Domingo González Arroyo ha anunciado esta mañana que el Partido Progresista Majorero se va a presentar como acusación en el caso abierto en el Juzgado de instrucción número 6 de Puerto del Rosario que investiga la gestión del agua en la Isla. Arroyo ha asegurado a las puertas del Juzgado que se presenta para contribuir al “saneamiento de las corruptelas generalizadas en Fuerteventura” y porque “es la única forma de poner a cada uno en su sitio”.

Citó en particular a Mario Cabrera y Marcial Morales, preguntándose que “qué debe hacerse” si han perdido “mil millones de euros en agua y afirmado que “ya es hora de alguien hago esto porque los vecinos de la Isla podrían tener el agua a mitad de precio si no se perdiera la mitad del agua que se desala”. Acusó a los responsables de la gestión del agua de haber “engañando y falseado documentos ante la administración central, porque si no, el agua no se subvenciona”.

Hay que recordar que la Fiscalía presentó una querella contra el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera y contra su sucesor en el Cabildo, Marcial Morales, ambos de CC, por presuntas contrataciones irregulares al frente del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF). El Ministerio Público ve indicios de falsedad en documento público y prevaricación continuada, al levantar sistemáticamente los reparos a esas contrataciones formulados por el interventor del Cabildo.

La denuncia se centra en las contrataciones de suministro de agua para consumo humano y su vertido en los depósitos del Consorcio, cuyo principal beneficiario durante este tiempo habría sido el propietario de pozos de agua y empresario del sector Fermín Pérez Armas. El caso se inició con una denuncia del representante del comité de empresa del CAAF, Carmelo Hernández Hernández.

Además, la causa ha abierto también otras vías de investigación relacionadas con el suministro de maquinaria diversa, como retroexcavadoras, cuyo montante ronda los 100.000 euros, así como la contratación de transporte de agua en cubas, cuyo valor estimado sería de 50.000 euros, según las primeras pesquisas abiertas.

La Fiscalía pide que se tome declaración en calidad de investigados a Mario Cabrera, Marcial Morales, y los últimos consejeros responsables del CAAF, Manuel Miranda y Andrés Díaz. Según publica el periódico La Provincia, esas cuatro personas más el técnico Rafael Melián, deberán declarar el próximo 9 de mayo, un día antes de que comience la campaña de las elecciones locales.