La juez del caso Mediador ha dado permiso a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a acometer una inspección interna sobre los expedientes relacionados con este caso de presunta corrupción, con libertad de adoptar las medidas cautelares que considere oportunas.

Al respecto, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo solo pone como condición que se le informe de los resultados de esa investigación interna y de las medidas que se tomen, según explica en una resolución dictada, a la que ha tenido acceso EFE.

De ese documento, se deduce que es la Consejería de Agricultura la que se ha dirigido a la instructora para exponerle sus planes, porque esta le contesta que "no existe ningún inconveniente".

Una parte sustancial del caso Mediador alude expedientes de sanciones o de ayudas europeas en manos de la Consejería de Agricultura del Gobierno canario que la Policía y la Guardia Civil sospechan que se intentaron amañar previo pago de sobornos por parte de varios de los empresarios encausados.

Y todo ello, plantean los investigadores, aprovechando la influencia que tenía uno de los principales implicados, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, sobre el área autonómica Ganadería, de la que había sido director general al comienzo de la pasada legislatura y en la que luego le sucedió en el cargo su sobrino, Taishet Fuentes, también procesado en el caso.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido a la juez para oponerse a la petición de Rachid Mohamed, abogado del intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, de que anular la última declaración que tuvo lugar en el mes de julio, en la que no pudo intervenir por errores en la conexión mediante videoconferencia.

El representante del Ministerio Público admite que la posibilidad de acceder a la práctica de las diligencias de investigación forma parte del derecho de tutela judicial efectiva, pero subraya que "se han realizado todos los esfuerzos" para que así sea a lo largo del proceso.

No obstante, añade que, cuando surja algún motivo o incidencia técnica que impida contactar con alguna de las partes, como le ocurrió a ese letrado, este tiene el derecho a oír la declaración de los investigados, peritos, testigos o perjudicados, pudiéndose realizar una nueva comparecencia sin necesidad de anular la ya efectuada.

También le da la razón al abogado del 'Mediador' cuando este se queja de que tiene derecho a acceder a toda la documentación que conste en el sumario obtenida a través de medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, pero acto seguido indica que para ello debe acudir a la vía electrónica.