El Cabildo de Fuerteventura ha expresado este jueves en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias su rechazo al decreto de vivienda aprobado por el Gobierno de Canarias, ya en vigor, y ha advertido contra la posibilidad de que conduzca a “disparates irreversibles”.

Mientras que la representante del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández Acosta, de CC, ha subrayado que para su isla este decreto es “como agua de mayo”, la consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio de Fuerteventura, Nereida Calero, del mismo partido, ha hecho advertido de la posibilidad de “destrozos de una envergadura importante”.

“Hay que pensar con cabeza antes de hacer disparates irreversibles”, ha dicho Calero, quien consideró necesario definir “la capacidad de carga”, mantener la obligatoriedad de los informes de impacto ambiental y corregir que el silencio administrativo sea considerado como positivo.

En general, los intervinientes de los cabildos (con la ausencia de Lanzarote y El Hierro) y de los grupos parlamentarios coincidieron en que el decreto necesitará de modificaciones y matizaciones, para lo cual el Parlamento debería tramitarlo como proyecto de ley.

Nereida Calero comenzó advirtiendo de que las necesidades son diferentes en cada isla y por eso se echa de menos “un estudio serio sobre la capacidad de carga de cada territorio”.

La consejera insular de Ordenación del Territorio rechaza que el silencio administrativo sea considerado como positivo

“Lo que para algunas islas puede ser una oportunidad, para Fuerteventura puede ser un serio problema”, dijo Calero, y criticó que uno de los grandes logros de la Ley del Suelo, que fue la recuperación como suelo rústico del suelo no planificado, se revierta ahora para ser suelo urbanizable.

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que presentó el decreto ante los representantes de los cabildos, matizó al respecto que la última palabra para recuperar el suelo rústico como urbanizable la tendrá siempre cada ayuntamiento, puesto que el decreto respeta en todo momento la autonomía local.

“Nos asusta el decreto”

Pablo Rodríguez no convenció a la representante de Fuerteventura, quien dijo: “Nos asusta el decreto, los seis ayuntamientos están analizando su alcance”, quizás sea mejor “hacer algo de mínimos”, dar protagonismo a cabildos y ayuntamientos en el inicio de los procedimientos e “intentar acabar las injerencias con los territorios”.

La representante majorera se mostró preocupada con “la mezcla del uso turístico y residencial”, porque genera muchos problemas de convivencia y es uno de los motivos de los problemas de vivienda.

La representante majorera se mostró preocupada con “la mezcla del uso turístico y residencial”, porque genera muchos problemas de convivencia

Tampoco está de acuerdo con el acortamiento de plazos de tramitación para los ayuntamientos, que no tendrán tiempo para responder mientras que se hace que el silencio administrativo sea siempre considerado positivo.

Otra de las discrepancias de Fuerteventura es que se exima de la evaluación de impacto ambiental a las actuaciones de vivienda porque los efectos sobre el medio ambiente “son irreversibles”, advirtió Calero.

“Van a conseguir con esto que los ayuntamientos no hagan ordenación” si se aprueban normas “que se saltan todo el planeamiento”, las islas “son un territorio muy frágil y limitado y los usos son para lo que son”, continuó la consejera.

También cuestionó que se quiera ordenar el territorio “a golpe de proyecto”, sin previsión sobre equipamientos educativos, sanitarios o deportivos para las viviendas que se van a construir, de ahí que advirtiera contra “disparates irreversibles”.

La Palma lo recibe “como agua de mayo”

En el lado opuesto se situó la representante del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández Acosta, quien aseguró que para esa isla el decreto es “como agua de mayo” por la situación de emergencia habitacional que se vive desde la erupción volcánica.

“Es verdad que cada isla tiene su particularidad, pero en La Palma pasa por articular todo tipo de medidas urgentes”, defendió.

Augusto Hidalgo, consejero del área de vivienda del Cabildo de Gran Canaria, mostró su respaldo a que con este decreto los cabildos puedan promover viviendas protegidas, así como que se hayan elevado los requisitos mínimos de ingreso de las familias.

No obstante, señaló que el decreto “entra mucho en el planeamiento municipal” y genera dudas técnicas, por lo que defendió que se tramite en el Parlamento como proyecto de ley para que “de forma sosegada” las corporaciones insulares puedan aportar enmiendas a través de los grupos parlamentarios.

El consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, defendió la “extraordinaria y urgente necesidad” de este decreto por la situación de emergencia habitacional, de manera que es prioritario la construcción de vivienda pública y la actuación de los promotores privados.

“La inmensa mayoría del articulado es consecuente con esta situación de emergencia y permitirá promover el valor del suelo para construir viviendas”, indicó.

No obstante, para Ruano serían procedentes modificaciones puntuales si el Parlamento decide tramitar el decreto como proyecto de ley, dado que afecta a la Ley del Suelo, a la Ley de Vivienda de 2003 y a la Ley de vivienda estatal.

Al respecto, indicó que hay que ser prudentes con los suelos de uso mixto residencial y turístico y limitarlos a los que ya tienen esa declaración, sin que se puedan declarar otros nuevos.

La consejera de servicios sociales del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses, mostró su respaldo a la urgencia para promover la vivienda pública y que se puedan cambiar a residenciales parcelas planificadas para uso turístico cuando la promoción turística sea inviable.

También dijo que hay que abordar con cautela que se considere positivo el silencio administrativo cuando solo se da a los ayuntamientos un mes para contestar.