Frente al mensaje de inseguridad que sobrevuela en Fuerteventura y que ha encontrado en las redes sociales y en el discurso político a sus mejores aliados, la lacra de la violencia de género continúa aumentando en la Isla. Con menos ruido y menos presencia en la diatriba política, los datos demuestran un incremento en el último año con casi tres casos al día registrados en los Juzgados de Puerto del Rosario, relacionados con la violencia machista.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el último trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024, el último año completo del que hay datos cerrados de violencia sobre la mujer en la isla de Fuerteventura, llegaron a los Juzgados de Puerto del Rosario un total de 1.016 asuntos penales. Es decir, casi tres casos vinculados a la violencia machista al día.

En los últimos tres meses de 2023 se contabilizaron 328 asuntos penales, entre los que ingresaron de forma directa en los Juzgados majoreros y los procedentes de otros órganos. La mayor parte de los delitos son distintos tipos de lesiones y malos tratos, aunque en el mencionado periodo destacaron también 10 casos de agresión sexual o 15 delitos contra la libertad, así como más de 70 quebrantamientos de condenas.

En el año 2024, y a falta de las cifras del último trimestre, el Poder Judicial tiene registrados 688 asuntos penales relacionados con la violencia de género. En el primer trimestre fueron 238 procedimientos, en el segundo 249 asuntos penales y en el tercer trimestre 201 casos. Este último año también sobresalieron las instrucciones relacionadas con lesiones y malos tratos, además de los quebrantamientos de penas.

Según fuentes de la Fiscalía, en el año 2023 se presentaron y tramitaron unas 765 denuncias sobre violencia de género en los Juzgados de Fuerteventura. El año 2024 se cerró con unas 915, un incremento del 16,3 por ciento.

En la actualidad, la Unidad contra la Violencia a la Mujer de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura hace un seguimiento, junto con el resto de las administraciones y Cuerpos de Seguridad y Emergencias, de unos 317 casos de violencia machista.

De ellos, 133 se registran en Puerto del Rosario, mientras que en municipios como Antigua, Pájara y La Oliva las cifras oscilan entre los 40 y 50 casos. “En estos tres municipios turísticos hay un alto porcentaje de denuncias recogidas por la Guardia Civil, entre un 30 y un 20 por ciento, que provienen de personas que están de vacaciones”, afirma la directora insular de la Administración General del Estado, María Jesús de la Cruz.

Ante estas cifras, la Dirección Insular inició una campaña con el sector turístico instalando una pegatina con un código QR para intentar concienciar a los visitantes de la existencia de “una normativa sobre este tema en nuestro país que es mucho más estricta, por ejemplo, que la que existe en el norte de Europa”, apunta De la Cruz.

El trabajador social Jimmy Hernández y la abogada Ángela Fleitas llevan años trabajando con mujeres víctimas de violencia de género en el Centro de Apoyo Integral a Mujeres Víctimas de Violencia y/o Discriminación por Razón de Género de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. Ambos profesionales reconocen que hay años en los que aumentan los casos de maltrato, aunque al siguiente vuelven a bajar las cifras. “Suelen ser aumentos y disminuciones cíclicas. Lo importante es que sigue habiendo violencia de género, tal y como reflejan estos datos, que son importantes”, explican.

El sobrecoste de los alquileres obliga a las víctimas a vivir con sus agresores

Ángela indica cómo, muchas veces, hay ciertos argumentos que se ponen sobre la mesa y que tratan de justificar el aumento de datos relacionándolo con una mayor concienciación y por eso denuncian. “Pero eso tampoco es demostrable”, aclara.

“La imagen que tiene la gente es que la mayoría quiere denunciar, pero la realidad no es así”, deja claro e insiste en que “la mayoría no quiere debido a motivos diversos” y recuerda que “más de la mitad de las víctimas mortales no habían puesto una denuncia”. Desde Arena y Laurisilva también echan por tierra la idea de que existe un determinado perfil de víctima de violencia de género relacionado con su nacionalidad, estudios o nivel económico.

Al igual que cualquier mujer puede ser víctima, cualquier hombre también puede ser un agresor, subrayan desde la asociación. Eso no significa, insiste Ángela, que “todos los hombres son maltratadores. Sin embargo, lo que es común en todos los agresores es la posibilidad que tienen de controlar y dominar”.

Jimmy, a su lado, añade que “no existe un perfil de maltratador, pero sí conductas y roles muy interiorizados, con ciertos rasgos celopáticos y control de dominación que tienen mucho que ver con esta cultura patriarcal que construye quien debe ser un prototipo de hombre y quien debe ser un prototipo de mujer”.

