“No se debe conceder el permiso de exploración”. Así de rotundo se muestra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), un organismo autónomo que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, respecto a la solicitud para prospectar la existencia de tierras raras en Fuerteventura. La posición del IGME, contraria a la petición de la constructora Satocan, que pretende que el Gobierno de Canarias le conceda en exclusiva el control sobre unos 45 kilómetros del territorio insular, supone una carga de profundidad contra la iniciativa, que ha concitado el rechazo unánime de las instituciones majoreras.

En un documento de alegaciones firmado por Jana Vegas, coordinadora del Grupo de Investigación en Patrimonio y Geodiversidad del IGME, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se destaca que, en concreto, el permiso de prospección denominado Opáres, en el municipio de Puerto del Rosario, “afecta completamente” a un Lugar de Interés Geológico (LIG). Se trata de un espacio compuesto por rocas carbonatitas y ultra alcalinas.

“También queda parcialmente afectado y muy próximo” otro Lugar de Interés Geológico, compuesto por “fósiles terrestres” del Plioceno, es decir, de entre 2,5 y 5,3 millones de años. De este último espacio, el Instituto Geológico y Minero resalta que “tiene un valor científico muy alto”. De hecho, “por motivos de conservación”, su ubicación es “confidencial” y no se publica en el Inventario español de Lugares de Interés Geológico. Sin embargo, sí que se ha dado traslado de su cartografía a las autoridades, para que tengan en cuenta “las posibles afecciones” que supondría “la exploración minera” en esa zona.

El criterio del organismo del Ministerio de Ciencia no puede ser más desfavorable al expediente instado por Satocan. Así, subraya que las carbonatitas, que se forman cuando el magma se enfría y solidifica, con elevada presencia de minerales, “se verán gravemente afectadas por la investigación que llevaría a cabo” la constructora Satocan “en caso de aprobarse definitivamente”.

“Realizar una campaña de sondeos de investigación en este paraje implica modificaciones del terreno con un impacto ambiental negativo para la conservación” del Lugar de Interés Geológico, recalca el IGME. “Los trabajos que realizarán suponen la apertura de caminos para llegar con maquinaria para realizar los sondeos pertinentes para la empresa, incluso el vertido de lodos de perforación”, explica el Instituto Geológico y Minero.

Además, si se otorga el permiso de explotación de este afloramiento de tierras raras, “para que sea rentable para la empresa” se produciría el “agotamiento total” del Lugar de Interés Geológico y “una pérdida irreparable del patrimonio natural de Canarias”.

El organismo del Ministerio de Ciencia considera que “no debe autorizarse” en aplicación tanto de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En total, la empresa Satocan ha solicitado permiso para explorar 131 cuadrículas de norte a sur de Fuerteventura, en la franja oeste del territorio insular. Un estudio coordinado por la Universidad de La Laguna ha constatado la gran concentración de tierras raras en la Isla, con hasta 10.300 partes por millón (algo más de 10 kilos por tonelada), valores que multiplican hasta cinco veces los parámetros habituales. Este estudio apunta que son muy destacables las concentraciones de tierras raras que “son las más demandadas en aplicaciones tecnológicas”.

Daño ambiental

En sus alegaciones, el IGME advierte de las “principales afecciones derivadas de la explotación de tierras raras en minería a cielo abierto” y cita la “desaparición de la vegetación”, la apertura de “nuevos accesos viarios para maquinaria pesada”, pero también la “contaminación por elementos radioactivos”, así como la “contaminación del aire, tierra y agua circundantes”.

En este tipo de minería, añade el organismo del Ministerio de Ciencia, se generan “residuos peligrosos, como metales pesados, ácidos y fluoruros, lo que supone un riesgo de contaminación de aguas superficiales o subterráneas por drenaje y de contaminación atmosférica por acción del viento”.

Advierte de la “contaminación por elementos radioactivos” en la extracción

También incide en la “utilización de grandes cantidades de agua para su procesamiento”, lo que genera un impacto de, al menos, “unos 75.000 litros de agua residual solo para la extracción de una tonelada”.

El Instituto Geológico y Minero subraya que “está demostrado” que en los países en los que se ha llevado a cabo la explotación de tierras raras, se han generado “cantidades importantes de desechos (tóxicos, radiactivos, gases y polvo) que afectan a la naturaleza y a los seres humanos”. Al volumen de agua que contamina se suma el hecho de que, para obtener una tonelada de tierras raras, se generan hasta 12.000 metros cúbicos de gases “ricos en polvo concentrado”, conformado entre otros elementos por ácido sulfúrico, dióxido de azufre, así como “cerca de una tonelada de restos radioactivos”.

A los “altos niveles de contaminación ambiental por medio del desecho de materiales radioactivos producidos al subsuelo, como son el torio y el uranio”, lo que impediría la producción agrícola y animal en el entorno, se añade que “los huecos mineros” que se perforan en el territorio “generan un gran impacto visual, influyendo negativamente en el paisaje natural, que se acentuaría en el caso de Fuerteventura”, tal y como alertan las alegaciones.

Para el organismo del Ministerio de Ciencia, “estas rocas son patrimonio geológico del país y de la Comunidad Autónoma de Canarias porque tienen un valor científico muy alto”. Se trata de “materiales muy poco frecuentes” en el mundo, especialmente en el contexto de una isla oceánica. De hecho, el afloramiento de Fuerteventura “es el único lugar en España en el que pueden observarse”.