Este miércoles quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número dos el juicio contra Natalia Évora, exconsejera del Cabildo majorero y actual diputada autonómica, por la contratación del servicio de transporte de residuos desde Isla de Lobos a Fuerteventura y el traslado del personal de Medio Ambiente.

La fiscal Clara Serrano, nueva delegada de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para toda la provincia de Las Palmas, mantuvo la acusación por un supuesto delito de prevaricación contra Évora, al considerar que “de forma aleatoria y arbitraria, al menos durante siete años”, fue la responsable de contratar “servicios esenciales que deben ser objeto de licitación”.

Por el contrario, la defensa de Natalia Évora alegó que la contratación con la empresa Nortour, titular del barco ‘Majorero’, “era la única que podía prestar el servicio” y resaltó que lo ha venido haciendo “antes y después” del paso de Évora por la Consejería de Medio Ambiente. Évora, argumentó su abogada, “no busca alternativas porque entiende que no las hay técnicamente y jurídicamente nadie le advierte”. “No había más opciones”, insistió.

La representante del Ministerio Fiscal ratificó en la vista oral sus conclusiones de que se habría cometido un delito de prevaricación administrativa, por el que solicita una condena de 10 años de inhabilitación, lo que implicaría “la pérdida del empleo o cargo representativo que tuviera” la acusada. Desde las últimas elecciones, Évora es diputada del Parlamento de Canarias, tras un periodo de cuatro años alejada de la primera línea política.

El núcleo de la acusación por parte de la Fiscalía es que la empresa Nortour cobró en el año 2007 unos 22.358 euros, en 2008 otros 22.249 euros, cantidad que se elevó a 33.954 euros en 2009 y se redujo en 2010 a 18.877 euros. Entre 2011 y 2015, la cantidad anual que percibió fue la misma (17.980 euros), sin superar en esos últimos ejercicios el importe máximo del contrato menor, establecido en 18.000 euros.

“Evitar la licitación”

Para la Fiscalía, se produjo una “contratación continuada que no se ajustaba al ordenamiento jurídico”, de forma “grosera y arbitraria”, por cuanto la duración de los contratos menores “no puede exceder de un año, sin que quepan prórrogas”. La fiscal insistió en que, pese a lo alegado por la defensa de que el ‘Majorero’ era el único barco con autorización como línea regular de pasajeros, eso no implica que fuese la única embarcación que pudiese transportar personas. También cuestionó que no hubiera otra empresa que pudiera “prestar el servicio de transporte de residuos en toda Canarias” o en el conjunto de la Unión Europea si hubiese habido un procedimiento de licitación.

La fiscal concluyó que Évora evitó “la licitación del contrato” de transporte de residuos y personas, prescindiendo “del procedimiento legalmente establecido”

En su informe final, la fiscal incidió en que la “modificación” del precio del servicio entre los años 2011 a 2015 para no superar los 18.000 euros del límite del contrato menor, dejándose de mencionar en las facturas el traslado de personal del Cabildo, es una prueba de las irregularidades previas y de la “voluntad de infringir” la normativa de contratación pública.

“Siendo la acusada la única que podía limitar el importe del precio”, como órgano de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, “es la única a la que cabe imputar la conducta delictiva”, que se centra según la Fiscalía en “evitar la licitación del contrato y prescindir del procedimiento legalmente establecido”, apostilló.

“No había otra alternativa”

Por el contrario, la defensa de Évora, que pidió su libre absolución, argumentó que cuando llegó a la Consejería de Medio Ambiente en 2007 se dio por hecho que el barco de la naviera Nortour “era el único que podía prestar el servicio, que sigue prestando hasta el día de hoy”, después de que la gestión de Lobos haya pasado a la empresa pública Tragsa.

La defensa alegó que el barco de la naviera Nortour “era el único que podía prestar el servicio, que sigue prestando hasta el día de hoy”

La defensa de la exconsejera también alegó que la jefatura del Área de Medio Ambiente aprobaba las facturas “durante todos esos años” y que no hubo “una sola advertencia” a Évora de “incumplimiento de la normativa del contrato menor”. “Estaban todos convencidos de que era correcta esta contratación”, para la que “solo se necesita factura y aprobación del gasto”.

Además, la abogada de la defensa reiteró que “no había otra alternativa técnica para prestar ese servicio” de transporte de residuos y personal, “con un precio adecuado”. En todo caso, dijo, Évora “no era consciente de que con esa continuidad” en la contratación de forma directa sin licitación “pudiera estar infringiendo la ley”. “Su prioridad era la protección del espacio natural protegido”, recalcó.

La letrada también hizo referencia a la cuantía “irrisoria” de la contratación. En 2007 y 2008 se habría superado el límite de los 18.000 euros en unos 4.000 euros. En 2009, año en que se puso en marcha el centro de interpretación de Lobos, el importe se habría excedido según la facturación de Nortour en casi 16.000 euros. Además, subrayó que no hubo “ninguna imposición por parte de Natalia Évora” de que se tenía que contratar con una determinada empresa.

“Advertencia de Intervención”

Durante la vista oral, la Fiscalía hizo alusión a un informe de Intervención en el que se refleja que se estaba “superando el límite” del contrato menor para los servicios de limpieza y transporte en Lobos, fechado en 2008. “Sí hubo una advertencia de Intervención”, apostilló la fiscal, quien agregó que “la falta de un reparo, que sí existe en este caso, no obstaría la presencia de delito”.

En cambio, según la defensa, además de una “infracción grosera y notoria”, que no consideró que se hubiera producido en el caso enjuiciado, para ser considerado delito “se le tenía que haber formulado una advertencia expresa y específica”, lo que aseguró que no había sucedido con respecto a la contratación del traslado de residuos y personal a Lobos.