Desde Intersindical Canaria, alzan la voz para condenar públicamente las “prácticas irregulares y la falta de imparcialidad” que rodean un caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Betancuria, en el que una afiliada ha sido objeto de un tratamiento “arbitrario, injusto y contrario a los principios fundamentales que deben regir en una administración pública”, señalan.

La trabajadora denunciante, una funcionaria de carrera, actuando “conforme a sus deberes legales y éticos”, puso en conocimiento de la administración presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores y solicitó la activación del protocolo de acoso laboral el 3 de octubre de 2024. Desde entonces, “no solo se ignoraron sus solicitudes, sino que su situación laboral ha sido expuesta, manipulada y utilizada en lo que parece ser un intento deliberado de desacreditarla”, añaden desde el sindicato.

El pasado 26 de diciembre de 2024, explican, el Ayuntamiento de Betancuria llevó al pleno municipal un asunto laboral que afecta a esta trabajadora. “Exponer de manera pública y deliberada un caso de acoso laboral, tan sensible en un foro como el pleno municipal, sin respetar la confidencialidad ni garantizar la imparcialidad del procedimiento, es una actuación profundamente inapropiada y carente de ética”, denuncian y prosiguen: “Este acto, además, vulnera los derechos fundamentales de la trabajadora, generando un clima de hostilidad y presión en su contra”.

Según la información recabada, el alcalde de Betancuria, D. Enrique Cerdeña, habría animado, mediante reuniones privadas y mensajes personales, a trabajadores del Ayuntamiento a firmar un escrito con acusaciones dirigidas contra la trabajadora denunciante, relatan en su comunicado.

Este escrito, presentado en el pleno, no solo está lleno de “afirmaciones infundadas”, sino que, además, “habría contado con el respaldo de algunos empleados que, poco después, habrían obtenido beneficios laborales”, señalan. Por otro lado, aquellos trabajadores que decidieron no apoyar estas acciones “habrían sido cesados o despedidos, lo que plantea serias dudas sobre la ética y legalidad de estas actuaciones”, añaden desde Intersindical Canaria.

Paralelamente, el alcalde concedió una entrevista al medio Onda Fuerteventura, donde abordó públicamente este caso de acoso laboral, “contribuyendo aún más a un entorno mediático adverso y poniendo en riesgo la presunción de inocencia y los derechos de la trabajadora”.

El núcleo de esta situación radica en las denuncias presentadas por la trabajadora, en las que alertó sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores. En lugar de investigar a fondo estas denuncias, el Ayuntamiento ha optado por dirigir sus esfuerzos hacia la desacreditación de la trabajadora denunciante, utilizando recursos institucionales y foros públicos de forma que parece orientados más a desviar la atención que a esclarecer los hechos, dicen.

Desde octubre de 2024, la trabajadora, junto a otros dos funcionarios, denunció formalmente situaciones de acoso que implicarían al alcalde y a la secretaria del Ayuntamiento. Sin embargo, a la fecha del comunicado de Intersindical Canaria, el protocolo de acoso “no ha sido activado”. “Esta inacción contrasta con la celeridad con la que se ha solicitado la activación de un protocolo en contra de la trabajadora denunciante, en un contexto que parece diseñado para desacreditarla y desviar la atención de las irregularidades inicialmente denunciadas”.

Por todo esto, el sindicato exige que se explique el por qué de la “exposición deliberada y mediática” de este asunto que definen como “delicado”. Algo que, según ellos, “vulnera los principios de confidencialidad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales”. También exigen que se explique la “manipulación de trabajadores” con la “aparente utilización” de incentivos y presiones.

Exigen, además, la explicación de por qué continúan sin activar el protocolo de acoso así como las “irregularidades” en contratos menores con “falta de transparencia y ausencia de una investigación rigurosa sobre las denuncian iniciales presentadas por la trabajadora” algo que, en su opinión, supone un “incumplimiento de los principios de buen gobierno y gestión pública responsable”.

Por otra parte, Intersindical Canaria anuncia que se personará en todos los procedimientos abiertos ante la Fiscalía y cualquier otra instancia judicial o administrativa vinculada a este caso, en aras de “garantizar el respeto a la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores”. “Velaremos por que los hechos sean investigados con rigor, se depuren responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para restablecer la justicia”, añaden.

Por último, este sindicato exige que se active “de inmediato” el protocolo de acoso, una investigación “independiente y exhaustiva” sobre las presuntas irregularidades en los contratos menores, la revisión de los ceses y despidos recientes para garantizar “que no se hayan producido como represalias contra los trabajadores que ejercieron su derecho a no participar en acciones contrarias a sus principios éticos” así como el “cese inmediato de cualquier exposición pública o mediática de este caso, respetando los derechos de la trabajadora y el debido proceso”.

“La ciudadanía debe conocer que detrás de estas actuaciones se encuentran decisiones que, lejos de buscar la justicia y la transparencia, parecen orientadas a proteger intereses personales y desviar la atención de las verdaderas cuestiones de fondo”, señala. Intersindical Canaria reitera su “compromiso” con la defensa de los derechos laborales, la “transparencia” en la gestión pública y “la protección de los trabajadores frente a cualquier abuso o manipulación”, concluyen.