“En muchas ocasiones, la gente se extraña de que sean personas encantadoras y cuando se entera de que han maltratado, incluso con una sentencia, no se lo creen porque suelen ser de puertas para fuera ideales, pero no de puertas para adentro”, apunta la abogada.

Ante el aumento de casos de violencia de género en la Isla, la pregunta es si hay suficientes efectivos policiales para la protección a las víctimas, teniendo en cuenta la falta de personal que existe en las plantillas de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional en Fuerteventura.

La directora insular de la Administración General del Estado, María Jesús de la Cruz, aclara que el tema de la violencia de género es “prioridad uno” para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Reconoce que, en el caso de la Policía Nacional, hay menos problemas con el número de efectivos. “En cambio, la Guardia Civil, al cubrir de norte a sur, a veces se complica el servicio por el tema de las distancias, pero su prioridad es siempre el tema de la violencia de género”, subraya.

Jimmy Hernández y Ángela Fleitas en el despacho de Arena y Laurisilva. Foto: Carlos de Saá.

Violencia vicaria

La Ley contra la Violencia de Género reconoce desde 2015 la violencia vicaria como aquella que, con el objetivo de dañar a las mujeres, “se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad”, aunque no la nombra como violencia vicaria.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, sí menciona el término y prevé extender la protección de la ley a quienes hayan padecido violencia “por interpósita persona” como “el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as”.

El equipo de profesionales de Arena y Laurisilva reconoce un aumento de casos de violencia vicaria en la Isla. Quizás, apunta la abogada, ese incremento sea porque antes se desconocía este tipo de violencia machista y las mujeres que acudían al servicio no sabían lo que les estaba sucediendo.

El poder que se ejerce sobre las mujeres para hacerlas dependientes económicamente del hombre es otro tipo de violencia, la considerada violencia económica. “Muchas veces ocurre que tienen deudas en común o hipotecas y eso lo utilizan para seguir ejerciendo un control y dominación”, explica la abogada de la asociación. Y añade que  “cuando a los hijos no se les paga la pensión, entendemos que no es solo violencia vicaria, sino también económica”.

Un sindicato pide un magistrado más para temas de violencia de género

El Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA) del Cabildo majorero recibió 187 alertas en 2024, frente a las 168 del año anterior. En 2023 atendió a 162 mujeres. Al año siguiente, la cifra ascendió a 184. El número de mujeres acogidas se mantuvo en 45 los dos años, mientras que el de menores acogidos en 2024 en las casas de acogida que gestiona el Cabildo fue 17, uno más que en 2023.

Desde el mes de enero de 2023, cada vez que se produce una víctima mortal por violencia de género, las estadísticas recogen el número de hijos e hijas menores de 18 años víctimas de violencia de género.

Los menores son las víctimas más vulnerables de la violencia machista. Son testigos de situaciones y episodios que les causan dolor y traumas que pueden ir en aumento según avancen en edad. De ahí que sea necesario una ayuda psicológica desde el primer momento.

“El problema que se encuentran las madres que quieren llevar a sus hijos a atención psicológica es que, salvo que se realice una certificación como que es víctima de violencia de género, se necesita la autorización del padre. Sin embargo, este no va a dar permiso para que el niño o niña hable con un psicólogo si hay un caso por medio de violencia psicológica”, aclara Ángela.

Arena y Laurisilva también tiene en sus registros casos de menores víctimas de violencia de género por parte de sus parejas. El uso y control del móvil; el intercambio de contraseñas de los teléfonos como “una muestra de amor y fidelidad”; que la pareja conozca la localización, en todo momento, de ella o que la llame 20 veces si va a salir son conductas cada vez más repetidas entre los jóvenes, aunque muchas veces ellos no lo consideran violencia.

Juzgados de Puerto del Rosario. Foto: Carlos de Saá.

Juzgados

La Ley contra la Violencia de Género de 2004 señala en su artículo 43 que cada partido judicial debe tener, al menos, un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer. En Fuerteventura empezó a funcionar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario en 2005 compartiendo las competencias de violencia machista con las propias de este tipo de Juzgados.

El delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Canarias Luis Suárez, destaca la sobrecarga a la que está expuesto el Juzgado. “En la actualidad, tienen 700 procedimientos penales más que los demás Juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario, precisamente por la violencia de género”, señala.

Un solo magistrado se encarga de llevar los casos de violencia de género en la Isla. “Eso conlleva una sobrecarga importante”, reconoce el representante del STAJ. A su juicio, sería recomendable poner otro magistrado de refuerzo que ayude en la labor jurisdiccional. De esta forma, explica, “se solventarían con más rapidez las resoluciones judiciales a favor de la víctima”.

