La Ley de Memoria Histórica continúa sin cumplirse en Fuerteventura. Tras su aprobación en 2007, los ayuntamientos majoreros comenzaron a cambiar el nombre de calles y elementos de exaltación franquista. Sin embargo, un paseo por el callejero de municipios como La Oliva, Antigua y Puerto del Rosario deja aún entrever nombres en sus calles que aluden a personajes y elementos del franquismo.

El historiador tinerfeño Aarón León lleva años estudiando la represión en el archipiélago durante la Guerra Civil y el franquismo. Ha coordinado publicaciones sobre la Segunda República, el franquismo y la transición en Canarias. Asegura que la situación de aplicación de la ley de 2007 referida a los símbolos franquistas es “bastante desigual en Canarias”.

Según el investigador, “hay municipios como La Orotava, en Tenerife, donde se ha llevado a cabo una aplicación real de la ley con la retirada de símbolos de los edificios públicos o cambio de calles, pero en general hay municipios donde pasa desapercibida y vemos escudos anticonstitucionales en algunos edificios públicos con nombres como el de José Antonio Primo de Rivera o Calvo Sotelo. Luego hay otros donde hay acuerdos, pero no han terminado de cumplirse por la administración”.

A principios de 2009, la entonces alcaldesa de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE), comenzó a eliminar los nombres de varias vías de Corralejo y La Oliva que conmemoraban la dictadura de Franco. Las calles Almirante Carrero Blanco, General García Escámez, General Primo de Rivera, General Linares, General Muñoz Grandes y García Morato dieron paso a El Poril, Bajo del Mejillón o Bajo Amarillo. Sin embargo, la huella del franquismo quedó en otras como Crucero Baleares y Acorazado España, dos embarcaciones de la Armada franquista.

El historiador Aarón León recuerda que el Crucero Baleares junto al Crucero Canarias y el Almirante Cervera participaron en la batalla de Málaga y “son responsables de uno de los hechos más dramáticos de la Guerra Civil, la masacre de la población civil en la carretera Málaga-Almería”.

El crucero bombardeó a civiles que huían por la única salida del cerco de la ciudad, la carretera costera de Málaga a Almería. El episodio, conocido como la “Desbandá” o la Masacre de la Carretera Málaga-Almería, causó más de 3000 víctimas civiles.

El Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid, creado tras la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento, ha propuesto eliminar de su callejero el Crucero Baleares. También otros municipios españoles han optado por su retirada. Mientras tanto, Corralejo continúa, tal vez por desconocimiento, manteniendo su nombre en el callejero.

Lo mismo ocurre con otra vía de la localidad turística bautizada con el nombre de Acorazado España, una embarcación franquista perteneciente a la Primera División de la Escuadra que se hundió en las proximidades de Santander tras una explosión ocurrida a bordo en 1937.

Para este investigador, el acorazado “entra dentro de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, a veces por desconocimiento y la ausencia de investigación, no se conoce” e insiste en que tras la entrada del Partido Popular al Gobierno “se ha frenado la financiación para la investigación tal y como ha ocurrido en islas como Tenerife, La Palma o Gran Canaria donde, desde 2012, no se financia ni se promueve ningún proyecto de investigación”.

El municipio de Antigua también inició una purga en su callejero tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, han quedado reductos como General Moscardó, cabecilla en Toledo de las fuerzas sublevadas en el golpe de Estado de 1936 y más tarde jefe de la casa militar de Franco. Una de las vías principales de Valles de Ortega recuerda al personaje.

Aarón León insiste en que “se tendría que aplicar la ley en calles como esta cuyo nombre no tiene nada que ver con la isla y además están nombradas así por unos méritos que trascienden todo aquello que hoy entendemos por respeto a la libertad y la democracia”. El historiador plantea la posibilidad de recuperar sus nombres antiguos o “nuevas denominaciones que hagan un homenaje a personas que han tenido un papel destacado en la sociedad”.

