La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han expresado su “estupor” e “indignación” por la actitud que muestra el Ministerio de Transición Ecológica respecto a la gestión del litoral en Canarias, en “abierto desprecio”, señalan, a la transferencia de las competencias sobre la gestión de Costas que la misma Administración central firmó con la Comunidad Autónoma de Canarias en agosto de 2022, y que está en vigor desde el inicio del presente año.

Para las patronales turísticas, el proceder del Gobierno central sobre las actuaciones en el litoral de Canarias resulta “totalmente contradictorio” con los propios actos del Ministerio, en particular con la transferencia de una competencia que en la actualidad “ya corresponde al Gobierno de Canarias, porque así lo estipulan el propio decreto de transferencia de la competencia y, sobre todo, el Estatuto de Autonomía de Canarias”, recuerdan.

La actuación del Ministerio alcanza proporciones “escandalosas”, exclaman, en el caso del hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, un asunto en el que la posición de este departamento del Gobierno central puede ser definida, según las patronales, “claramente como abuso de poder”, por su pretensión de sustraer a la Comunidad Autónoma las competencias que tiene asumidas y, por tanto, su capacidad para tramitar y resolver los expedientes sobre concesiones administrativas plenamente vigentes y también otorgar autorizaciones para la renovación de instalaciones como las del Riu Oliva Beach, necesarias para el mantenimiento de la actividad y acordes con la normativa vigente, tal y como acredita la autorización concedida por el Gobierno de Canarias el 26 de mayo de este mismo año.

Las consecuencias de la paralización cautelar de las obras en el Oliva Beach, decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, son “gravísimas para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo, pues forzarán un nuevo cierre de las instalaciones del hotel, justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor”, resaltan.

Más de 400 empleos en riesgo

Los más de cuatrocientos trabajadores del Oliva Beach son “los principales damnificados” por “la actitud irresponsable del Ministerio”, relatan. Y es que, según señalan en su comunicado, “también perjudica al conjunto de la actividad económica en el norte de Fuerteventura”.

Las patronales recuerdan que este hotel “fue galardonado hace una semana con el Premio de Turismo Islas Canarias”, que concede el Gobierno autonómico, por su contribución durante décadas a la proyección internacional de Corralejo y Fuerteventura como destino turístico de éxito en los mercados europeos, resultado de la calidad ofrecida, el compromiso con la comunidad local y también la adopción de todas las normas precisas de protección ambiental.

Los empresarios del turismo respaldan plenamente los argumentos de la empresa Riu en defensa de sus derechos legítimos y confían igualmente en la firmeza del Gobierno de Canarias para sostener en las instancias adecuadas, incluidas las judiciales, la plena facultad de la Comunidad Autónoma para ejercer las competencias transferidas, a salvo de “intromisiones y actitudes hostiles que resultan totalmente intolerables y dejan entrever una visión arrogante y además muy poco compatible con los principios del autogobierno”, dicen.

Para las patronales, el caso del Oliva Beach es “un ejemplo de comportamiento arbitrario” de la Administración central, pero también un “precedente alarmante” respecto al comportamiento general del Ministerio de Transición Ecológica respecto a la gestión del litoral en las Islas. En este aspecto, las patronales hoteleras respaldan la posición del actual Gobierno de Canarias en defensa del cumplimiento del Estatuto de Autonomía y del ejercicio de sus competencias en materia de gestión del litoral.

Las patronales recuerdan, además, que la autorización concedida por el Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura para las obras de renovación del Oliva Beach se produjo “con pleno respeto a las medidas de protección medioambiental” y “cuidado en las actuaciones en el litoral, dada la plena legalidad urbanística de dicho inmueble por la concesión administrativa en vigor, renovada por el Gobierno central en el año 2016”.