La Agencia Tributaria reclama más de 11 millones de euros a la empresa del empresario mallorquín Juan Llull, por una de las mayores indemnizaciones pagadas en la historia de la comunidad autónoma: los 33,3 millones de euros abonados por la desclasificación de Montaña Rayada, una urbanización que nunca se llegó a construir, enclavada en el Parque Natural de Jandía.

La empresa Montaña Rayada SL se fusionó en 2010 con otra de las sociedades de Llull, Club Lanzarote, después de cobrar la indemnización del Gobierno de Canarias: 29,3 millones de principal por la desclasificación del suelo y casi cuatro millones de intereses.

Ese mismo año 2010, Llull recibió de manos del entonces ministro de Turismo, Miguel Sebastián, la medalla al Mérito Turístico. El empresario mallorquín, propietario de la cadena Hipotels, está considerado uno de los grandes hoteleros de Baleares, con establecimientos en Mallorca, Cádiz, Lanzarote y Cancún.

Hacienda investigó la tributación efectuada por la millonaria indemnización de la comunidad autónoma. En octubre de 2012, la empresa Club Lanzarote recibió el acta de la Agencia Tributaria, que le reclama más de 11 millones de euros.

La empresa ha tenido que hipotecar sus inmuebles para garantizar “la cuantía reclamada” por Hacienda, según detallan los auditores en las últimas cuentas presentadas por la sociedad. También añaden que, “adicionalmente, se han recurrido judicialmente sanciones por actas tributarias por importe de 3,2 millones de euros”.

A pesar de ello, la empresa de Llull no ha contabilizado “provisión alguna” para hacer frente a las reclamaciones de Hacienda al entender que el “riesgo” de tener que pagar al fisco “es remoto”. La inspección a la compañía del hotelero mallorquín ha terminado en los tribunales.

El Tribunal económico administrativo regional de Canarias dictó una resolución sobre las liquidaciones del impuesto de sociedades por parte de Montaña Rayada SL de los años 2007, 2008 y 2009, y por el mismo concepto a Club Lanzarote en 2008, 2009 y 2011.

El Tribunal económico administrativo central resolvió en septiembre de 2018 y en la actualidad está abierta en la Audiencia Nacional una pieza de medidas cautelares, en la que la Abogacía del Estado reclama el pago. La Audiencia dictó un auto a favor de la empresa para dejar en suspenso el abono hasta que se resuelva el fondo del pleito.

En las cuentas se detalla que la comunidad autónoma ingresó la citada indemnización de más de 33,3 millones en el año 2010, “aunque su devengo fue en ejercicios anteriores”, aseguran los auditores. “La sociedad entendió que este importe estaba prescrito para su devengo y por tanto no sujeto a impuesto de sociedades”, se señala.

Por el contrario, la administración tributaria levantó acta sancionadora por más de 11 millones que Club Lanzarote que la empresa ha recurrido “previa garantía hipotecaria de sus inmuebles”. Con todo, la empresa no ha dotado “provisión contable, por entender los administradores que el fallo judicial será favorable a los intereses” de la compañía.

Indemnización millonaria

Los terrenos de Montaña Rayada se clasificaron en octubre de 1974 por la entonces Comisión Provincial de Urbanismo. La vigencia de aquel plan era de cinco años, pero nunca fue desarrollado.

En 1978 se aprobó el Plan General de Pájara, el primero de Canarias, y el suelo se clasificó como urbanizable no programado. En 1987 entró en vigor la Ley de Espacios Naturales y dos años después la revisión del Plan General de Pájara lo rebajó a rústico.

La desclasificación de ese suelo era necesaria para la salvaguarda de un ecosistema de gran valor ambiental. La empresa recurrió el cambio de categoría del suelo y los tribunales fallaron a su favor.

Al no poder ejecutarse la sentencia y devolver la categoría de suelo urbanizable, ya que estaba dentro de un Parque Natural, los tribunales decidieron que se indemnizase.