Cartas con la dirección antigua

El Ayuntamiento de Antigua cambió la denominación de las calles General Franco y José Antonio, en alusión a Primo de Rivera, por las de Hermanos de Vera Hernández y San Roque, respectivamente. Sin embargo, aún continúan llegando cartas a los vecinos con la dirección de General Franco mientras la placa con el nombre José Antonio sigue colgada en una fachada de esa calle, aunque el paso del tiempo ha quitado color al nombre del general.

El concejal del PSOE en Antigua, Taishet Fuentes, denuncia que, a pesar de haberse cambiado los nombres, “a muchos vecinos les siguen llegando las cartas con la denominación antigua. Eso quiere decir que no se ha hecho el tramite definitivo, que es el de comunicar a quien compete esa modificación”. Según el socialista, en los buscadores se sigue manteniendo el antiguo nombre de la calle y “eso puede inducir a un error a quienes visitan el municipio e intentan buscar una dirección concreta”.

En 2015, Puerto del Rosario figuró en la macro denuncia realizada contra 38 alcaldes de municipios españoles por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

El viaje por el franquismo concluye en la capital. En 2015, Puerto del Rosario figuró en la macro denuncia realizada contra 38 alcaldes de municipios españoles por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Se les acusaba de un delito de desobediencia y una falta contra el orden público. En el caso de Puerto del Rosario, denunciaban la existencia de placas de yugo y flechas en los portales de las sedes del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de las calles Sorolla y Cervantes.

Las placas fueron retiradas al poco tiempo. Antes habían desaparecido otros símbolos franquistas y se había eliminado a los generales del callejero. Sin embargo, aún resiste, en pleno centro de la capital, la calle Ruiz de Alda, una de las figuras claves del falangismo español en sus orígenes.

Un paseo por la capital deja al descubierto vías como Comandante Díaz Trayter, dedicada al capitán encargado de leer el bando declarando el estado de guerra en el archipiélago o la García Escámez, “una personalidad casi venerada en Canarias”, asegura León.

El historiador recuerda cómo este capitán benefició con una vivienda a “sectores populares y eso ha hecho que en el imaginario popular haya quedado esa imagen positiva a favor de los más desfavorecidos, pero eso no quita que participara en la Guerra de África, que estuviera en la Batalla del Ebro y que tuviera un papel determinante en lo que hoy entendemos como la Comunidad Autónoma de Aragón”. Y concluye su explicación aclarando que “fue un militar activo y no solo un gestor del Mando Económico como, a veces, se ha intentado pintar”.

Precisamente, fue el impulsor de la Colonia Rural García Escámez en Las Parcelas. Allí, aún se conserva la placa donde se recuerda que las obras fueron realizadas por el Mando Económico en tiempos de García Escámez como capitán general.

Incumplimiento de la ley

El abogado Eduardo Ranz ha iniciado más de 500 procedimientos sobre el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en toda España y entre sus logros está el de conseguir la primera sentencia favorable para que se exhumen los restos del Valle de los Caídos. El experto en leyes asegura que “el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica significa seguir siendo cómplices del golpe de Estado de 1936”.

Ranz insiste en que la ley lleva diez años en vigor y, por tanto, “los ayuntamientos han tenido tiempo suficiente para realizar todas las acciones que fueran necesarias”. El abogado se muestra tajante y asegura que “cuando un alcalde decide qué ley se aplica en su territorio se está ante un acto más propio de dictadores que de demócratas”.

A la pregunta de qué pasaría en aquellos ayuntamientos que incumplen la ley de 2007, Ranz explica que esta “no tiene sanciones ni plazos y por tanto hay que acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y que el procedimiento judicial sea admitido a trámite, ganarlo y solo para el caso de que el Juzgado haya estimado la demanda y el alcalde insista en incumplirla se enfrenta a un delito de desobediencia y hasta cuatro años de prisión”.