La mayoría de los cargos públicos del Partido Popular de Fuerteventura, 11 de los 16 con que cuenta la formación conservadora en la Isla, ha manifestado este sábado que retiran su “confianza” en la presidenta insular, Águeda Montelongo, a quien han exigido que dimita de forma “inmediata”. También han solicitado al Partido Popular de Canarias que nombre una gestora.

Entre los cargos públicos que han reclamado a Montelongo que se marche para “mantener la dignidad” del partido se encuentran el senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, y la diputada nacional Celia Alberto. Aseguran que representan a cuatro de los cinco comités locales y que también se encuentran consejeros del Cabildo y concejales. Denuncian las “actitudes y actos autoritarios” de Montelongo, que “sólo promueven la división de un partido que cada día pierde afiliados, militantes, simpatizantes y que ha perdido el respaldo de gran parte de la sociedad majorera”, apostillan.

La mayoría de cargos públicos del PP de Fuerteventura ha solicitado de forma pública al presidente autonómico, Asier Antona, el nombramiento de una gestora “que gobierne transitoriamente” al partido en la Isla “hasta que se esté en condiciones de celebrar un congreso insular de forma trasparente, neutral, en igualdad de condiciones para todos los candidatos que se quieran presentar a presidir el Partido Popular en Fuerteventura”.

El detonante de la rebelión contra Montelongo ha sido la expulsión de un centenar de afiliados notificada esta semana por la dirección insular del PP, que justificó la medida en que se trataban de personas que militaban en otras fuerzas políticas o que incluso habían ido en listas electorales por otros partidos.

Sin embargo, el sector crítico ha tachado la decisión de “arbitraria”, adoptada por Montelongo “con la única intención de hacer una criba de cara al congreso insular y expulsar a todos aquellos que no iban a respaldar con su voto sus maneras de dirigir el partido”.

“Los afiliados que ahora pretenden expulsar aparecen en el último censo validado y respaldado por la dirección insular de Fuerteventura el 14 de febrero en el comité ejecutivo regional en el que se convocó el congreso autonómico”, aseguró este sábado Esther Hernández, concejal de Tuineje, quien ejerció de portavoz del grupo crítico con Montelongo.

“No podemos entender cómo ahora todas estas personas que hace solo un mes pagaron sus cuotas y que eran válidas para participar en el congreso regional, con todos sus derechos como afiliados, ahora ya no lo son, lo que supone un hecho muy grave”, añadió, al tiempo que tachó de “excusa” utilizar la baja de “alguno que es cargo público de otro partido”, en referencia a Alejandro Jorge, consejero y presidente de Nueva Canarias, para “justificar la expulsión masiva de militantes y afiliados de base” del PP, “muchos de ellos históricos”.

“Como no podría ser de otra forma, respetamos y apoyamos la decisión de expulsar a personas que sean cargos públicos de otras formaciones, pero no podemos entender ni justificar la dejadez en sus funciones del secretario insular”, Carlos Figueroa, y la propia presidenta del PP de Fuerteventura, “que han permitido que, durante años, estas personas hayan mantenido su condición de afiliado”.

Entre las personas expulsadas, citaron el caso de Tomás Rodríguez Viñoly, “afiliado desde hace más de 30 años, que la presidenta nombró como miembro del Comité de Sabios y que hoy recibe como agradecimiento a su trabajo una carta de expulsión”. También el caso de Javier de León, “un joven activo en el partido que siempre ha participado en todas y cada una de las campaña”, o el de María Dolores Marrero Camejo, “que con 80 años y, debido a su enfermedad, sólo sale de su casa para ir a votar al Partido Popular”.

“No podemos permitir”, concluyeron, “que estos militantes que año tras año han participado y defendido al PP, sean expulsados de forma injusta porque ellos son los que han hecho grande a nuestro partido”.