La Justicia ha advertido al alcalde de Pájara, Pedro Armas, con exigirle “la responsabilidad penal que pudiera corresponder” por el incumplimiento de la sentencia firme que obliga al Ayuntamiento sureño a asumir los servicios básicos en la urbanización de La Pared, cuyos vecinos llevan años de batalla para contar con aceras, asfalto y alumbrado en condiciones y, sobre todo, abastecimiento de agua sin reiterados cortes en el suministro.

No solo los vecinos de La Pared han perdido la paciencia con el Ayuntamiento de Pájara, también los tribunales. En una resolución de este pasado 17 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis de Las Palmas destaca “el tiempo transcurrido desde que se incoó” la ejecución de la sentencia que condenó en 2014 al Consistorio a dotar a La Pared de los servicios urbanísticos básicos.

Por ello, exige que en un plazo máximo de 10 días el Ayuntamiento comunique al Juzgado “la identificación, con nombre y apellidos, de las autoridad, funcionario o agente responsable del incumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento principal, a los efectos de la posible imposición de multas coercitivas”, de hasta 1.500 euros. El Juzgado también avisa con “deducir” el oportuno testimonio para “exigir” responsabilidades penales, “bajo apercibimiento de que si en ese plazo” no se efectúa la comunicación, “se entenderá como directo responsable” al alcalde.

Los residentes en La Pared siempre se han sentido ciudadanos de segunda para el Ayuntamiento de Pájara. En abril de 1997, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias aprobó el plan parcial de La Pared y un mes después el Plan Especial de Reforma Interior. “A día de hoy, dichos planes parciales no se encuentran ejecutados en su totalidad”, admite el Ayuntamiento sureño. “Entre otros motivos”, apunta, “porque los mismos fueron desarrollados al amparo” del Plan General de Ordenación de Pájara de 1990, que fue anulado por sentencia judicial.

En diciembre 2014, el Juzgado determinó la “recepción tácita” de las obras de la urbanización por parte del Ayuntamiento, que cobraba el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas, y otorgaba licencias de construcción y primera ocupación. La institución  fue condenada a “hacerse cargo de los servicios públicos de su competencia, tales como alumbrado público, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado y pavimentación de vías públicas” en La Pared.

En abril de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la citada sentencia y recalcó que el Ayuntamiento “tiene la obligación de llevar a cabo la prestación de los servicios”, además de subrayar el principio de “igualdad” de todos los ciudadanos del municipio. Más de seis años después, los vecinos de La Pared critican que la sentencia no se haya cumplido.

El Ayuntamiento todavía no ha ejecutado la sentencia dictada en el año 2014

En marzo de 2019, el Ayuntamiento aprobó un proyecto de obra para dotar de “servicios mínimos” a La Pared, que fue modificado y aprobado dos años más tarde, en mayo de 2021. Ya entonces, el Juzgado avisaba con multas y que se explicase la razón de no ejecutar la sentencia.

En agosto del año pasado se adjudicaron por 1,5 millones de euros, a la empresa Obras Públicas Canarias, mejoras en la red de alumbrado público, en la red de abastecimiento de agua potable y en la red de saneamiento, además de nuevas aceras y la pavimentación de calzadas y señalización. Los residentes se han quejado de la paralización de esas obras y han considerado “un insulto” que “lo primero que hiciera el Ayuntamiento fue colocar unas esculturas”, mientras la urbanización continúa siendo un desastre.

Otra sentencia

El TSJC también dictó este mes de junio una sentencia a favor de los vecinos de La Pared y en contra del Ayuntamiento, al ratificar la anulación del intento del Consistorio de cambiar el sistema de gestión del plan parcial, para que fuese de “ejecución forzosa”, por lo que los vecinos corrían el riesgo, según las fuentes jurídicas consultadas, de tener que hacer frente al coste económico de las obras de urbanización, pese a no ser los promotores.

Los vecinos insisten en que compraron parcelas libres de cargas y recuerdan que el Ayuntamiento firmó en su momento un convenio urbanístico con la empresa Beach Golf, representada en su momento por Fritz Junkermann como presidente de las juntas de compensación, y con la empresa Acciona Inmobiliaria SLU.