La Cornisa es la única agrupación de inmuebles que queda en pie “de lo que podría haber llegado a denominarse como conjunto histórico de Puerto del Rosario”. Esta rotunda afirmación la expresa el equipo redactor del Catálogo de Patrimonio contratado por el Ayuntamiento, encabezado por el arquitecto Agustín Cabrera. En los estudios previos del Catálogo de Patrimonio de la capital majorera se localizaron unos 18 inmuebles susceptibles de conservarse en esta emblemática zona del viejo Puerto Cabras. En la siguiente versión del documento, que ya estaba listo para su aprobación inicial, se identificaron 16 edificaciones en La Cornisa que deberían protegerse.

Sin embargo, el Catálogo sale ahora a información pública, tras pasar por el pleno municipal, sin incluir ninguno de los inmuebles de La Cornisa, una de las zonas más jugosas desde el punto de vista urbanístico, en plena fachada al litoral de Puerto del Rosario, apenas un tramo de unos 300 metros de longitud muy característico, con una parte baja hacia la avenida marítima, y una parte en altura hacia la calle Fernández Castañeyra, que concita una gran cantidad de intereses contrapuestos y que corre el riesgo de desaparecer.

El origen del problema. En el Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto del Rosario se incluyeron dos operaciones urbanísticas en La Cornisa. Se dividió entre la parte norte, más próxima a la sede del Consistorio, y la parte sur, cercana a la playa de Los Pozos. En total, un área que ocupa 15.066 metros cuadrados de superficie, en la que el Ayuntamiento decidió multiplicar la edificabilidad. El objetivo, según se plasmó en el planeamiento municipal, era el de “potenciar la renovación” de esa “entrada a la ciudad” y diversificar “la actividad económica de la zona”. De hecho, la hoja de ruta para la capital majorera llega a renegar de su pasado, al considerar que el desarrollo urbanístico en La Cornisa generaría “una estructura reconocible y diferenciada más acorde a la zona” y a una “imagen moderna de la ciudad”.

Con el anterior Plan General, de la década de los 90 del pasado siglo, la edificabilidad lucrativa era de 10.546 metros cuadrados. En el nuevo PGO, que se publicó en enero de 2017, se incrementó de forma significativa el volumen a construir,  con 7.100 metros cuadrados más. La intención de este “crecimiento en altura” era, según el Plan General vigente, buscar “un menor consumo de suelo” y una “recualificación edificatoria”. En los planos de las actuaciones de dotación La Cornisa Norte y La Cornisa Sur se dibuja un boceto de cómo quedaría esta zona: edificios de dos plantas de uso terciario en la avenida marítima, hasta la altura de la calle Fernández Castañeyra, y en esta céntrica vía tres plantas de uso residencial, la inferior compatible con el uso comercial. Se recogió también la posibilidad de aparcamiento “en el subsuelo”. A cambio, el Ayuntamiento se queda, básicamente, con espacios libres y dotaciones.

La sentencia. Cuatro años después de que entrase en vigor el Plan General, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó de forma parcial la demanda de una serie de empresas y vecinos, con intereses en La Cornisa, como las mercantiles Covirape, Arbitramar, Alimentaria Antonio Soto, Inmomajo y Makokade, o los particulares Eustaquio Santana Gil, Miguel Ángel Silvera o Juan José Díaz Rodríguez. ¿Qué planteaban? Según la sentencia, que afectaba a la zona norte de La Cornisa, denunciaron que el instrumento utilizado -la actuación de dotación- se excedía de su alcance legal, consideraban que no se daban los requisitos para delimitarla, además de la falta de una memoria de sostenibilidad económica específica y otras cuestiones más generales como la “ausencia de motivación”, la “arbitrariedad” o una “desviación de poder”.

El PGO de 2017 disparó la edificabilidad, con cinco plantas desde la avenida

El TSJC desestimó la mayoría de los argumentos de la demanda, pero acogió un informe pericial en el que se alegaban errores en el cálculo del aprovechamiento urbanístico respecto a la ordenación recogida en el Plan General. “Esta diferencia de aprovechamiento tiene un valor de mercado de 129.364 euros”, acota la sentencia. A esto se añaden otros 33.756 euros en concepto de plusvalías. La resolución judicial se ciñó “única y exclusivamente” a la cuantificación del aprovechamiento urbanístico que se le asignaba a La Cornisa en el PGO, sin dar la razón a los propietarios en nada más.

El catálogo. Quizás lo normal hubiera sido que el Catálogo de Patrimonio, al menos el arquitectónico, se hubiese tramitado de forma conjunta con el Plan General, pero no fue así. De tal manera que se adjudicó dos años después, en abril de 2019. Antes de las pasadas elecciones, en febrero de 2023, se solicitó la evaluación ambiental del documento, que se admitió a trámite por el Órgano Ambiental de Fuerteventura casi un año después, en enero de 2024 y se emitió en junio. De forma paralela, en abril del año pasado se acordó la suspensión de licencias de los inmuebles, para evitar que las huellas del pasado desaparecieran antes de la aprobación definitiva. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con el antiguo cuartel de la Guardia Civil, un edificio del siglo XIX, en la calle García Hernández, o con otra vivienda en la misma zona.

El pasado mes de octubre, el equipo redactor del Catálogo de Patrimonio entrega el trabajo, un voluminoso documento en el que se recogen, en todo el municipio, más de 840 bienes catalogados: unos 400 bienes arquitectónicos, 289 bienes etnográficos, 105 arqueológicos, 20 yacimientos paleontológicos, 16 nidos de ametralladoras o 15 senderos, entre otras categorías. En La Cornisa aparecían 16 edificaciones, las que configuran cómo ha sido el enclave durante décadas. Ya en marzo de este año, el Área municipal de Patrimonio Histórico informa de manera favorable el catálogo.

