El demandado traslado de la central eléctrica de Puerto del Rosario concita unanimidad social y política. Pese a ello, ha abierto una brecha entre el Cabildo de Fuerteventura y una parte del Gobierno de Canarias, la de la Consejería de Transición Ecológica en manos del popular Mariano Hernández Zapata. El tono de los reproches ha experimentado una escalada en las últimas jornadas, precisamente en un momento en el que se antoja necesaria la unidad de acción. Estas son las principales claves:

Energía contaminante en la ciudad. En los últimos mandatos han sido habituales los pronunciamientos institucionales a favor de desmantelar la central térmica de Las Salinas, en el barrio capitalino de El Charco, y llevar a cabo su traslado en una zona alejada de espacios urbanos. Una de las últimas ocasiones fue en octubre del año pasado, en el pleno del Ayuntamiento. La Corporación municipal fue más allá y puso suelo a disposición: más de 300.000 metros cuadrados junto al complejo ambiental de Zurita.

Sin embargo, ni los planes del Gobierno de España ni las acciones del Gobierno de Canarias van en esa dirección. El primero ha primado la proximidad a la actual central eléctrica en el concurso, al considerar “adecuada” la ubicación cercana a la carretera FV-1, para adjudicar 215 megavatios de potencia convencional en el sistema eléctrico formado por Fuerteventura y Lanzarote, isla donde va más retrasado el despliegue de la nueva red de 132 kilovoltios. Y el segundo acaba de rechazar la retirada de cuatro motores diésel de la central de El Charco, que ya han finalizado su vida útil, siguiendo el criterio de Red Eléctrica. Con un factor añadido: la Consejería de Hernández Zapata autorizó en mayo otros 33 megavatios convencionales en la zona del polígono industrial de La Hondura, dentro de los límites urbanos de Puerto del Rosario.

La cesión de suelo en Zurita. Los informes del operador del sistema eléctrico establecen que, para 2028, Fuerteventura y Lanzarote deben conectar a la red entre 250 y 280 megavatios de potencia adicional. El principal problema es que hay motores con los que, al haber superado su vida útil, no se puede contar para cumplir con los parámetros de seguridad del sistema, pese a que funcionen con regularidad. Un análisis interno del Cabildo majorero concluye que todo esto se traduce en que hay que enchufar 80 megavatios convencionales en la Isla en 2026 y otros 90 megavatios en 2028. En este escenario, en el que se corre el riesgo de que se consolide durante décadas el entorno urbano para albergar los grupos de generación eléctrica, el Ayuntamiento capitalino puso a disposición 301.646 metros cuadrados en Zurita, que se consideran “más que suficientes”.

Con declaración de interés insular la central eléctrica puede instalarse en Zurita

¿Es cierto que el Consistorio contempló en el Plan General de 2017 este suelo para el traslado de la central? Es correcto. Los terrenos están clasificados como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, y esa es su finalidad. ¿Basta con el Plan General para que sea viable instalar allí una central eléctrica? El análisis de los servicios jurídicos y técnicos del Cabildo concluye que sería precisa la declaración del proyecto como de interés insular, de forma similar a la ampliación del Parque Tecnológico, con la diferencia de que sería una instalación privada y no pública.

La disputa entre Gobierno y Cabildo. Desde el inicio del mandato, las relaciones entre el Cabildo de Lola García y la Consejería de Hernández Zapata han sido, cuando menos, tirantes. La Corporación insular está tramitando dos instrumentos de planeamiento energéticos: la Ordenanza para fijar los criterios de implantación de renovables en suelo rústico y el Plan Territorial Energético. El primer documento, escasamente supervisado, generó polémica en mayo pasado porque apuntaba que 146 kilómetros cuadrados (el nueve por ciento del territorio insular) es susceptible de acoger plantas fotovoltaicas, y 74,5 kilómetros cuadrados son aptos para parques eólicos.

El Plan Territorial, cuya primera consulta pública es de marzo de 2022, va demasiado lento. Acaba de finalizar un periodo de exposición pública de unos “estudios previos”, básicamente una colección de objetivos sin más detalle. En las dos últimas páginas se recoge apenas la mención a que el Plan “debería asumir el reto de plantear el desmantelamiento paulatino de la central de Las Salinas”, que “utiliza tecnología antigua” y “altamente contaminante”.

En un movimiento político inusual, el consejero Hernández Zapata aireó públicamente a finales de septiembre que había participado en la citada consulta pública y reclamaba al Cabildo que plantease “alternativas viables” para la ubicación de la central, no solo Zurita, sugería la creación de una comisión de seguimiento, y lanzaba la pulla de que el documento debía “actualizar su contexto normativo”, al no contemplar otras normas fundamentales en materia energética.

Desde el mismo departamento del Gobierno, la viceconsejera Julieta Schallenberg fue menos diplomática si cabe: recalcó que “no hay” un planeamiento insular aprobado con alternativas a la central de El Charco  y que el ofrecimiento de Puerto del Rosario llega tarde, con el concurso para nuevos megavatios en marcha. La reacción del Cabildo ha sido puentear a Hernández Zapata y apelar al presidente Fernando Clavijo para que tome cartas en el asunto. Habrá que ver si la jugada resulta efectiva.