La Fiscalía ha solicitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario la apertura de juicio oral y una pena de dos años y medio de cárcel para el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y para Eduardo Espinel Montelongo, administrador de la sociedad Calaofu, por dos delitos contra la Hacienda Pública.

En su escrito de calificación, la Fiscalía sostiene que ambos, el primero como administrador de hecho y el segundo de derecho de dicha mercantil, “con claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, presentaron deliberadamente en las declaraciones relativas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2009 y 2010 de dicha mercantil unas bases imponibles contrarias a la norma fiscal aplicable por cuanto incorporaban gastos no deducibles y materializaciones indebidas de las previas dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)”.

Esas dotaciones a la RIC se habían efectuado en las declaraciones fiscales de los años 2005 y 2006 al amparo de la Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, “y les permitieron omitir, en evidente perjuicio de la Hacienda Pública estatal, el ingreso de las debidas cuotas reales que ascendían respectivamente –hechos los ajustes fiscales correspondientes- a 218.924,51 euros en el año 2009 y 188.696,10 euros en el año 2010.

Además de la pena de cárcel, el fiscal Tomás Fernández pide una multa de 600.000 euros o diez meses más de prisión para cada uno en caso de impago, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También pide una multa a la sociedad Calaofu de otros 500.000 euros y una indemnización conjunta a la Agencia Tributaria de las cuotas no pagadas, que suman más de 400.000 euros más los intereses.

González Arroyo fue alcalde de La Oliva durante 24 años, además de consejero del Cabildo, parlamentario y senador. Tiene una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa por haber permitido el funcionamiento de una cantera sin permisos, además de otra de cinco años más, aún no firme, por el caso Las Clavellinas.

También fue condenado este año por amenazas y coacciones al concejal de Votemos, Álvaro de Astica. La Fiscalía también pide penas para González Arroyo, de inhabilitación o cárcel, en dos casos más: el caso Baku y por atrincherarse en el Ayuntamiento tras ser inhabilitado.