El fiscal en la causa que sigue el Juzgado de instrucción número 5 de Puerto del Rosario contra 21 personas investigadas por pertenencia a organización criminal dedicada a la venta ilegal de estupefacientes a través de la supuesta asociación de cannabis Acmefuer, pide en su escrito provisional penas de cárcel para los procesados que oscilan entre los dos y los doce años; y multas que superan los 41 millones de euros.

En concreto, el fiscal pide imponer una multa de 4.108.120 euros para tres de los procesados “por el delito de tráfico de drogas de notoria importancia, en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, en el seno de organización criminal”; 2.738.750 euros, para otros 11 de los investigados “por el delito de tráfico de drogas de notoria importancia, en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, en el seno de organización criminal” y, en el resto de los casos, multa de 20 meses a razón del 10 euros diarios, “por el delito de asociación ilícita.

Además, se pide “acordar la disolución de la denominada 'Asociación del Cannabis Medicinal de Fuerteventura' (Acmefuer) y la prohibición definitiva a la referida asociación “de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita, así como el decomiso, dinero y efectos incautados” en el seno de una operación policial que se desarrolló en varias intervenciones: las primeras, en dos días puntuales de noviembre y diciembre de 2012; y otra serie de detenciones, el 25 de agosto de 2014, que acabaron con la desarticulación de la banda.

En este último operativo, simultáneo en los domicilios de los miembros de la supuesta banda, fueron detenidos el presunto jefe de la organización, que responde a las iniciales J.M.A.V. y su pareja, A.B.M.G., a quienes se requisaron en su domicilio de Puerto del Rosario unos 60 kilos de marihuana de distintas riquezas en THC, “cuyo valor de venta al público ascendería a 258.157,64 euros”, además de instrumental profesional para el procesado de la droga, documentación de la contabilidad y dinero en efectivo. “En el lugar, tanto en el exterior como en una de las dependencias de la vivienda, existían carteles que indicaban que el cultivo pertenecía a Acmefuer. Asimismo, se encontraron cuatro secaderos de marihuana”, se indica en el informe de la Fiscalía.

Jerarquía de responsables

El escrito detalla el grado de responsabilidad penal de cada uno de los miembros del clan. Así, el citado jefe de la banda J.M.A.V actuaba como presidente de la supuesta asociación y su pareja sentimental, A.B.M.G, también era de la directiva;

En un “segundo escalón” se sitúa a M.T. (vicepresidente de Acmefuer), persona de confianza de J.M.A.V., “su mano derecha”, que colabora directamente con él la producción, adquisición y distribución ilícitas de marihuana y hachís” y su esposa B.S., “quien cultivaba y producía drogas para la organización criminal y las transportaba”, se lee en el informe.

Para estos tres miembros de la cúpula de la organización se piden penas de 12 años de prisión y una multa de 4,1 millones de euros para cada uno. Además, a A.B.M.G se le añaden otros seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, con lo que el jefe de la banda suma 20 años de petición de pena por parte del fiscal.

En el tercer escalón de esta jerarquía se encontraría J.M.R.C., administrador de Acmefuer, “encargado de custodiar los beneficios económicos derivados de la actividad delictiva y de abonar a otros miembros de la organización criminal las cantidades correspondientes, así como de organizar el transporte y distribución de marihuana y hachís”. Para este integrante se piden 10 años de cárcel.

Un cuarto escalón lo integrarían los vocales de la Junta Directiva de Acmefuer, con diversos cometidos: V.R.P., “que colaboraba en el mantenimiento de los invernaderos para su posterior venta a terceros), B.Z. (cultivador de marihuana en el seno de la organización criminal y vocal de la Junta Directiva), J.I.M. (cultivador y vocal); para los que se pide también 10 años de prisión, seguidos de los meros jardineros y cultivadores de sustancia estupefaciente en el seno de la organización criminal, los procesados A.T., S.F.T. y A.A.R.M.”, se lee en el informe.

Por último, en un quinto escalón se situarían los procesados M.A.R.M. J.A.R.S. y E.J.M.Y. “que se limitaban a suministrar sustancia estupefaciente a terceros en dispensarios de la organización criminal”, para los que se pide 8 años de prisión.