la edad que tengo aún puedo trabajar y realizar cosas como el primero”.

María Greco alerta del daño psicológico que padecen todas estas personas. “En teoría son ciudadanos y ciudadanas que no existen en nuestro país y eso crea un peso psicológico. Viven con el miedo de ser expulsados y expuestos a una multa que podría rondar los 500 euros”.

A su juicio, los partidos políticos deberían instar al Gobierno a que busque vías para regularizar su residencia a “personas que pueden acreditar un arraigo”. Greco va más allá y cree que también deberían mojarse con respecto a los menores que han nacido en España y cuyos padres pueden tener residencia, pero sus hijos no porque “no cumplen con los requisitos económicos de la reagrupación”. “Son niños que han nacido aquí y están en situación administrativa irregular. Nunca han salido de España y, en muchas ocasiones, ni siquiera conocen a sus abuelos”, lamenta. Cuando cumplan los 18 años no van a poder, si desean, continuar sus estudios y van a tener un problema muy grave porque ahí ya son responsables y necesitarán un contrato de trabajo para poder regularizar su situación”, alerta.

Por último, la trabajadora de Entre Mares lanza esta pregunta: “¿Cómo se va a hablar de integración si ni siquiera se les reconoce el derecho a vivir en España?”.