Ocho años de prisión y 15 años de inhabilitación para empleo y cargo público, y una indemnización de 303.410 euros. Esta es la condena que el Ayuntamiento de La Oliva solicita para quien fuera tesorero municipal, José Hilarión Cabrera, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el denominado caso Caja Fuerte.

El escrito de acusación del Consistorio se ha presentado ante el Juzgado número uno de Puerto del Rosario, que instruye la causa. El Tribunal de Cuentas ya condenó al extesorero municipal por el desfalco de más de 300.000 euros de la caja fuerte ubicada en la sede del Ayuntamiento de La Oliva. Ahora se ha reactivado la causa penal, que se encamina a un juicio con un tribunal de jurado.

José Hilarión fue nombrado tesorero accidental del Ayuntamiento de La Oliva en julio de 1991, pero ocupó el cargo hasta que se destaparon las irregularidades. Cesó en el puesto el 4 de mayo de 2017. Salvo en “cortos periodos de tiempo” en que no ocupó el cargo, durante casi 26 años fue el responsable del “manejo y custodia de fondos, valores y efectos” del Consistorio.

En marzo de 2017 tomó posesión un nuevo interventor en La Oliva y el entonces alcalde, Pedro Amador, ordenó el arqueo de la caja, para comprobar que la contabilidad se correspondía con la realidad. Ya en el mes de abril, el alcalde exige al tesorero que proceda “de manera inmediata a depositar los fondos líquidos existentes en la caja municipal en la cuenta bancaria” del Ayuntamiento, que elabore un informe y que, “en caso de existir discrepancias”, que “explique los motivos” que las hubieran ocasionado.

Tres días después, el 21 de abril, el tesorero no acude a su puesto de trabajo y presenta un parte médico de incapacidad temporal. El 24 de abril se le requiere para que entregue la llave de la caja fuerte, porque era el único que poseía una copia. No se le localiza y se agota la paciencia: la Policía Local, junto a la secretaria y la tesorera que sustituye a Hilarión, proceden a la apertura de la caja fuerte.

En la contabilidad municipal había dos cuentas de caja: en una figuraban 629.637 euros y en otra 193.968 euros. En total, más de 823.000 euros. En la caja fuerte, la Policía encontró solo 10.168 euros. Unos días después, el entonces alcalde presenta una denuncia y también en su momento el partido Votemos, en la oposición, emprende acciones legales.

Tras la denuncia, se aclaró que en la contabilidad figuraban de forma errónea 287.181 euros, por un traspaso “incorrecto” entre cuentas. El volumen del desfalco pasó en aquel momento de unos 813.000 euros a menos de 620.000 euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, que dictó sentencia en julio del año pasado, redujo aún más el importe del agujero real en las arcas del Ayuntamiento. Así, en su sentencia se cifra en 303.410 euros el dinero que debía estar en la institución municipal pero que en realidad no aparece.

De ese “alcance”, como técnicamente se denomina la ausencia de una cantidad que debería estar en las arcas públicas, se declaró “responsable contable directo” a José Hilarión Cabrera, y se le condenó a “reintegrar” el citado montante económico, “así como al abono de los intereses” generados desde que se produjeron los hechos. Esta sentencia está recurrida en apelación.

¿Por qué esa diferencia en las cantidades? En la sentencia del Tribunal de Cuentas se aclara que prácticamente la mitad del dinero que se consideraba desfalcado -619.469 euros-, tras un “análisis de la contabilidad” del Ayuntamiento de La Oliva, debe detraerse de una de las cuentas de caja.

A juicio del tribunal, un total de 316.058 euros no supusieron “un verdadero ingreso de efectivo en la caja fuerte municipal, sino un mero ajuste entre cuentas y, por lo tanto, debe corregirse, minorando la cifra del alcance”, que se estableció en la citada sentencia en 303.410 euros.

José Hilarión se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por malversación

Además de la condena del Tribunal de Cuentas, el antiguo tesorero de La Oliva se enfrenta a la causa penal. Para la acusación particular, ejercida por el Consistorio norteño, que también figura en el procedimiento como perjudicado, Hilarión es responsable de un presunto delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, en el procedimiento “se acredita la existencia” de los elementos que configuran el delito de malversación. Lo mismo sucede con la prevaricación, por la “omisión” del extesorero de cumplir con “el procedimiento legalmente establecido” en lo referente al depósito y custodia de los fondos, de tal modo que “elude las obligaciones” sobre el dinero público y “le da un destino bien diferente al que le corresponde”.

Por el delito de malversación, además de los ocho años de cárcel, el Ayuntamiento pide para el trabajador municipal 20 años de inhabilitación absoluta, que se sumarían a los 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público que le solicita por la prevaricación. Además, en la petición de condena se pide que Hilarión indemnice a La Oliva con 303.410 euros más los intereses.

Juzgados de Puerto del Rosario. Foto: Carlos de Saá.

Declaraciones

Para el juicio, la representación legal del Ayuntamiento solicita que declare Miguel Ángel Guerra Naverán, el interventor, que también lo es de los ayuntamientos de Tías y Yaiza, en Lanzarote, cuya toma de posesión en 2017 destapó las irregularidades en La Oliva.

Cuando se abrió la caja fuerte municipal apenas encontraron 10.168 euros

También pide que declare la entonces secretaria, Raquel Antón; el que era alcalde, Pedro Amador, ahora concejal en la oposición; el actual interventor, Francisco Díaz; y el jefe del departamento Informático del Ayuntamiento, Gregorio Baena.

Además, el Ayuntamiento pide que declare Rita Darias, que ocupó el cargo de interventora de La Oliva en diferentes épocas. Darias llegó a estar investigada en esta causa, pero su imputación fue archivada por el Juzgado, lo que dejó a Hilarión como único investigado y ahora acusado.

Evitar el jurado

El abogado de la defensa, Ignacio Calatayud, ha presentado un escrito en el Juzgado en el que sostiene que “existen clamorosos errores en la contabilidad del Ayuntamiento que”, en su opinión, “confirman que la misma es errática” y que “no puede ser tenida en ningún caso como fiable”.

Ayuntamiento de La Oliva. Foto: Carlos de Saá.

Para la defensa del extesorero, la contabilidad de La Oliva era “errónea”

“Adolece de la certeza necesaria, ya que existe un desfase o desajuste evidente entre la contabilidad llevada a cabo, con criterios cambiantes y sin ningún rigor, y la realidad”, añade. En esa misma línea de defensa, argumenta que “la razón por la cual existe un desfase” entre la cuenta de caja y lo que apareció en la caja fuerte se debe a “errores en la contabilidad y no a una sustracción”.

La defensa ha solicitado una audiencia preliminar al tribunal de jurado, con la intención de que el caso no llegue a juicio. Alega que el Tribunal de Cuentas “no ha realizado un análisis de auditoría en el que se compruebe que la contabilidad es conforme con la realidad de los soportes físicos de las operaciones realizadas”.

El abogado lo explica: “Si hay un ingreso de una tasa en efectivo, tiene que haber un recibo de un señor que justifique que ha entregado dicho dinero”. La recopilación de todos esos documentos justificantes, que pide la defensa de Hilarión, se antoja prácticamente imposible de llevar a cabo. “Es del todo necesario en la presente causa, antes de decidir si se abre el juicio oral” y “mandar a alguien a sufrir la pena de banquillo”, comprobar “si la contabilidad se corresponde con la realidad”. Para la defensa del extesorero, la contabilidad de La Oliva era “errónea, errática y falta de certeza”.