Medio centenar de empresarios participó este viernes en la jornada informativa promovida por Asofuer, en el Hotel Barceló Thalasso Spa de Caleta de Fuste, donde se constató el “grave problema” de las falsas denuncias masivas que se están registrando en el sector.

En el caso del archipiélago, supone un volumen de fraude que se estima en unos cuatro o cinco millones de euros en el último año, lo que constituye un  incremento de un 700 por ciento con respecto al año anterior.

Durante la presentación de la jornada, que se llevó a cabo bajo el título "Más vale prevenir que litigar", el presidente de la patronal turística majorera, Antonio Hormiga, y el vicepresidente y consejero de Turismo del  Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta,  destacaron la “gravedad” de la situación.

Así, alertaron de la actividad de numerosos despachos de abogados, conocidos como ‘Claim Farmers’, que se están especializando en este tipo de denuncias "buscando un nicho de negocio que no procede".

El especialista y ponente de la jornada, David Hoyos, del bufete Tourism&Law, fue más allá al destacar "la falta de escrúpulos de estos especialistas que saben muy bien cómo reclamar y cuál es el límite de la ley".

Explicó que los turistas "no necesitan nada más que acreditar mínimamente que han tenido una dolencia ya que toda la carga de la prueba la tiene el perjudicado, es decir, el hotel y el turoperador".

Antes, la reclamación media se situaba en unas 2.000 o 3.000 libras "una cantidad que ahora asciende a unas 12.000, la mayoría en gastos legales. El margen para ellos es enorme", subrayó.

El origen de estas reclamaciones falsas se sitúa en la reforma de la Ley Jackson, de 2013, por la que se excluyen del portal de arbitraje de consumo todas las reclamaciones por prestación de servicio realizados fuera del Reino Unido "fue el detonante, se abrió la caja de Pandora. Aquí empezó el negocio".

La acción conjunta de las patronales turísticas, organismos públicos y el asesoramiento de bufetes especializados como el de Tourism&Law está motivando que haya movimientos a nivel legislativo en el Reino Unido para reconducir las acciones al arbitraje anterior.

No obstante, advierte, Hoyos, "será un proceso largo y se prevé que este tipo de acciones se intensifiquen en las campañas de Semana Santa y verano".

Por ello, invitó a los presentes a estar atentos a las reclamaciones que se centran, principalmente, en las falsas intoxicaciones alimentarias pero que también consisten en reclamaciones por otitis, las piscinas, caídas, "y de todo aquello que pueda tener reclamación sin un control médico y una prueba objetiva".

En esta línea, instó a los hoteleros a replantear el modelo de negocio, y, sobre todo, "a  aumentar el control interno de todo lo que hacen los turistas, principalmente, en los paquetes del todo incluido y a mejorar los procesos de gestión".

Por último, también profundizó en otro agravante derivado de la reforma Jackson y que afecta directamente a los contratos que los hoteleros tienen suscritos con los turoperadores y que, subrayó, "deben renegociarse ya". Sobre todo, explicó, las cláusulas de jurisdicción, cláusula de delegación de poder para negociar en su nombre cualquier asunto que ocurra en Reino Unido y, sobre todo el descuento unilateral.

Los presentes también tuvieron ocasión de conocer las acciones que se están llevando a cabo a través de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) con diversos organismos como la Secretaría de Estado de Turismo, la Oficina de Turismo de España en Londres, la Embajada del Reino Unido en España, consulados, así como con la Asociación Británica de Agencias de Viaje, ABTA, al objeto de buscar una solución a la situación de indefensión ante la que se encuentran los empresarios turísticos. 

Hoyos expuso que existe una solución aseguradora a través de Intermundial para "todo el problema de los descuentos unilaterales y de la responsabilidad de los empresarios turísticos". Durante el encuentro, David Hoyos, también profundizó en la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y en la Ley Orgánica de Protección de Datos.