Tribunales

La Audiencia Provincial juzga a una mujer acusada de introducir heroína en Fuerteventura para su distribución

La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión, una multa de 10.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo

Diario de Fuerteventura 1 COMENTARIOS 30/01/2026 - 09:51

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo4 de febrero el juicio contra una mujer acusada de un delito contra la salud pública por introducir heroína en Fuerteventura con la intención de destinarla al tráfico ilícito.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2023, cuando la acusada, identificada con las iniciales E.G.M., fue interceptada sobre las 17.00 horas en el aeropuerto de Fuerteventura. Según sostiene la Fiscalía, portaba en el interior de su organismo un total de 91,03 gramos de heroína, con una riqueza media del 6,6 por ciento.

La droga estaba destinada, según el relato del fiscal, al tráfico ilegal en la isla, donde habría alcanzado un valor estimado de 3.701,89 euros en el mercado ilícito. El Ministerio Público considera que la mujer actuó "con ánimo de atentar contra la salud individual y colectiva de terceros", incurriendo en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud.

La acusada, mayor de edad, cuenta con antecedentes penales, aunque no computables a efectos de reincidencia. Entre ellos figuran condenas por delitos de lesiones leves (julio de 2023), estafa (octubre de 2008), abandono de destino (febrero de 2007) y robo con violencia o intimidación (septiembre de 2006).

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito previsto en el artículo 368 del Código Penal, y atribuye a la acusada la autoría directa.

En su escrito, el Ministerio Fiscal no aprecia la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y solicita la imposición de una pena de cuatro años y seis meses de prisión, con abono del tiempo que haya podido permanecer privada de libertad de forma provisional.

Además de la pena privativa de libertad, se solicita la imposición de una multa de 10.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 90 días de privación de libertad en caso de impago, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

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