Arena y Laurisilva detecta un aumento de violencia vicaria en la Isla

Si finalmente la decisión es avalada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y autorizada por el Consejo General del Poder Judicial, Suárez considera que “sería importante ampliar la plantilla del personal del Juzgado para que pueda atender las demandas de los magistrados, con una dotación de cuatro funcionarios más”, opina.

El delegado sindical también denuncia la falta de un espacio reservado para las víctimas y para los hijos. “Los tienen en la misma entrada del Juzgado, delante de todo el mundo. En los recintos más modernos hay espacios reservados para que las víctimas no tengan que compartir el mismo lugar que el agresor, pero aquí existe esa carencia”, lamenta. Y agrega que “se ha demandado por los sindicatos y los propios colectivos de mujeres maltratadas que se prepare ese espacio”.

La abogada de Arena y Laurisilva coincide con el representante sindical en la cantidad de trabajo que tiene el personal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 al no existir en Fuerteventura Juzgados especializados en violencia de género. Opina que muchas de las causas que suceden en el Juzgado, con independencia de los jueces y juezas que pueden estar en ellos, es la falta de inversión económica.

Además de más inversión, continúa explicando, “otro tema que perjudica a la violencia de género y a las mujeres que la pueden estar sufriendo es la gran movilidad de los jueces y juezas que están en la Isla”. Y ahonda en el tema explicando cómo estos “están durante un periodo, más o menos largo, y cuando hay un funcionamiento y un criterio, para lo bueno o lo malo, vuelve a cambiar y llega otro profesional. Creo que todo eso hace que no haya una continuidad de criterio y atención”.

“El gran problema que veo con la violencia de género, con independencia de los jueces y juezas, fiscales y servicios es la falta de perspectiva de género. A toda víctima, incluso a la persona que ha sido denunciada o está siendo investigada, considero que se le tiene que tratar con respeto y unas determinadas condiciones”, apunta.

La vivienda

Rosa (nombre ficticio) ha estado diez años conviviendo con su expareja. Siete de ellos sufriendo violencia machista. “Poco a poco, mi pareja fue entrando en adicciones. Empezó primero con un maltrato psicológico hacia mí. Luego, se volvió cada vez más agresivo hasta que llegó al maltrato físico”, cuenta a Diario de Fuerteventura.

Para Rosa, con dos hijos pequeños a su cargo, vivir bajo el mismo techo que el maltratador se convirtió en un infierno. “Constantemente había peleas, desconfianza, mentiras. Llegó a un punto en el que me daba miedo decir algo o preguntar porque no sabía cómo iba a reaccionar”, cuenta.

No podía huir de su agresor por la falta de dinero para hacer frente al pago de un alquiler. “Yo estaba empleada en el sector comercial. A pesar de que trabajaba 35 horas y que hacía, a veces, horas extra para llegar a las 40 horas no lograba llegar a los 1.000 euros y si me iba a la hostelería, que pagan un poco mejor, se me iba a ir el sueldo en pagar para cuidar a los niños”.

“El problema con la violencia machista es la falta de perspectiva de género”

Con 800 euros de salario, Rosa no podía permitirse el alquiler de una vivienda. La mujer cuenta que cuando tomó la decisión de irse de su casa fue porque no quería ese ambiente para sus hijos. “Empecé a buscar, pero no conseguía nada. Tenía que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida”, asegura. Al final, no le quedó otro remedio que okupar una vivienda. Fue la única opción para huir del agresor. “No quiero que mis hijos crezcan al lado del maltratador”, insiste.

“Hay un problema estructural que es la vivienda. Muchas mujeres se ven obligadas a convivir con el agresor por no tener ese recurso”, reconoce Jimmy. Y Ángela agrega que “gran parte de las usuarias que vienen a Arena y Laurisilva tienen el mismo problema. Son mujeres que están trabajando y ganando un sueldo, pero no pueden alquilar una vivienda porque no encuentran un alquiler asequible y se ven obligadas a seguir con el maltratador”.

Otro de los problemas que arrastra la Isla es la centralización de los recursos destinados a las mujeres víctimas de violencia de género. El Servicio de Atención a la Mujer del Cabildo se desplaza a la zona sur y personal de Arena y Laurisilva suele trasladarse a otros municipios, pero para otros recursos como los Juzgados o el hospital tienen que acudir a la capital.

El trabajador social de Arena y Laurisilva cree que el hecho de que todos estos servicios estén centralizados supone “una desventaja” y recuerda que “hay víctimas de violencia económica que, a lo mejor, no tienen para pagar la guagua”. Y otra desventaja que se debe corregir es, en su opinión, intentar ofrecer los servicios públicos traducidos a diferentes lenguas o con recursos para personas ciegas y sordas.