La Fiscalía presentó en el Juzgado la denuncia que dio paso al caso Gesturpa en abril de 2015. Tres años y medio después, la instrucción sigue abierta y no ha avanzado mucho. El pasado mes de diciembre, el fiscal de delitos económicos, asignado a Puerto del Rosario, Tomás Fernández de Páiz, registró un escrito en el que pide “que con carácter inmediato se tomen medidas por parte de la letrada de la administración de justicia para que se tramite correctamente y en plazo la ya dilatada instrucción”.

El fiscal recuerda que en abril de 2018, a los tres años de que se iniciara la causa, pidió que se tramitaran dos diligencias y se le diese “inmediata remisión de los autos para valorar su resultado e informar nuevamente sobre el estado de la instrucción”. Sin embargo, esas diligencias no se han tramitado de forma correcta, según el fiscal.

La primera de esas diligencias fue la de pedir el historial registral íntegro del Registro Mercantil de la sociedad Gesturpa, así como las cuentas anuales presentadas desde 2011 hasta la actualidad. El Juzgado pidió esa información al Registro Mercantil central y no al de Fuerteventura, donde está domiciliada la sociedad y donde tiene obligación de presentar las cuentas. Lo que remitieron, dice la Fiscalía, no solo es incompleto sino que no tiene un solo depósito de cuentas.

La segunda diligencia es el Libro de actas, que en lugar de pedirlo directamente al administrador mancomunado de esa sociedad, el investigado en la causa Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, se pidió al Juzgado de Paz de Pájara, que seis meses después no ha contestado.

Además, el fiscal añade que se tardó tres años para la simple toma de declaración de Acosta. El pasado mes de junio, la Fiscalía pidió la prórroga de la instrucción, y se acordó esa medida quince días después de su petición, pero el estado procesal es el mismo que hace seis meses.

“Por ello, y contra nuestra voluntad nos vemos obligados a solicitar una nueva prórroga para la correcta y compleja instrucción de la presente causa”, señala el fiscal, que pide que se tomen “medidas inmediatas para que la instrucción se agilice eficaz y urgentemente”.

El caso Gesturpa es una empresa pública, propiedad del Ayuntamiento de Pájara, que está actualmente en fase de liquidación. Se dedicaba a la gestión urbanística y a la promoción de obras en el municipio. El investigado Blas Acosta estaba al frente cuando era concejal de Urbanismo.

Una de las cuestiones que se investiga es la instalación de alumbrado de la urbanización Cañada del Río por un coste de casi 900.000 euros. Según una auditoría, el alumbrado no le correspondía a Gesturpa, sino al Ayuntamiento de Pájara.

Otra de las presuntas irregularidades investigadas es un pago de 100.000 euros que hizo la empresa en abril de 2010. En la auditoría se indica que “existen dudas razonables” sobre la autenticidad de esa transferencia.

Acosta presentó en el Juzgado un escrito de la empresa Transportes Araya Franquiz en el que se “certifica” la existencia de unas supuestas facturas por trabajos de limpieza y desmonte de terrenos en una promoción de viviendas, con las que el investigado sostiene que se acreditaría el desembolso de los 100.000 euros: una del 30 de enero de 2005 por 55.503 euros y otra del “30 de febrero” del mismo año por 44.509,5 euros.