La sección quinta de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la hija de uno de los marineros del barco langostero Maena, que naufragó en la costa de Mauritania en julio de 1964.

El recurso era contra la resolución de junio de 2017 de la Dirección General de apoyo a las víctimas del terrorismo, ya que la hija de uno de los tripulantes había solicitado al Ministerio una indemnización de 250.000 euros al considerarse víctima de terrorismo, al amparo de la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. La solicitud la presentó en abril de 2017 y no se admitió a trámite.

La solicitante sostiene que la desaparición de su padre se produjo por un acto terrorista. El barco, con base en Tenerife, partió de Fuerteventura. Se recuperaron 13 cadáveres y otros tres no aparecieron nunca. La prensa de la época, según la reclamación que considera que se trata de un acto terrorista, admitía la posibilidad de un abordaje por piratas o bien por el Ejército de Marruecos.

Tras su naufragio, según recogía el periódico ABC, otro barco recogió en un primer momento siete cadáveres que fueron llevados a El Aaiún, mientras que tres barcos de Lanzarote, el Alfa, Inín y Lafón, se dedicaron a rastrear la zona.

ABC cita entre los fallecidos y desaparecidos a Manuel de León Hernández, Tomás Alonso Díaz, Francisco Santana Montes de Oca, Eusebio Morales Sanchís y José de León Hernández, todos ellos de Fuerteventura; Silvestre Mialic Sosa, de Gran Canaria, y Francisco Rodríguez Arrocha, Francisco Abrantes Reyes y Pascual Hierro Sanchís, de Lanzarote.

Además, cita a Juan Rodríguez Pérez y su hijo Agustín, de quienes no cita su procedencia y que “se deslizaron en sentido contrario a la corriente marina, lo que hace suponer que estos hombres llegaron a tierra con vida y fallecieron después”. El patrón del buque era Cipriano Martín Quintero, natural de El Cotillo, que dejó “viuda y cinco hijos”.

La mayoría de la tripulación era majorera. La prensa de la época admitía la posibilidad de un abordaje por piratas o bien por el Ejército de Marruecos

La Audiencia considera que la solicitud es extemporánea porque se ha registrado en un plazo superior a dos meses desde la negativa del Ministerio, así como que la reclamación ante el Ministerio también fue extemporánea.

Además, indica que para obtener la tutela solicitada hace falta como requisito básico la acreditación de víctima de terrorismo mediante una resolución administrativa o una sentencia firme y dice que en este caso se produjo fuera del ámbito territorial de aplicación de la citada Ley.

“Ante la falta de documentación o demostración por parte del demandante de que tal desaparición tuviera causa directa en una acción cuya finalidad u objeto fuera alterar gravemente la paz pública, debe desestimarse el recurso”, señala el fallo de la Audiencia Nacional.