Los informes. Cuando parecía que el catálogo tendría luz verde, entre abril y mayo se desata un soterrado intercambio de criterios entre los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento, por un lado, y el equipo redactor, el estudio Cabrera Febles, del otro. La jurista municipal Laura Moltó sostiene en un informe que el catálogo es un “instrumento de ordenación complementario” al Plan General, con el que no puede “entrar en contradicción” ni modificarlo. Esa postura la suscribe también la arquitecta municipal, Ornella Chacón, que señala que esa premisa no se cumpliría en La Cornisa con “la protección de los bienes propuestos por el catálogo”. También añade que en el Ayuntamiento consta tanto una solicitud de los propietarios para materializar el aprovechamiento urbanístico, presentada en 2020, como la citada sentencia judicial, que está en ejecución.

Para Moltó, las “medidas de protección” planteadas para inmuebles de La Cornisa evidencian una “confrontación” con el Plan General, lo que a su juicio exigiría “adaptaciones” en el PGO o la tramitación de un Plan Especial específico, y destaca que esa “discordancia” constituye “una cuestión de legalidad que afecta a la validez jurídica” del catálogo. Y destaca la “obligación” de cumplir con la sentencia del TSJC sobre la edificabilidad asignada a La Cornisa en el Plan General.

Parte superior de los inmuebles de La Cornisa, en la calle Fernández Castañeyra. 

La discrepancia. Sobre las objeciones de las funcionarias del Ayuntamiento, el equipo redactor del catálogo destaca que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias obliga a “reconocer el valor patrimonial de los bienes allí donde se aprecie y evidentemente se justifique”. “Entender que la aplicación de este mandato contradice la complementariedad del catálogo en relación al contenido del PGO, es no tener en cuenta el principio de jerarquía normativa que nos dice que la ley especial [de Patrimonio] prevalece sobre la ley general”, añade. En este sentido, el equipo redactor insiste en que “está obligado a integrar” en el catálogo “todos aquellos bienes que presenten valor patrimonial”. No obstante, a la vista del informe de la jurista municipal, se tomó la decisión de “modificar el criterio seguido y eliminar del catálogo todos los bienes comprendidos en el ámbito de La Cornisa”, para “poder continuar con la tramitación del documento”.

El equipo redactor sugiere buscar el apoyo del Cabildo y del Gobierno canario

Pese a transigir, el equipo redactor del catálogo no se ahorra las críticas. De entrada, recuerda que el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo ya se ha pronunciado con anterioridad sobre intentos de transformar La Cornisa: “Las viejas casas son testigos mudos de un pasado en ocasiones brillante y a veces dramático, que ha ido configurando la fisonomía de la actual capital de la Isla”. “Como tales testimonios de nuestra memoria colectiva merece la actuación y respeto de todos, y sobre todo de las instituciones que son las que tienen capacidad para llevar a efecto una política de protección y conservación de la misma”, subrayó el Cabildo. Los avisos de la Corporación insular se remontan al año 2006. “Sin embargo, obviando estas advertencias y prescindiendo del innegable valor que tienen los inmuebles de esta zona, el PGO permite una ordenación urbanística que erradica completamente esos valores”, denuncia el equipo redactor.

“Indudable interés”. En su último informe antes de la aprobación inicial del catálogo, el estudio Cabrera Febles subraya que en los trabajos de elaboración del documento “ha resultado imposible ignorar la presencia histórica de los últimos inmuebles de lo que hubiera sido el Conjunto Histórico de Puerto del Rosario”. No obstante, considera que si bien “su delimitación espacial y su nivel de conservación no alcanzan para proceder a la declaración” de esta figura, “no por ello se puede obviar el interés histórico que poseen los bienes que comprende La Cornisa como elementos a catalogar”. Así, esa obligación de proteger los inmuebles históricos no se puede “soslayar bajo ningún pretexto falso o vana justificación”.

Frente al “indudable interés” histórico y cultural de las edificaciones de La Cornisa y “la obligación legal” de integrarlas en el catálogo, el equipo redactor opone “la insensibilidad del planeamiento general, que otorga a dicho ámbito unas disposiciones urbanísticas” que “erradican de raíz” sus valores. El equipo se agarra a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que no establece “criterios de carácter económico tanto para catalogar como para no hacerlo”. También defendía que debería haberse aprobado inicialmente el catálogo con La Cornisa, que fuese en el periodo de exposición pública donde los propietarios alegasen, retirar luego bienes si el hipotético coste de “eventuales indemnizaciones” fuese “inasumible” y plantear al Cabildo y al Gobierno de Canarias una “respuesta consensuada” para proteger el patrimonio.

Se desprotege La Cornisa mientras los dueños tramitan un proyecto para construir

Caminos a seguir. Para el equipo redactor, dar el paso de la aprobación inicial del catálogo con los inmuebles de La Cornisa no estaría obstaculizando la ejecución de la sentencia del TSJC, sino que serviría para “valorar y ponderar” otros criterios. “En ese marco de discusión, tras la información pública en la que los ciudadanos y el resto de las administraciones pueden pronunciarse sobre esa situación contradictoria, es donde se puede y se deben adoptar las decisiones motivándolas adecuadamente”, concluía el arquitecto Agustín Cabrera.

La decisión final del Ayuntamiento ha sido llamativa: excluye La Cornisa del catálogo pero acuerda iniciar los trámites de una modificación del Plan General para garantizar la “adecuada protección patrimonial” de esos inmuebles que ha dejado fuera. Suspende licencias durante un año más, pero no para las edificaciones de La Cornisa, sobre las que se está tramitando un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) para reordenar la zona norte y un proyecto básico, para construir, que puede culminar antes que la modificación del Plan General. Una carrera sin un final claro.